La democracia como talismán

Cuando en el año 2000 México finalmente arriba a la alternancia en la presidencia de la República, siendo la democracia número 64 que surge después de la revolución de los claveles en Portugal, en un tránsito que nos llevó varias décadas desde los fraudes electorales de Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato y las elecciones presidenciales de 1988 en las que se cayó el sistema, por instrucciones de Manuel Bartlett entonces presidente de la Comisión Federal electoral; se pensaba que todo se resolvería por arte de magia con el cambio democrático, después de 70 años de “la dictadura perfecta” de un solo Partido.

La realidad nos ha demostrado que no es así, puesto que la alternancia a la democracia fue un paso, pero la construcción de estructuras e instituciones democráticas es un cambio de mayor alcance, que exige la educación e información de la ciudadanía y su involucración en los procesos democráticos.

Muchos avances sin duda se dieron en los gobiernos desde la alternancia presidencial en nuestro país, acceso a la información y transparencia, consolidación de un árbitro electoral imparcial e independiente que cuide y procese las elecciones el IFE-INE así como un Tribunal electoral de naturaleza semejante, instituciones y organismos autónomos que permitan consolidar el equilibrio de los poderes públicos y un desarrollo económico con competencia y estabilidad a mediano y largo plazo, por mencionar sólo algunas, pero todo esto ha sido devastado por el capricho del presidente López obrador, pasando por encima de la Constitución y el estado de derecho y colocando en nuestro país en la grave y precaria situación que hoy enfrenta ante una desbordada violencia e impunidad, sin estrategia alguna en materia de seguridad, destrucción del sistema sanitario, desprecio de los derechos humanos, ceguera en las políticas públicas en materia económica, con proyectos sin viabilidad alguna y que obstaculizan el desarrollo del país y la inversión privada como son el aeropuerto clausurado de la Ciudad de México, la refinería de dos bocas, el tren maya, destrucción y anulación de los organismos autónomos, imposición de una sola voluntad la del presidente, por encima de la ley y por capricho.

La sociedad que hoy se da cuenta de la gravedad que enfrenta, se pregunta cómo es posible que hayamos llegado a este punto que amenaza con mayor destrucción de las instituciones y el país.

Sin duda muchas serán las respuestas, pero entre ellas considero fundamental la falta de educación y capacidad de análisis político de millones de mexicanos que ante la corrupción y el cinismo del gobierno del presidente peña Nieto, ya no querían saber o profundizar cuál era la alternativa, sino simplemente de donde querían salir, sin darse cuenta que se podría llegar a un escenario peor como el que hoy vivimos, Pensaron que había que probar con la opción de López obrador a pesar de que su historia de participación política fue siempre generar conflicto y provocar la división y la polarización.

Ni siquiera ante el enorme respaldo electoral que le permitió llegar a la presidencia y tener mayoría en ambas cámaras, lo que no se había visto desde las elecciones intermedias del presidente Ernesto Zedillo, el presidente López obrador fue capaz de convocar a la unidad, escuchar y sumar a los que pensando distinto no votaron por él pero son parte del pueblo de México. Esta es en mi consideración, una de las principales causas del acceso al poder de López obrador, con el respaldo de millones de mexicanos, parte de la clase media que ahora el presidente desprecia y repudia cuando ha despertado ante la realidad que aflige hoy a la nación.

Pero también nos preguntamos cómo ha sido posible una destrucción y afectación de las instituciones democráticas tan rápidamente en la actual administración, cuando mencionaban algunos que “México no es Venezuela”, que teníamos instituciones sólidas, que efectivamente se construyeron en las últimas décadas, desde la alternancia, esta pregunta encuentra una parte de respuesta en el control de las cámaras que le dio el voto ciudadano al presidente, y que le ha permitido violentar cotidianamente el orden jurídico y la constitución, sin consecuencias, puesto que tiene en la coalición que lo llevo al poder un respaldo ciego e incondicional, por encima del interés nacional y el bien de los mexicanos actuales y de las generaciones que vienen atrás.

Pero no es esta la única razón, también hay al interior de su gobierno responsabilidades de quienes en él confiaron y teniendo experiencia y capacidad, fueron contemplando acciones y políticas públicas muy contrarias a la oferta realizada en campaña y sin respaldo constitucional y legal, algunos aguantaron poco tiempo y renunciaron por congruencia y dignidad para no ser partícipes de corresponsabilidad como el secretario de Hacienda Carlos Urzua, otros esperaron quizás demasiado, como Manuel Romo o Tatiana Clouthier, convalidando un gobierno contrario a la legalidad y a las promesas de campaña prácticamente desde sus primeros tiempos, cada quien en su conciencia sabrá porque.

Pero una responsabilidad aún mayor la tienen aquellos miembros del gabinete o incluso de los poderes públicos, como es el caso de la suprema corte, que ante la obligación de guardar y hacer cumplir el orden constitucional, prefirieron la ciega sumisión a la voluntad caprichosa del presidente, que ser leales a la nación, en ese sentido sin duda las cosas serían distintas, si el secretario de la defensa, por ejemplo, al recibir instrucciones de realizar tareas que no le son permitidas por la Constitución, hubiese dicho al presidente que no era posible cumplir esas órdenes porque estaban al margen las funciones permitidas por la ley y su primer compromiso es con la Constitución y el orden jurídico, o si el presidente de la corte Arturo Saldívar, ante las numerosas acciones de inconstitucionalidad y controversias presentadas contra leyes del congreso claramente inconstitucionales o políticas públicas violatorias del orden jurídico, no hubiese actuado como un servidor incondicional del presidente administrando la agenda de los asuntos de la corte para posponer temas fundamentales y darle un espacio al ejecutivo para violar impunemente el orden jurídico, presionar y denostar a jueces, magistrados y ministros sin consecuencias, hasta la llegada de una mujer como presidenta de la corte, Norma Piña con valores y convicciones para hacer respetar la ley, incluso al presidente, como fue el caso de la reciente resolución sobre la guardia nacional que debe ser encuadrada bajo control civil y no militar.

De haber actuado con conciencia y valor funcionarios clave del gabinete y de los poderes públicos, los daños no serían de la magnitud que padecemos y las amenazas que enfrentamos, podrían ser acotadas con el respaldo de la sociedad civil.

Cada quien tendrá que rendir cuentas ante su conciencia y ante la nación, recordando el adagio latino de que “la conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez”.

Sin duda alguna, son parte importante de los males que padecemos, los errores de la oposición y los de los partidos políticos y sus liderazgos que han provocado la devaluación de los partidos y su alejamiento de ciudadanos y la sociedad, al poner por encima, no pocas veces, los intereses partidistas a los de la nación y al excluir la participación auténtica deliberativa y libre de los ciudadanos en sus filas, favoreciendo grupos y compromisos económicos o personales.

En este entorno se aproxima apresuradamente el escenario electoral del 2024, que pasara antes por las elecciones de Coahuila y el Estado de México, y que para evitar una prolongación fatídica de la cuarta devastación, hace necesaria una oposición unida en una coalición y con una agenda básica común, con propuestas fundamentales para enfrentar la reconstrucción nacional en temas como la seguridad pública y la impunidad, el narcotráfico y el control de los territorios, la destrucción del sistema de salud, el retroceso en educación, la migración desbordada sin una estrategia adecuada para enfrentarla con respeto a los derechos humanos, la reconstrucción de la economía, con aliento a la inversión y la generación de infraestructura estratégica, la retirada de las fuerzas armadas de asuntos que no sean de su competencia, el respeto a los derechos humanos y un encauzamiento efectivo de la participación ciudadana y plural para la reconstrucción de la paz y el tejido social, recuperando el diálogo político y social, pues nadie tiene la llave de la verdad ni el monopolio de las soluciones en materia política.