Revocación, el gran engaño

La Revocación de Mandato es un mecanismo a través del cual la ciudadanía decide que una autoridad electa termine de forma anticipada su mandato.

El objetivo de este proceso es garantizar la rendición de cuentas, evitar abusos de poder y fortalecer la democracia directa. Es un derecho ciudadano que permite a un determinado número de electores, promover la revocación.

Tal y como lo establece la Constitución Política y la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), en México -como la normatividad de los países donde existe-, establece con claridad que se trata de un proceso de democracia directa, donde un determinado grupo de electores descontentos con una autoridad en funciones, promueven su término anticipado.

La ley en México exige la presentación del 3% de firmas de la Lista Nominal de por lo menos 17 estados y con distribución homogénea en cada uno de ellos.

En nuestro país, este procedimiento se desvirtuó desde el momento mismo que fue promovido por el entonces presidente de la República López Obrador. Fue el gran engaño decir que se exponía a la decisión popular de revocación democráticamente, cuando en realidad, todo fue diseñado para su promoción personal y la aplicación de todo el aparato electoral a favor de su partido Morena.

La Ley Electoral vigente permite la promoción durante el período de recolección de firmas, convirtiendo el proceso en una campaña anticipada a favor del partido en el gobierno: un fraude total.

Por otra parte, es muy difícil lograr la aprobación del proceso porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta una Lista Nominal de 95 millones de electores, se requerirían 2,850,000 firmas lo cual es prácticamente imposible para un bloque ciudadano sin el apoyo de partidos políticos o del propio gobierno.

López Obrador lo convirtió en una especie de precampaña a favor del partido–gobierno de la 4T. Por todos los medios en la iniciativa de reforma constitucional buscó que la revocación se empatara con la elección federal intermedia. Como en ese momento no contaba con a mayoría calificada en el Senado, no pudo conseguirlo. En la Constitución, quedó establecida la realización de este ejercicio, en años sin elección federal.

El proceso no es obligatorio. Depende si hay o no promoción por parte de algún grupo ciudadano o partidos políticos. Pero tanto López Obrador como el actual gobierno de Claudia Sheinbaum lo han convertido en un proceso regular dado que requiere de un fuerte presupuesto por parte del INE y un programa complejo de preparación.

El primer y único ejercicio que hemos tenido fue un rotundo fracaso con costos astronómicos y que, al final, no sirvió para nada. Se inició el 8 de febrero de 2022 y tuvo dos meses de “difusión” por parte del INE, tres foros nacionales de discusión que se convirtieron en una campaña a favor del gobierno y de López Obrador, y finalmente la votación el 10 de abril de 2022.

La ciudadanía (el pueblo sabio), rechazó absolutamente la burda manipulación del proceso. Votó solo el 17% de electores, la mayoría “acarreados” por el propio gobierno, cuando el mínimo porcentaje para hacer vinculatoria la decisión es del 40%. El resultado: un vil y cínico engaño.

Es increíble cómo pretenden verle la cara de idiotas a la ciudadanía con un engaño tan burdo. El partido en el gobierno y el propio presidente promoviendo su propia revocación resulta francamente kafkiano.

Si una funcionaria promueve ella misma su revocación de mandato, mejor que renuncie.

Ahora, nuevamente regresa el teatro de López Obrador, con la propuesta de legisladores de Morena de empatar la revocación de mandato con la elección intermedia de 2027. Recientemente, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar presentó la propuesta de iniciativa que se encuentra para dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El Art. 35, Fracción IX, define la revocación de mandato como un derecho ciudadano a participar en el proceso de terminación anticipada del cargo de algún funcionario público electo. La Ley Federal de Revocación de Mandato establece que el proceso no podrá realizarse en los años en que se lleve a cabo el proceso electoral ordinario local. Quiere decir que, en caso de promoverse la revocación de mandato para la presidenta de la República, podría ser en el 2028, pero no en el 2027 que tenemos elección intermedia de diputados federales y varias elecciones locales.

Nuevamente, el único objetivo que buscan legisladores de Morena y la propia presidenta al adelantar el ejercicio al año 2027 de elecciones intermedias, es la utilización de la figura presidencial y una amplia “precampaña” para favorecer ilegalmente a su partido político Morena.

Ramírez Cuellar presentó la iniciativa por instrucción directa de López Obrador. Si Claudia Sheinbaum lo acepta en una actitud servil y dependiente, la ciudadanía sabrá que no tiene carácter ni valor y perderá toda credibilidad.