Durante la toma de protesta como presidente de México, en 2018, el hoy ex presidente Andrés M. López Obrador, en su agenda política prometió lo que para la oposición y diversos analistas políticos y económicos vieron con suma preocupación para nuestra débil democracia y economía nacional: el “cambio de régimen político”.

En el siglo XXI, la cuestión social adquiere nuevas formas: desempleo tecnológico, migración forzada, crisis ecológica y exclusión digital, lo cual exige un diálogo renovado entre el análisis crítico y la propuesta ética.

La decadencia política de un gobierno no solo afecta la administración pública, sino que impacta directamente la salud física, mental y las relaciones sociales de la ciudadanía, pudiendo frenar o revertir el progreso social.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la fidelidad ciega a su figura, tanto dentro del gobierno como en Morena, fue una condición indispensable para conservar el poder. Cualquier acción que provocara su desagrado equivalía, prácticamente, al final de una carrera política.

Ante la incertidumbre, ¿cuál es el camino? ¿Activismo personal o colectivo? ¿La búsqueda del bien común? ¿Personalismo? ¿O la apatía, la anulación como protesta, la movilización en las calles? Todas son formas de reaccionar, pero la pregunta clave es: ¿Cuál será la estrategia más efectiva para influir en el resultado y lograr que las circunstancias cambien? 

El rol del juez en el Estado constitucional es el de guardián de la Constitución y garante de los Derechos Humanos; no es el de agente contestatario o crítico solo por el hecho de serlo, sino el de auténtico defensor de un orden en el que la política esté al servicio de los ciudadanos y no al contrario. Esto solo es posible mediante el sostenimiento y fortalecimiento de la independencia judicial frente al poder político en turno.

Zedillo se retiró del escenario político y mediático tras dejar el cargo en el año 2000. Fue repudiado por una parte del PRI que nunca imaginó ceder el poder a la oposición, pero aplaudido por sectores intelectuales y políticos. Se alejó de la vida pública, renunció a su pensión presidencial y se fue a enseñar a Yale y a la London School of Economics. Colaboró con la OMC y la ONU, fue consejero de grandes corporaciones como Procter & Gamble, Union Pacific, ALCOA, Coca-Cola y Daimler-Chrysler, y columnista en la revista Forbes.

“La comunidad política tiende al Bien Común cuando actúa a favor de la creación de un ambiente humano en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes…”

Contrario a lo que la teoría nos dice, la realidad es que la democracia moderna no se funda en las mayorías absolutas, sino en las mayorías relativas de quienes efectivamente asisten a votar. Aunque en algunos países existen causales para declarar una elección desierta, los supuestos son demasiado difíciles de cumplir. Y aunque se cumplan, los partidos políticos siempre encuentran una forma de evitar su actualización, pues representarían un golpe enorme para su poder y, especialmente, para su cartera.

Siempre se ha sostenido que el año más difícil para un presidente de la República es el séptimo, momento en el que, tras abandonar el poder, emergen a la luz decisiones erróneas, actos de corrupción y toda clase de irregularidades en su gestión. La otra cara de esta narrativa es la que experimentan los nuevos gobernantes en sus primeros meses, tras asumir un gobierno que dista considerablemente del idílico panorama que su predecesor intentó proyectar.

Se vive en medio de un pueblo –no ciudadanos votantes- verdaderamente maravilloso, genial, creativo, trabajador como pocos; con una capacidad para innovar y una extraordinaria libertad para emprender, que asombran a muchos otros países en el planeta. Sin dudarlo, con muchos y enormes defectos, uno de los más grandes es su facilidad para el olvido.

La elección judicial es un fraude monumental que da muerte a la separación de poderes, a la democracia y a la República. El objetivo consiste en concentrar el poder en el ejecutivo, volviendo al viejo sistema de partido – gobierno. Igual a los gobiernos fascistas del siglo pasado que, llegando al poder por elecciones democráticas, mataron la democracia para convertirse en tiranías y dictaduras.

Lo que más urge en estos momentos en el país, lejos del pleito con todo mundo, es que el gobierno federal y los estatales simpatizantes del “macuspano power”, cambien estrategias para conformar un gobierno tan transparente, que no necesite arrastrar fantasmas. ¿O no?

Es una paradoja lo que envuelve a la titular del Ejecutivo en este país. “Paradoja” viene del griego “paradoxos”, que se traduce como “algo extraño” o una línea narrativa que va contra la opinión común”. En otra connotación, es algo que se opone a la lógica común.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 (PND) publicado el 15 de abril 2025 en el Diario Oficial, representa el documento rector de las políticas públicas en México para este sexenio.