Morena ante los límites del poder

“La ambición debe ponerse en condiciones de contrarrestar a la ambición.”
James Madison, El Federalista núm. 51

Del poder acumulado a los límites del poder

Los dos artículos anteriores de esta secuencia analizaron cómo las instituciones mexicanas podían transformarse sin un golpe de Estado tradicional. No era necesario suspender las elecciones ni clausurar el Congreso. Bastaba modificar gradualmente la relación entre poderes, debilitar organismos autónomos, reducir la independencia judicial, ampliar la intervención militar y aprovechar una mayoría legislativa capaz de cambiar las reglas desde dentro.

El siguiente paso no consiste en repetir que el poder se ha concentrado. Consiste en identificar hasta dónde puede llegar esa concentración y dónde comenzarán a aparecer sus límites. Algunos serán institucionales: una Cámara sin mayoría calificada, congresos locales divididos o gobiernos estatales de oposición. Otros serán políticos: conflictos internos, candidaturas impopulares y aliados que eleven el precio de su respaldo. Otros serán económicos: inversión aplazada, menor crecimiento y presión sobre las finanzas públicas. Y otros serán externos: investigaciones, sanciones y exigencias de Estados Unidos cuando el narcotráfico, la migración o el comercio afecten sus intereses.

Morena no llegará a 2027 ante un solo límite. Llegará ante varios que comenzarán a interactuar.

El caso Rocha: cuando el crimen puede intervenir desde la elección

La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios actuales o anteriores representa un punto de inflexión. La fiscalía estadounidense sostiene —y deberá probar ante un tribunal— que los acusados colaboraron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos en Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El expediente afirma también que integrantes de Los Chapitos habrían intervenido en la elección de 2021 mediante intimidación, secuestros de operadores opositores y robo de boletas. Rocha ha negado las imputaciones.[1]

La presunción de inocencia debe respetarse. Sin embargo, el significado estratégico del caso rebasa la responsabilidad penal de una persona. Hasta ahora, buena parte de la conversación pública suponía que el crimen organizado penetraba gobiernos después de las elecciones. La acusación describe una posibilidad más grave: que una organización criminal no sólo capture al gobierno, sino que contribuya a decidir quién llega a encabezarlo.

Si ese modelo se confirma, la democracia deja de estar amenazada únicamente por el fraude en las urnas. Puede haber quedado condicionada desde la selección de candidatos. El caso Rocha importa porque anticipa el principal riesgo territorial de 2027: en regiones donde se disputan rutas, puertos, combustibles, obras públicas, mercados o extorsiones, controlar al gobierno local puede ser tan importante como controlar una plaza.

Estados Unidos presionará por sus propios intereses

En julio de 2026, el administrador de la DEA, Terry Cole, habló de una “conexión mortal” entre el gobierno mexicano y los cárteles. Claudia Sheinbaum rechazó la generalización, la calificó de política y carente de pruebas, y pidió que la agencia atendiera también la distribución, el consumo, las armas y el lavado de dinero dentro de Estados Unidos.[2]

La afirmación de que todo el gobierno mexicano y los cárteles son inseparables es excesiva y no puede derivarse de acusaciones contra personas concretas. Sin embargo, el lenguaje revela un cambio: Washington ha comenzado a tratar la posible protección política del narcotráfico como una amenaza directa a su seguridad nacional.

Sería ingenuo esperar que Estados Unidos actúe para reconstruir la democracia mexicana. Sus prioridades son reducir el flujo de fentanilo, contener la migración, proteger su frontera, asegurar inversiones y cadenas productivas, limitar la influencia estratégica de China y obtener condiciones favorables en la relación comercial. La democracia mexicana sólo adquirirá prioridad cuando su deterioro amenace alguno de esos intereses.

Estados Unidos puede procesar a un funcionario por narcotráfico y no interesarse en que la competencia electoral sea equilibrada. Puede exigir seguridad para una planta y guardar silencio ante el debilitamiento de un organismo autónomo. Puede golpear a determinados actores criminales sin desmontar el sistema político que permitió su crecimiento.

La inversión vota antes que los ciudadanos

El poder político también encuentra límites cuando las empresas dejan de comprometer recursos con el futuro. En junio de 2026, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza del INEGI se ubicó en 48.0 puntos y acumuló 16 meses por debajo del umbral de 50. En manufacturas, el componente “momento adecuado para invertir” se situó en 34.5 puntos.[3]

La inversión fija bruta aumentó 4.0% mensual en abril de 2026, un repunte relevante que debe reconocerse. Pero un solo dato positivo no elimina la incertidumbre acumulada ni la cautela empresarial.[4]

La incertidumbre no siempre provoca una fuga espectacular de capitales. Con frecuencia aparece como una sucesión de decisiones que nunca se anuncian: una planta que no se construye, una ampliación que se reduce, una contratación que se aplaza o una cadena productiva que instala su siguiente eslabón en otro país.

Los inversionistas pueden adaptarse a un gobierno con mayoría amplia. Lo que resulta más difícil calcular es un entorno en el que las reglas cambian, los tribunales pierden previsibilidad, autoridades locales enfrentan acusaciones criminales y la relación comercial con Estados Unidos se convierte en una negociación permanente. La economía tiene una forma silenciosa de votar: cuando no confía, posterga.

La paradoja de los programas sociales

El desgaste institucional y económico no implica que Morena pierda automáticamente su base social. Una encuesta posterior a la elección judicial de junio de 2025 encontró que, entre los beneficiarios directos de programas sociales, 60% se identificaba con Morena y 75% respaldaba a la Cuarta Transformación. Entre quienes tenían un familiar beneficiario, 51% se identificaba con Morena, 5% con la oposición y 44% se declaraba apartidista.[5]

No existe una serie mensual pública, de julio de 2025 a junio de 2026, que permita establecer con precisión cómo evolucionó la intención de voto de todos los beneficiarios. La evidencia disponible sí permite concluir que el proyecto social puede conservar más respaldo que el partido y que algunos de sus gobernantes.

Para millones de personas, Morena significa una pensión, una beca, un ingreso para una persona con discapacidad o la primera presencia material reconocible del Estado en su hogar. La oposición se equivoca cuando reduce esa relación a una compra consciente de votos. El beneficiario puede no sentirse comprado; puede sentirse reconocido.

La diferencia entre 75% de respaldo a la 4T y 60% de identificación con Morena abre, sin embargo, un espacio político. Un ciudadano puede apoyar una política social sin aprobar a su alcalde; valorar a la presidenta y rechazar a su gobernador; defender su pensión y votar por un diputado opositor. Esa posibilidad —el voto diferenciado— es uno de los límites más importantes que Morena podría enfrentar.

El Congreso: el límite constitucional

En 2024, Morena y sus aliados alcanzaron una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En 2027, la oposición no necesitará convertirse en mayoría absoluta para alterar la correlación de fuerzas. Su primer objetivo estratégico puede ser impedir que Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo conserven las dos terceras partes de la Cámara.

No sería una derrota total del oficialismo. Morena podría seguir siendo la primera fuerza y conservar una mayoría ordinaria. Pero tendría que negociar las reformas constitucionales. Como advirtió James Madison, los contrapesos existen porque ninguna mayoría debe ser juez único de los límites de su propio poder.[6]

El mensaje para el electorado no tendría que ser “entregue el gobierno a la oposición”. Podría ser más razonable: conserve los derechos sociales que valora, pero obligue al gobierno a volver a escuchar y negociar.

Las gubernaturas: la estructura desde la cual se construye 2030

La elección de 2027 será concurrente en todo el país. Además de la Cámara de Diputados, se renovarán 17 gubernaturas, 31 congresos locales y 1,718 ayuntamientos, junto con cargos judiciales federales y locales pendientes.[7]

Un gobierno estatal administra presupuestos, policías, fiscalías, obras, permisos e infraestructura. También construye la estructura política desde la cual se movilizan votantes, se seleccionan candidatos y se prepara la siguiente elección presidencial.

Para Morena, conservar las gubernaturas significará mantener presencia territorial y capacidad de operación. Para la oposición, ganar algunas entidades podría ofrecer plataformas desde las cuales demostrar que existe una manera distinta de gobernar. Pero una alternancia que reproduzca corrupción, opacidad o acuerdos criminales únicamente cambiaría a los beneficiarios del poder.

El caso Rocha elevará el escrutinio sobre todas las candidaturas. La pregunta ya no será únicamente quién puede ganar, sino quién financia la campaña, qué grupos territoriales respaldan al candidato, qué compromisos adquiere antes de llegar y quién gobernará realmente después de la elección.

Los ayuntamientos: donde se disputa el territorio

Las alcaldías son el nivel más cercano a la vida cotidiana y uno de los más vulnerables frente al crimen organizado. Los municipios influyen en policías, licencias, mercados, obras, uso de suelo, transporte, catastro y contratación pública.

Para una organización criminal, controlar un municipio puede significar conocer movimientos policiales, proteger rutas, cobrar extorsiones, acceder a recursos públicos y decidir qué negocios pueden operar. La captura puede comenzar antes de la campaña: un aspirante amenazado se retira, otro acepta condiciones y un tercero es eliminado.

Estados Unidos puede perseguir a los grandes cárteles, pero no reconstruirá miles de policías locales ni protegerá cada candidatura municipal. El límite al poder criminal tendrá que construirse mediante instituciones mexicanas capaces de investigar financiamiento, proteger candidatos y evitar que las fiscalías dependan completamente de los gobernadores.

Los congresos locales: el poder nacional que casi nadie observa

En 2027 también se renovarán 31 congresos locales. Su importancia rebasa la aprobación de presupuestos estatales. Las reformas a la Constitución federal requieren la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales; por tanto, su control forma parte del poder constitucional nacional.

Además, los congresos locales deberían supervisar a los gobernadores, revisar cuentas públicas, designar funcionarios y exigir responsabilidades. Cuando el mismo partido controla sin contrapesos al Ejecutivo y al Congreso estatal, esa función puede reducirse a una oficialía de partes.

El ciudadano que vote por un diputado local no decidirá únicamente quién aprueba el presupuesto estatal. Puede estar decidiendo también si una futura reforma constitucional contará con ratificación automática o deberá negociarse.

Movimiento Ciudadano y Somos México: alternativa o dispersión

Movimiento Ciudadano tiene derecho a construir un proyecto propio y no está obligado a subordinarse al PAN ni al PRI. Llamarlo esquirol deliberado requeriría pruebas que hoy no son públicas. Sin embargo, su actuación puede producir un efecto funcional favorable al oficialismo.

En distritos, municipios o estados donde Morena obtenga 35% o 40% y el resto se divida entre PAN, PRI, MC, Somos México y otras fuerzas, el oficialismo puede ganar sin representar a la mayoría de los votantes. MC deberá decidir si su prioridad es aumentar su porcentaje nacional o impedir que Morena conserve el control constitucional y territorial.

Somos México puede incorporar abstencionistas y ciudadanos alejados de los partidos tradicionales. Pero también enfrentará el incentivo de alcanzar el porcentaje necesario para conservar el registro. Una organización puede tener éxito institucional y fracasar estratégicamente si divide el voto donde no tenía posibilidad real de ganar.

La pluralidad no exige que todos los partidos compitan en todas partes. Exige que los ciudadanos cuenten con alternativas reales y que las organizaciones comprendan el efecto territorial de sus decisiones.

Cuatro escenarios hacia 2027 y 2030

Indicadores que anticiparán el rumbo

• Nuevas acusaciones, sanciones o solicitudes de extradición de Estados Unidos.
• Investigaciones mexicanas con pruebas verificables —o su ausencia— sobre figuras señaladas.
• Aprobación de la presidenta frente a la evaluación de gobernadores y alcaldes de Morena.
• Continuidad o ruptura de la coalición Morena-PVEM-PT.
• Método de selección de candidaturas y reacción de los aspirantes excluidos.
• Capacidad de MC y Somos México para atraer abstencionistas, no sólo votantes opositores.
• Evolución de la confianza empresarial, la inversión fija y las decisiones de largo plazo.
• Violencia contra candidatos, alcaldes y operadores electorales.
• Diferencias entre intención de voto federal, estatal y municipal.
• Disposición ciudadana a votar de forma diferenciada.

El ciudadano ante la tentación de no participar

La apatía no siempre nace de la ignorancia. Puede ser la consecuencia de haber visto alternancias que no mejoraron la seguridad, escándalos que no produjeron condenas, candidatos que cambiaron de partido y oposiciones que reprodujeron las prácticas que denunciaban.

Pero la abstención no afecta por igual a todos. Beneficia a la fuerza con mayor estructura, identidad y capacidad para movilizar a sus simpatizantes. No participar no coloca al ciudadano fuera del sistema: aumenta el peso relativo de quienes sí participan de forma organizada.

El ciudadano común no necesita convertirse en militante. Su papel puede ser concreto: conocer las funciones de cada cargo; evaluar por separado las boletas; distinguir los derechos sociales de la lealtad partidista; investigar a los candidatos locales; exigir pruebas ante las acusaciones; vigilar el dinero y la violencia en las campañas; y dar seguimiento a los representantes después de la elección.

Un beneficiario puede votar por Morena para un cargo y por otro partido para otro. Un simpatizante de MC puede apoyar a su partido donde sea competitivo y elegir una opción distinta donde sólo divida el voto. Un ciudadano sin partido puede votar para impedir una mayoría calificada sin comprometerse con una oposición que todavía no le inspira confianza. Eso no es oportunismo. Es utilizar el voto para distribuir el poder.

El poder comienza a encontrar sus límites no cuando desaparece su popularidad, sino cuando deja de poder convertirla en obediencia territorial, estabilidad económica y control constitucional.

Conclusión

En 2027 no se decidirá solamente cuántos diputados tendrá Morena. Se decidirá si conserva la capacidad de modificar la Constitución sin negociar; quién gobernará 17 entidades; quién controlará cientos de policías y fiscalías; quién administrará 1,718 ayuntamientos; y quién dominará los congresos desde los cuales se ratifican reformas nacionales.

También se decidirá desde qué territorios comenzará la disputa presidencial de 2030.

Estados Unidos actuará cuando estén amenazados su mercado, su frontera, sus empresas o su seguridad. Las organizaciones criminales actuarán para controlar rutas, presupuestos y gobiernos. Los partidos actuarán para conservar candidaturas, registros y espacios de poder. El inversionista actuará cuando encuentre condiciones de certidumbre.

El ciudadano tendrá que decidir si observa el proceso como algo ajeno o utiliza cada boleta para impedir que una mayoría temporal se convierta en poder sin límites.

Morena llegará como favorito. Pero ser favorito no significa ser invulnerable. Sus límites no aparecerán automáticamente: tendrán que construirse mediante instituciones, competencia real, vigilancia, inversión productiva y voto diferenciado.

La democracia no exige que Morena desaparezca. Exige que Morena —como cualquier partido— vuelva a necesitar a los demás.

Las acusaciones judiciales se describen como imputaciones pendientes de prueba y no como sentencias.

Referencias:

U.S. Department of Justice, Southern District of New York. “Governor of Sinaloa and Nine Other Current and Former Mexican Officials Charged With Drug Trafficking and Weapons Offenses”, 29 de abril de 2026. Consulta en línea

Reuters. “Sheinbaum rejects DEA comments of ‘deadly connection’ between her government and cartels”, 15 de julio de 2026. Consulta en línea

INEGI. “Indicadores de Confianza Empresarial”, cifras de junio de 2026, comunicado publicado en julio de 2026. Consulta en línea

INEGI. “Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo”, cifras de abril de 2026. Consulta en línea

El Financiero. “Programas sociales ‘hacen de la suya’ en elecciones judiciales: Así votaron los beneficiarios”, 3 de junio de 2025. Consulta en línea

Madison, James. “Federalist No. 51”, Library of Congress, versión digital. Consulta en línea

Instituto Nacional Electoral. Norma Irene de la Cruz, “Elección intermedia 2027”, 10 de diciembre de 2025; e INE, “Inicia trabajos rumbo al Foro de Elecciones Concurrentes 2027”, 8 de mayo de 2026. Consulta en línea

Instituto Nacional Electoral. “Inicia INE trabajos rumbo al Foro de Elecciones Concurrentes 2027”, 8 de mayo de 2026. Consulta en línea

Reuters. “U.S. pushes Mexico to prosecute, extradite politicians with ties to drug cartels”, junio de 2025. Consulta en línea

Presidencia de la República. “Programas para el Bienestar benefician a 82% de las familias mexicanas…”, 2025. Fuente oficial utilizada sólo para dimensionar el alcance declarado de la política social. Consulta en línea