Violencia en Chile: hacia dónde vamos
E l proceso político en Chile continúa su estrecha relación con la violencia subversiva y terrorista, con la cual vastos sectores partidistas flirtean o derechamente promueven.
El curso de los sucesos actuales viene predeterminado por la rendición del Gobierno y la clase política ante el “estallido social” o asonada anarquista-comunista de octubre de 2019.
A raíz de esos hechos las autoridades, encabezadas por un débil Ejecutivo encabezado por Sebastián Piñera, propusieron un proceso constituyente, con la celebración de un plebiscito y de unas elecciones a una Convención Constitucional (CC), todo lo cual se ha verificado, aunque con retraso debido a la pandemia del covid-19.
La CC, cuya sesión de instalación fue el 4 de julio, está compuesta por 155 miembros, más de 100 de los cuales pueden clasificarse en la izquierda a la extrema izquierda. Los grupos dominantes dentro de esa mayoría de izquierda son la Lista del Pueblo (de extrema izquierda, compuesta por partidarios explícitos de la violencia política, algunos de ellos exconvictos), el Partido Comunista (marxista-leninista, que apoya a los regímenes de Cuba, Venezuela y Corea del Norte), el Frente Amplio (izquierda posmoderna equivalente a Podemos en España) y el Partido Socialista.
Así, la CC, que según la Constitución actual solo debería limitarse a proponer al país una nueva Carta Fundamental mediante plebiscito, en realidad se ha transformado en plataforma de la izquierda más totalitaria.
Esta asamblea, que aún no ha acordado un reglamento que regule las sesiones, se ha dado el tiempo sin embargo para auspiciar a la subversión. El 8 de julio, 105 constituyentes -fuera de sus atribuciones- aprobaron una declaración que exigía al Gobierno y al Congreso Nacional la agilización de un proyecto de ley para liberar a los “presos de la revuelta”, como la izquierda denomina a los condenados o imputados en prisión preventiva por delitos contra el orden público y la seguridad del Estado durante el denominado “estallido social”.
Y en sus sesiones hay enfrentamientos constantes entre constituyentes indígenas que renuncian a hablar en español en sus intervenciones y la bancada de derecha que denuncia estos hechos, así como agresiones físicas a constituyentes de derecha avaladas por sus colegas de izquierda.
Mientras la asamblea delibera, la ola de violencia política continúa en las calles de Santiago y en otros lugares del país, con la intervención de factores aparentemente nuevos que han impreso una dinámica desconocida al proceso político.
La Lista del Pueblo, como se ha dicho, es uno de los elementos fundamentales de la subversión: varios de sus constituyentes han sido detenidos y procesados por desórdenes, en los que han tenido al menos alguna injerencia en su gestación y coordinación.
Otros grupos relevantes son los de filiación anarquista: Chile es el país donde se ha registrado mayor actividad de ese tipo de grupos en los últimos cinco años, actividad que alcanzó su cénit en 2020 y 2021 con actos de sabotaje, enfrentamientos con la policía y destrucción de bienes públicos y privados.
Un tercer factor destacable son las barras bravas de los principales clubes de fútbol profesional, ahora devenidas en activistas políticos: estas bandas, por su carácter masivo y su exaltación de la violencia, se hacen presentes en las calles con grandes grupos de manifestantes, muchos de ellos delincuentes.
Un cuarto elemento son asociaciones de ciclistas u otros deportistas que efectúan violentas manifestaciones callejeras. Por último, el narcotráfico tiene una creciente incidencia en la espiral de violencia, aún no del todo conocida, pero de una presencia que ya es notoria.
La violencia subversiva, de esta forma, aparece legitimada por la mayoría de los actores políticos, en un escenario líquido de destrucción y desvalorización de las instituciones. La opinión pública no es impermeable a esta situación. Ya en enero de 2020, en pleno “estallido social”, una encuesta de la Universidad Diego Portales daba cuenta de que 37% de los jóvenes chilenos entre 18 y 29 años apoyaba la violencia como método para lograr objetivos políticos. Y todo indica que ese porcentaje no ha menguado sustancialmente.
Si bien las primarias presidenciales de julio de 2021 significaron una derrota del candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue -explícito partidario de liberar a los “presos de la revuelta”-, este obtuvo a pesar de todo más de 693 mil votos, una cifra inédita para ese partido.
Las elecciones presidenciales de noviembre supondrán una prueba de fuego para el sistema político y delimitarán con más claridad qué sectores están por la violencia y cuáles por la paz social.
