Ficción institucional

Gerardo Garibay Camarena

Ficción institucional
Estamos ante un trance mucho más peligroso de lo que pinta a primera vista: el del quiebre de la ficción institucional, esa a la que también le llamamos “estado de derecho”.

El 17 de octubre, Nancy Juárez, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito del estado de Veracruz, emitió una resolución que exige retirar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial.

En caso de que Sheinbaum y el director del DOF no cumplieran en 24 horas, la juez daría vista al Ministerio Público de la Federación; la presidenta y el funcionario teóricamente podrían recibir hasta nueve años de prisión, además de la destitución y la inhabilitación por hasta nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

El 18 de octubre, la presidenta Sheinbaum respondió simple y llanamente que no. No cumplirá con la resolución, ya que -dijo- “esta solicitud que se está haciendo no tiene ni un sustento jurídico”. Mientras tanto, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, añadió que ya están preparando una denuncia contra la juez ante el Consejo de la Judicatura Federal, aunque -días después- Ricardo Monreal matizó que no perseguirían a los jueces, sino que “vamos a esperar y actuar con sensatez para que se disminuya el ánimo y se serenen estos belicosos”.

Es decir, no solo se trata de que al gobierno le disguste la resolución, para lo cual podría impugnarla, sino que han optado por ignorarla de plano. Lo hacen al son de que “una jueza no está por encima del pueblo de México”, porque en la 4t la ley es secundaria, lo que importa es lo político, y lo político que importa es lo que diga la presidencia de la república. Una dictadura, pues, en el más literal de los sentidos.

Al final del día, la resolución de la juez Juárez, al igual que tantas otras relacionadas con la reforma judicial, quedaron reducidas a la irrelevancia, y semanas después de la propia Corte terminó validando tácitamente la reforma, porque al menos 4 de los 11 ministros la apoyaban. Así que ya está todo en marcha para que el próximo año, se elija por voto popular a 881 jueces y magistrados, todo un relajo.

Estamos ante un trance mucho más peligroso de lo que pinta a primera vista: el del quiebre de la ficción institucional, esa a la que también le llamados “estado de derecho”; es decir, la percepción de que las leyes son las que mandan y que el poder de los políticos está acotado por lo que digan algunos textos mejor o peor escritos.

Las instituciones son una fantasía colectiva, que mantenemos vigente porque los humanos hemos comprobado que nos es útil para mantener bajo control las pasiones/ambiciones políticas, encauzando en ríos de trámites los conflictos que antes habrían sido ríos de sangre.

Sí, es una ficción útil, pero sigue siendo una ficción. La realidad es que el poder (que es también una fantasía colectiva) se alimenta de un pozo mucho más profundo que el de las leyes: el de la fuerza, ya sea militar, social, económica, criminal, religiosa, etc.

Por eso, cuando demasiado poder se concentra en un solo grupo, este tiene la muy presente y muy seductora sensación de “mandar al carajo a las instituciones”; es decir, de romper la ficción superficial de las instituciones, para respaldarse únicamente en la ficción más profunda del respaldo “social” encarnado en el fantasma del “pueblo”.

El problema es que, incluso en escenarios como el de México en 2024, el oficialismo se equivoca al descartar la ficción institucional.

Sheinbaum y compañía sienten que los jueces y las leyes les limitan el margen de maniobra, y es cierto: El estado de derecho implica que no puedes gobernar como te dé la gana, pero también te protege, porque la misma limitación aplica para todos los rivales.

Si Sheinbaum rompe la ficción institucional, su régimen no solo enfrentará graves consecuencias económicas, sino que también quedará expuesto con solo su fuerza “social” y esa fuerza es vulnerable. Mucho más de que lo que hoy creen en Palacio Nacional.

Lo que está pasando en Estados Unidos es una muestra: la fiscalía juega con la opción de pedir pena de muerte para el Mayo Zambada, aprovechando que no fue extraditado mediante un proceso “oficial”. Cuando la ficción institucional se cuartea, las reglas del juego cambian, incluso para Sheinbaum.

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