Desde la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1994, el sistema electoral mexicano ha experimentado una serie de transformaciones significativas que han moldeado la forma en que se llevan a cabo las elecciones en México (Becerra Chávez, 1994).

El año 1994 marcó un hito en la historia electoral de México. Fue un año de desafíos y cambios, marcado por la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (Becerra Chávez, 1994). Sin embargo, también fue el año en que se llevaron a cabo reformas importantes en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que buscaban garantizar un proceso electoral impecable (Becerra Chávez, 1994).

Estas reformas, que incluyeron la eliminación del principio de autocalificación, la apertura del Senado a la oposición, la desaparición de la cláusula de gobernabilidad y la legalización de la presencia de observadores, representaron avances significativos en el sistema electoral mexicano (Becerra Chávez, 1994).

Sin embargo, a pesar de estos avances, el sistema electoral mexicano ha continuado enfrentando desafíos. La participación ciudadana, la financiación de las campañas políticas y la lucha contra la corrupción son temas que requieren atención continua (citaine.mx, 2021).

En los años posteriores a 1994, se han realizado más reformas en la legislación electoral, que han abordado cuestiones de género, fiscalización, regulación de campañas y precampañas, y han instaurado figuras jurídicas para prevenir y sancionar la violencia política hacia la mujer (Milenio, 2021). Estos avances han convertido al sistema electoral mexicano en un modelo de referencia a nivel internacional en la consolidación de regímenes democráticos (Milenio, 2021).

A pesar de estos avances, es importante reconocer que aún existen desafíos que deben abordarse para garantizar la integridad y la equidad del proceso electoral. La violación sistemática de la legislación electoral, la crisis de legitimidad en el arbitraje electoral y el uso de los procedimientos sancionadores para limitar el debate público y la libertad de expresión son solo algunos de los «focos rojos» que amenazan la integridad del proceso electoral (Becerra Chávez, 1994).

En el proceso electoral 2023-2024, los progresos logrados en la consolidación de la democracia en México se ven amenazados por riesgos significativos. En este contexto, el Acuerdo Nacional para la Integridad Electoral (ANIE) ha publicado una evaluación detallada de estos riesgos principales (ANIE, 2024)

El jueves 4 de abril, en un evento celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,el ANIE presentó su Tercer Informe sobre la Integridad del Proceso Electoral 2023-2024. Este informe, que analiza el periodo de intercampañas del 19 de enero al 29 de febrero de 2024, identifica cinco «focos rojos» que amenazan la integridad de las próximas elecciones.

I

El primer y más alarmante foco rojo identificado en este tercer informe es el involucramiento directo y sistemático del presidente de la República en el proceso electoral.

A pesar de las múltiples denuncias y sanciones impuestas por las autoridades electorales, el titular del ejecutivo federal ha persistido en vulnerar el principio de neutralidad y ha utilizado recursos públicos para favorecer al partido y la candidata de su preferencia. En al menos 30 ocasiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que las conductas del presidente violan la normativa electoral vigente.

Esta situación representa una grave amenaza para la equidad de la contienda y socava la credibilidad del proceso electoral en su conjunto. El uso de las conferencias matutinas del presidente como plataforma para promover la agenda partidista, la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y el apoyo explícito a la candidata oficialista son algunas de las prácticas recurrentes que han sido documentadas y sancionadas por las autoridades competentes. Sin embargo, la reincidencia del presidente en este tipo de conductas indebidas genera un clima de incertidumbre y desconfianza que afecta la legitimidad y la equidad de las elecciones.

Es imperativo que se tomen medidas firmes y contundentes para garantizar que todas las personas funcionarias públicas, incluyendo al titular del Ejecutivo, se apeguen estrictamente a los principios constitucionales de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda.

II

El segundo foco rojo identificado en este informe se refiere a la transgresión sistemática de los límites establecidos para el periodo de intercampañas por parte de las coaliciones y sus precandidaturas. A pesar de las restricciones legales que prohíben la realización de actos de campaña y la difusión de propaganda electoral durante esta etapa, se ha observado una tendencia preocupante de los actores políticos a mantener una alta presencia mediática y proselitista.

Tanto las candidaturas punteras como sus respectivos partidos han buscado mecanismos para aparecer constantemente en el debate público y promover sus plataformas y trayectorias, ya sea a través de la organización de eventos, la realización de conferencias de prensa, la participación en entrevistas, la creación y difusión de podcasts o la permanencia en redes sociales.

Esta situación no sólo genera una inequidad en la contienda, sino que además difumina la distinción entre las actividades permitidas durante las intercampañas y aquellas que constituyen actos anticipados de campaña. La falta de claridad en la regulación y la dificultad para fiscalizar efectivamente estos comportamientos han permitido que las coaliciones y partidos políticos aprovechen vacíos legales para posicionarse ante el electorado.

Asimismo, la difusión de noticias falsas y la manipulación de la información en las redes sociales han contribuido a generar un clima de confusión y desinformación que afecta la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas.

Es fundamental que las autoridades electorales fortalezcan sus mecanismos de vigilancia y sanción para garantizar el cumplimiento estricto de las normas que rigen el periodo de intercampañas y preservar la equidad en la competencia electoral.

III

El tercer foco rojo se centra en el desempeño de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, que han enfrentado crisis internas y cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad de arbitraje. Por un lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha experimentado conflictos y divisiones entre sus consejeros, lo que ha dificultado la toma de decisiones y ha generado dudas sobre la estabilidad de los criterios aplicados en la organización y fiscalización del proceso electoral.

La falta de consenso en la designación de funcionarios clave y las deficiencias en algunos procesos administrativos, incluyendo el de fiscalización de las precampañas, han puesto en entredicho la solidez institucional del INE. Por otro lado, el TEPJF también ha sido objeto de controversias y señalamientos. Las diferencias entre las magistraturas han quedado de manifiesto no sólo en los criterios divergentes aplicados en las sentencias, sino también en la falta de unidad y coordinación en su actuación pública.

Además, el creciente número de denuncias desechadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y confirmadas por la Sala Superior del TEPJF, a menudo con el disenso de dos magistraturas, ha generado preocupación sobre la efectividad e imparcialidad en la impartición de justicia electoral.

En un contexto de alta polarización y complejidad, es indispensable que las autoridades electorales fortalezcan su cohesión interna, mejoren la calidad de sus decisiones y actúen con firmeza y transparencia para salvaguardar la integridad del proceso electoral y generar confianza en la ciudadanía.

IV

El cuarto foco rojo identificado en este informe se refiere a la persistencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores políticos y amenazan el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para implementar medidas de protección, como la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, el proceso electoral 2023-2024 se ha visto marcado por un preocupante aumento de agresiones, amenazas y atentados contra candidatos, funcionarios públicos y personas involucradas en la contienda.

La violencia política, social y del crimen ha afectado a actores de todos los partidos y ha cobrado la vida de al menos 24 aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, de acuerdo con Laboratorio Electoral. La intervención del crimen organizado en las elecciones locales, particularmente en estados con alta incidencia delictiva, ha alcanzado niveles alarmantes y representa un desafío sin precedentes para la seguridad de los actores políticos y la libertad del voto ciudadano.

Es imperativo que las autoridades fortalezcan los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la violencia política, y que se establezcan protocolos más efectivos para garantizar la integridad física de quienes participan en el proceso electoral.

V

El quinto y último foco rojo destacado en este informe se refiere al uso indebido de los procedimientos especiales sancionadores por parte de actores políticos para silenciar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación.

Durante el periodo de intercampañas, han observado un aumento en el número de denuncias presentadas por candidatos y partidos en contra de periodistas, líderes de opinión y ciudadanía que expresan críticas o cuestionamientos a través de plataformas digitales. Bajo el argumento de supuestas violaciones a la normativa electoral o acusaciones de violencia política de género, estos actores han buscado utilizar los mecanismos legales para limitar la libertad de expresión y disuadir la participación en el debate público.

Esta situación genera un clima de autocensura y vulnera el derecho de la ciudadanía a informarse y expresar opiniones diversas sobre el proceso electoral. Además, el uso de los procedimientos especiales sancionadores con fines de censura impone una carga desproporcionada sobre los denunciados, quienes a menudo carecen de los recursos y conocimientos especializados para hacer frente a estos procesos.

Es necesario que las autoridades electorales establezcan criterios claros y garantías para evitar el abuso de estos mecanismos y proteger el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Asimismo, es fundamental promover una cultura de tolerancia y apertura al diálogo, en la que las críticas y opiniones disidentes sean valoradas como parte esencial del debate democrático.

Conclusiones

El informe señala que, ante los focos rojos identificados en el tercer informe, resulta imperativo tomar acciones urgentes y contundentes para salvaguardar la integridad del proceso electoral. Establece en primer lugar, la necesidad de que las autoridades competentes investiguen y sancionen con celeridad y firmeza cualquier violación a la normativa electoral, especialmente aquellas que involucren el uso indebido de recursos públicos, la comisión de violencia política o la intervención del crimen organizado en las elecciones.

Asimismo, sostiene, se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno para garantizar una respuesta efectiva y oportuna ante los riesgos y amenazas identificados. El informe concluye con un llamado a la colaboración y corresponsabilidad de todos los actores involucrados en el proceso electoral.

Las autoridades, partidos políticos, candidaturas y sociedad civil deben trabajar juntos para construir un ambiente de confianza, transparencia y respeto a la legalidad. Exhorta a los partidos y candidaturas a suscribir el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, en el que se comprometan a conducirse con apego a los principios democráticos y a denunciar cualquier irregularidad que atente contra la equidad de la contienda. Asimismo, convoca a la sociedad civil organizada a redoblar sus esfuerzos de observación electoral, documentando y visibilizando cualquier falta o violación a la ley.

Concluye que solo mediante la suma de voluntades y la acción coordinada de todos los sectores se podrá hacer frente a los desafíos que enfrenta nuestra democracia y garantizar un proceso electoral íntegro, transparente y legítimo.

Como en los informes previos, el trabajo del ANIE consistió en detectar y señalar las irregularidades que puedan afectar la integridad del proceso electoral. En este informe, se advierte que es imperativo tomar acciones urgentes y contundentes frente a estos cinco focos rojos para salvaguardar la integridad del proceso electoral. La equidad y la justicia de las elecciones están en juego, y es responsabilidad de todos garantizar que se respeten.

El Tercer Informe sobre Integridad del Proceso Electoral 2023-2024 elaborado por el ANIE, que identifica cinco focos rojos en el periodo de intercampañas, se convierte en un espejo que refleja los desafíos que aún enfrenta el sistema electoral mexicano, a pesar de los avances significativos desde la creación del IFE en 1994.

Este informe resalta la necesidad de acciones urgentes y contundentes para salvaguardar la integridad del proceso electoral, un llamado que resuena con la reflexión sobre la responsabilidad compartida de todos los actores políticos y de la sociedad en general para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en México. Así, el informe del ANIE y la reflexión sobre el sistema electoral mexicano se entrelazan, subrayando la importancia de la vigilancia continua y la acción decidida para fortalecer la democracia en México.

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– Becerra Chávez, P. J. (1994). El sistema electoral mexicano: Las reformas de 1994. UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1761/3.pdf.

– Milenio. (2021). La evolución del sistema de elecciones en México. https://www.milenio.com/opinion/rafael-palacios/de-la-utopia-la-realidad/la-evolucion-del-sistema-de-elecciones-en-mexico.

– citaine.mx. (2021). Brevísima Historia de las Elecciones en México. https://citaine.mx/brevisima-historia-de-las-elecciones-en-mexico-hitos-y-cambios-significativos/.

– Acuerdo Nacional para la Integridad Electoral (ANIE). (2024). Tercer Informe de Integridad Electoral. Ciudad de México, México. 20240404_Tercer_Informe_ANIE_-vf.pdf.