La decadencia política de un gobierno no solo afecta la administración pública, sino que impacta directamente la salud física, mental y las relaciones sociales de la ciudadanía, pudiendo frenar o revertir el progreso social.
Lamentablemente, políticos, partidos e ideologías que prometen esperanza y cambio terminan frustrando a sus votantes al mostrar su verdadero rostro autoritario. Estos grupos suelen utilizar la democracia como medio para obtener el poder, pero no como una vía real para solucionar problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad o la corrupción, que terminan administrando en lugar de erradicar.
A medida que el poder se vuelve su prioridad, traicionan la confianza de quienes creyeron en ellos. Destruyen a opositores, periodistas y críticos, dividiendo a la sociedad entre buenos y malos, y presentándose como los únicos representantes legítimos del pueblo. Su narrativa es emocional y simplista: identifican enemigos comunes, ofrecen soluciones rápidas a problemas complejos y se asumen como redentores históricos.
Para eludir la crítica, transfieren responsabilidades a gobiernos anteriores o factores externos, desacreditando argumentos técnicos mediante ataques morales y presentándose como únicos garantes de la voluntad popular. Con el tiempo, emergen señales claras de su verdadero proyecto: reducción de espacios democráticos, destrucción institucional, restricciones de libertades y politización de la vida pública bajo el pretexto de erradicar males estructurales.
En este ambiente hostil, los argumentos racionales son desestimados como parte de una “vieja política” corrupta. Se estigmatiza la disidencia y se sofoca la pluralidad de ideas, dificultando la formación de una oposición unificada. El uso intensivo de la posverdad y la propaganda —basadas en la mentira, la evasión y la manipulación— alimenta la inseguridad, la violencia, la corrupción y la persecución de opositores y periodistas.
El despertar social ante esta realidad es doloroso: implica reconocer haber sido engañados y haber consentido acciones que, lejos de beneficiar, han agravado los problemas sociales. Este escenario enferma las relaciones sociales e individuales, provocando estrés, miedo, pérdida de libertades y un creciente control gubernamental sobre la vida económica, política y educativa.
Frente a este panorama, los políticos católicos —tanto quienes ocupan cargos públicos como quienes actúan desde organizaciones sociales, empresariales o culturales— tienen un papel fundamental. No basta con denunciar errores y corrupciones; deben conectar con la ciudadanía generando esperanza real, dando testimonio de integridad, promoviendo la participación social y construyendo alternativas viables y justas basadas en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
La construcción del bien común exige educar en virtudes humanas y sociales desde la infancia, tanto en el hogar como en la escuela. Los políticos y partidos deben convertirse en ejemplos de integridad, denunciando incluso la corrupción interna, recuperando así la confianza ciudadana. Su trabajo debe orientarse a la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a la dignidad humana y la construcción de consensos.
Sanar a la sociedad implica devolverle unidad, paz, orden y garantizar el respeto de los derechos y libertades. Significa liberar a los ciudadanos del miedo, fortalecer el estado de derecho, impulsar políticas públicas incluyentes, mejorar la calidad educativa, crear empleos dignos y fomentar la iniciativa empresarial.
La verdadera política sana no divide ni destruye; construye una sociedad más justa, humana y solidaria.
Foto de Luis Andrés Villalón Vega en Unsplash
