Revisionismo constituyente: Los peligros de repensar nuestra democracia
El 15 de noviembre de 2019 la clase política chilena llegó a un acuerdo. Tras semanas de protestas violentas que tuvieron al gobierno de Sebastián Piñera al borde del colapso, se logró poner sobre la mesa una demanda que la izquierda radical venía levantando hace años –sin mucho éxito en la opinión pública– pero con mucha constancia: cambiar nuestra Constitución.
Se acordó un plebiscito en el cual se consultaría a los chilenos si queríamos o no que se cambiara la Constitución, y si queríamos que ello se hiciera por medio de una asamblea integrada parcialmente por miembros del Congreso o por una asamblea electa completamente de cero. Fueron meses de campaña intensa intentando persuadir a los chilenos, donde finalmente el «apruebo» ganó por una mayoría abismante. Después de ese resultado nos reagrupamos y orientamos hacia la proyección de candidaturas en defensa de la institucionalidad vigente.
Pero vale preguntarse primero: ¿Qué es lo que buscamos proteger? ¿Qué se consagra en la Constitución chilena que es tan importante?
Para empezar, un poco de historia:
Nuestra carta fundamental es fruto de sucesivas «nuevas» Constituciones intercaladas por múltiples reformas que han ido construyendo, a través de nuestra historia, el orden democrático que conocemos.
Ha sido un proceso de prueba y error, donde hemos experimentado con diversos modelos políticos y con variadas formas de controles y contrapesos entre órganos del Estado, los cuales han estado mutando en la medida en que se han identificado debilidades a los mismos.
El último «proceso constituyente» originario que recuerda nuestro país tuvo lugar durante la década de 1970 y culminó con la publicación de la Constitución Política de 1980. Esta, sin embargo, ha sufrido múltiples reformas; las más importantes en 1989 y en 2005. La actual ni siquiera lleva la firma de Augusto Pinochet, sino la del ex presidente Ricardo Lagos Escobar.
En el contenido, sus aspectos más relevantes orbitan en torno a una misma idea: la noción de que el Estado está al servicio de la persona y no viceversa.
El artículo primero ya es categórico. «Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos», «la familia es el núcleo fundamental de la sociedad», protege la libertad de asociación, el principio –ya mencionado– de Servicialidad del Estado, y el deber del Estado de resguardar la seguridad nacional; propender a la protección de la población, el fortalecimiento de la familia, la integración armónica y la igualdad de oportunidades. Todo lo que le sigue es consecuencia y derivada de este primer artículo.
La Constitución establece las formas en que se adquieren la nacionalidad, la ciudadanía y los derechos políticos, así como también sanciones políticas para quienes cometan delitos terroristas. Establece que los políticos solo pueden gobernar dentro del marco de sus atribuciones otorgadas legalmente. Establece también los derechos fundamentales de todas las personas, entre los cuales se cuentan: vida, igualdad ante la ley, diversas libertades, acceso a educación, salud, pensiones, propiedad, derecho a emprender y asociación entre otros, obligando al Estado a respetar estos derechos. Finalmente regulan también a los tres poderes del Estado y sus atribuciones, así como también a otros órganos que son indispensables para evitar el ejercicio abusivo del poder.
Otro aspecto relevante de nuestra Constitución es que establece un segundo orden de normas de especial jerarquía, que son las leyes orgánicas constitucionales –las cuales solo pueden ser modificadas con mayorías especiales en el Congreso– protegiendo de esa forma ámbitos esenciales de nuestra institucionalidad.
El fruto principal de nuestra Constitución en los tiempos recientes ha sido blindar a nuestro país y sus instituciones de la captura política, así como del ejercicio abusivo del poder y del enquistamiento de la corrupción.
Y todos estos fenómenos han ocurrido, sin duda; aunque en una medida inferior a otros países de la región. Hemos visto también que determinados grupos políticos han emprendido durante los últimos 30 años sucesivas embestidas contra nuestra institucionalidad, a las cuales esta logró sobrevivir hasta el golpe de gracia perpetrado en 2019.
La principal amenaza del proceso actual es que tomen protagonismo grupos de extrema izquierda que pretendan «diluir» aspectos básicos de nuestra Constitución que evitan hoy el ejercicio abusivo del poder político. Ya hablan de ello y lo denominan eufemísticamente «habilitar la política», concepto inventado bajo la teoría de que en el actual modelo neoliberal estaríamos gobernados por un sistema incapaz de responder a las demandas sociales. El trabajo se les haría más fácil ya que, con los avances que han hecho en la construcción de una hegemonía cultural, son cada vez más los sectores «moderados» que ceden a sus presiones y relatos para no perder popularidad. Frente a ese escenario será fundamental, para que la democracia sobreviva, el rol de políticos conscientes de la necesidad de contar con un poder político controlado.
