Plan B. Una farsa

. No hubo consulta ciudadana, ni parlamento abierto, ni invitación a los partidos políticos para discutir, primero las reformas constitucionales que fueron rechazadas ni ahora, la propuesta del llamado Plan B.

La presidenta sigue la misma ruta autoritaria y dictatorial de su predecesor. No puede ser ella misma, adoptar una postura digna como la primera mujer presidente en México. No es capaz de tomar decisiones de estado en función de su encargo.

El Plan B es la misma estrategia de López Obrador. Destruir al poder judicial, controlar por todos los medios al INE y al TEPJF con la anuencia vergonzosa de consejeros y magistrados. Destruir instituciones fundamentales para garantizar el equilibrio democrático y la rendición de cuentas y ahora lo que se pretende es el control absoluto con mayoría garantizada en el poder legislativo.

El argumento falaz de la presidente para reducir gastos excesivos de procesos electorales, se cae por su propio peso. Plantea ahorrar del orden de 4,000 millones de pesos que como ya fue explicado por varios especialistas, representa el 0.04% del PEF y por ejemplo, representa solo tres días del programa de pensión para adultos mayores.

En la reunión reciente de los representantes de Morena con sus aliados del PVEM y el PT con la Secretaría de Gobernación, al igual que en la frustrada iniciativa de reforma constitucional electoral, no fue convocado ningún partido de oposición. Hay que recordar que en las reformas electorales anteriores, participaron todos los actores políticos. Una reforma electoral sin el mínimo consenso de la oposición, está condenada al fracaso.

La reunión fue francamente penosa y ridícula. Una vez que el PT y el PVEM tuvieron garantizadas sus prerrogativas y las listas propias de plurinominales, aceptaron sin chistar la propuesta de reforma de la presidente.

La propuesta deja a un lado la reducción de recursos a los partidos políticos y el tema de plurinominales y se mete en otros temas que no debieran ser de carácter electoral y que además representan una gravísima violación a los principios constitucionales de República representativa, democrática, laica y federal (Art. 40 de la Constitución). Atenta directamente contra el principio federalista, contra los estados libres y soberanos y en contra de los municipios.

Plantea sin ninguna justificación, ni estudios serios la reducción a los presupuestos de los Congresos Estatales violando la soberanía de los estados de la República.

Por otra parte, propone la reducción de los Cabildos Municipales igualmente sin ninguna argumentación y metiéndose de lleno a un principio fundamental republicano y democrático que es el “municipio libre”.

Estas dos propuestas completamente ilógicas y abusivas, violentan los principios que dieron origen a nuestro sistema republicano, requerirían reformas a los artículos 40 y 115 de la Constitución lo cual a todas luces es un despropósito absurdo que nadie entiende, salvo en la mente dictatorial y autoritaria de López Obrador y ahora de su dependienta.

Pero lo más grave en esta propuesta y que es una trampa, está en la apertura a consulta popular de temas electorales y además, otra modificación constitucional para que la revocación de mandato pueda hacerse en el 2027, concurrente con los procesos electorales y no en el 2028 como expresamente está ordenado en la Constitución.

El Art. 35 de la Constitución prohíbe la consulta popular en temas electorales, además de derechos humanos, gasto público, seguridad nacional y fuerzas armadas.

Lo que el gobierno y su partido-gobierno buscan por todos los medios es el meterse de lleno en el proceso electoral del 2027 con la excusa de “la consulta popular”, para estar permanentemente en campañas anticipadas, prohibidas expresamente por la ley electoral.

La Consulta Popular puede ser solicitada por la presidencia de la república, por un tercio de alguna de las dos cámaras del Congreso o por la ciudadanía presentando firmas del 2% de la Lista Nominal de electores. Como el interés es la campaña anticipada y permanente por parte del gobierno, la presidenta no impulsará la consulta sino que, se buscará la movilización del partido-gobierno, despilfarrando miles de millones de pesos.

La Consulta Popular requiere ser impulsada por el 2% de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal que equivale aproximadamente a 2 millones de firmas válidas y para que se considere “obligatoria”, deberá participar por lo menos un 40% de electores. Esto obviamente resulta imposible por lo que las consultas de entrada son una farsa. Para la revocación de mandato los requisitos son más estrictos pues requiere el 3% de firmas válidas de la Lista Nominal (tres millones) pero además deben provenir de por lo menos 17 estados de la República.

Como podemos apreciar, lo que se está promoviendo en realidad es una locura, un absurdo condenado al fracaso, dilapidando recursos que no tenemos pero con un objetivo muy claro: que el partido-gobierno esté en una promoción constante, violando la ley en campañas anticipadas disfrazadas y además utilizando recursos públicos a través de los “servidores de la Nación” (en realidad de Morena).

Por todo lo anterior debemos denunciar por todos los medios este fiasco que en realidad es un engaño. Movilizarnos para rechazar categóricamente esta simulación tristemente impulsada por la propia presidencia de México. Una vergüenza.