México ha sido testigo, en 2025, de una de las reformas institucionales más profundas y polémicas en su historia reciente: la transformación del Poder Judicial bajo el nuevo régimen encabezado por Claudia Sheinbaum, con la sombra omnipresente de Andrés Manuel López Obrador.
Lo que se presentó como un ejercicio democratizador ha generado, en los hechos, un escenario de concentración del poder, debilitamiento de contrapesos y riesgos evidentes para el Estado de derecho.
El punto de partida es claro: no estamos simplemente ante una transición de gobierno, sino ante un verdadero cambio de régimen político. Aunque en las urnas ganó Claudia Sheinbaum, en los hechos, es el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), encabezado por López Obrador, el que continúa marcando la agenda nacional. La reforma al Poder Judicial —que modifica la forma de elección de jueces, magistrados y ministros— no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia estructural para rediseñar las reglas del juego democrático.
Esta reforma no surge desde una lógica de modernización judicial o fortalecimiento institucional, sino como respuesta directa al conflicto permanente entre el Ejecutivo federal y el Poder Judicial durante el sexenio de López Obrador. En otras palabras, estamos frente a una “reforma de revancha”, una reconfiguración con motivaciones políticas y no jurídicas, con implicaciones profundas para la división de poderes y la independencia judicial.
El nuevo rostro de la Corte y sus órganos
Uno de los pilares de la reforma fue la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo “Tribunal de Disciplina Judicial”. Este órgano, encargado de regular, sancionar y controlar el actuar de jueces y magistrados, quedó conformado por perfiles altamente alineados con el lopezobradorismo. Figuras como Celia Maya, Bernardo Bátiz y Verónica De Gyves —todos con nexos directos con el presidente saliente— reflejan el nuevo carácter político del Poder Judicial. Solo la comisionada Indira García representa un perfil más cercano a Sheinbaum, lo que indica que la Corte ya no se configura como un contrapeso del poder presidencial, sino como un brazo operativo más del nuevo oficialismo.
La elección de ministros de la Suprema Corte mediante voto popular tampoco logró consolidar un modelo representativo ni técnico. Con una participación ciudadana del 13% y altos niveles de confusión en el electorado, el proceso terminó generando mayor opacidad e incertidumbre.
Muchos ciudadanos desconocían a los candidatos o votaron sin comprender la relevancia del cargo. Este resultado pone en duda el valor democrático de una elección que, en teoría, debía acercar la justicia al pueblo, pero que terminó minando su legitimidad.
El poder legislativo y la falsa mayoría
La reforma judicial no hubiera sido posible sin el control que Morena y sus aliados mantienen sobre el Congreso. A través de una cuestionada figura de sobrerrepresentación —que en los hechos distorsiona la voluntad popular—, el oficialismo logró los votos necesarios para modificar la Constitución.
Esto abre una reflexión importante: cuando el sistema electoral permite que un partido tenga más asientos de los que proporcionalmente le corresponden, la democracia representativa se vuelve ficción.
En este contexto, la reforma judicial no fue una decisión consensuada, sino impuesta desde el poder. Las voces críticas dentro del Congreso fueron silenciadas o ignoradas, y el debate público fue sustituido por una narrativa oficialista en la que todo disenso se asocia con “traición al pueblo” o “defensa de privilegios”. Esta dinámica erosiona la pluralidad política, debilita el diálogo democrático y consolida un régimen de partido dominante.
¿Democratización o politización de la justicia?
Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno para justificar la reforma fue la necesidad de “democratizar” al Poder Judicial, haciéndolo más cercano al pueblo mediante la elección popular de sus integrantes. Esta medida no necesariamente fortalece la justicia, sino que la expone a los vaivenes de la política partidista.
La justicia, para ser justa, debe ser técnica, imparcial, independiente. Cuando se convierte en un espacio de competencia electoral, se corre el riesgo de que los jueces respondan más a las bases que los eligieron —o a los partidos que los impulsaron— que a la ley. En lugar de resolver con base en criterios jurídicos, lo harán según conveniencias políticas, presiones mediáticas o cálculos populistas.
Además, la campaña para la elección de jueces y ministros estuvo plagada de desinformación, clientelismo y falta de debate técnico. El ciudadano no votó por el mejor jurista, sino por el rostro más visible o por quien le pareció cercano al gobierno. Este nuevo sistema convierte a los jueces en “actores políticos”, eliminando la garantía de imparcialidad que todo Estado de derecho necesita.
Un Poder Judicial que pierde su carácter técnico
La profesionalización del Poder Judicial ha sido una de las conquistas más importantes en las últimas décadas. La carrera judicial, los concursos de oposición, la formación en escuelas especializadas y el seguimiento de criterios jurisprudenciales aseguraban, con sus fallas, un mínimo de calidad y seriedad en la impartición de justicia. La nueva reforma borra gran parte de este legado.
Con jueces elegidos por voto popular y sin una formación judicial comprobada, el riesgo de sentencias improvisadas o dictadas por motivaciones ideológicas aumenta. La impartición de justicia, en temas tan sensibles como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la propiedad o la familia, queda en manos de personas que podrían no tener ni la preparación ni la independencia necesarias para decidir conforme a derecho.
Esto no solo afecta a las grandes instituciones, sino también al ciudadano común. La justicia cotidiana —esa que define herencias, disputas familiares, derechos laborales, detenciones arbitrarias— será la más vulnerable a los errores o abusos del nuevo modelo judicial.
Efectos sobre el crimen, la impunidad y los derechos humanos
El contexto de inseguridad en México hace aún más preocupante esta reforma. Con una impunidad que alcanza el 96%, lo que el país necesita es un Poder Judicial más fuerte, más técnico y más valiente. En cambio, lo que se ha construido es un sistema más débil, más ideologizado y más controlado.
La reforma no aborda los problemas estructurales de la justicia, como la falta de recursos, la corrupción interna, la ausencia de acceso en comunidades marginadas o la revictimización. Por el contrario, pone al sistema en riesgo de ser capturado por intereses políticos o del crimen organizado.
Ya hay indicios preocupantes: el incremento de candidaturas impulsadas por grupos criminales en estados como Tamaulipas, Guerrero o Michoacán, la creciente influencia del narco en elecciones locales, y ahora, potencialmente, en la designación de jueces. Si el crimen ya tiene control territorial, esta reforma le facilita también el acceso al poder judicial.
Además, se eliminan contrapesos importantes para la defensa de los derechos humanos. Temas como el aborto, la libertad religiosa, la objeción de conciencia, la educación de los hijos, el derecho de propiedad o el respeto al debido proceso están en riesgo de ser definidos por jueces ideológicamente alineados al régimen o sin preparación técnica.
La participación ciudadana: entre apatía y manipulación
Uno de los datos más alarmantes de la reforma es la bajísima participación ciudadana en la elección judicial: apenas el 13% a nivel nacional. Este hecho revela una profunda desconexión entre el pueblo y sus instituciones, así como una desconfianza generalizada hacia los procesos públicos. La llamada “democratización del Poder Judicial” se hace sin el pueblo y, en gran parte, en su nombre.
Además, las campañas para promover esta elección estuvieron marcadas por un uso instrumental de los programas sociales. Se utilizó la narrativa de que votar por los candidatos del régimen era “seguir recibiendo apoyo”, o “estar con el presidente”. Esto tergiversa el sentido del voto, lo convierte en un mecanismo de presión y desvirtúa el espíritu democrático de la participación ciudadana.
Frente a este panorama, el ciudadano termina atrapado entre la apatía y el miedo. Por un lado, la complejidad del proceso y la falta de información alejan a muchos de las urnas; por otro, la manipulación de necesidades básicas los acerca a votar por quienes les “garantizan” su subsistencia. En ambos casos, la democracia se debilita.
Lo que viene: escenarios y caminos posibles
Existen tres ejes fundamentales de acción para la sociedad civil:
- Sensibilizar
Frente al discurso oficial que presenta la reforma judicial como un acto heroico y popular, es necesario visibilizar sus verdaderas consecuencias. La opinión pública debe saber que está en juego mucho más que el nombramiento de unos jueces: está en riesgo el equilibrio del sistema democrático. La pedagogía cívica, los espacios de formación, el periodismo crítico y las redes sociales son herramientas clave para lograrlo.
- Participar
La indiferencia es el mejor aliado del autoritarismo. Ante un poder que se cierra, la sociedad debe abrirse: organizarse, exigir, votar conscientemente, presentar amparos, documentar abusos, promover acciones colectivas y ocupar espacios de decisión. La ciudadanía no puede ser un espectador pasivo del desmantelamiento institucional.
- Crear comunidad
La Cuarta Transformación ha sido efectiva en una cosa: desarticular a sus opositores. La respuesta no debe ser individual ni reactiva, sino comunitaria y propositiva. Crear redes de solidaridad, reconstruir el tejido social, generar proyectos locales, articular causas comunes y dar sentido colectivo a la participación son claves para resistir el avance de un régimen que busca controlarlo todo: los poderes, las conciencias y hasta las narrativas culturales.
La reforma judicial de 2025 marca un parteaguas en la historia política de México. Bajo el velo de la democracia participativa, se ha consolidado una estructura judicial funcional al poder, debilitando su carácter técnico, su independencia y su legitimidad. La ciudadanía tiene ante sí el reto de defender la justicia como un bien común, no como un botín político.
La historia aún no está escrita, pero el futuro dependerá de la capacidad de los mexicanos para entender lo que está en juego y actuar en consecuencia.
