Bien común, aquí y ahora (parte II)

«Si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias”. (CIC §1910).

El fin de toda autoridad es propiciar los medios necesarios para que cada una de las personas que están bajo su gobierno pueda alcanzar la plenitud. Para esto se necesita de instrumentos que vinculen adecuadamente al gobernante con los gobernados, a fin de que las acciones que lleve a cabo respondan efectivamente a sus aspiraciones.

El desconocimiento de la estructura básica del estado mexicano, del sistema político que hemos asumido, de los procesos democráticos que lo definen, y, sobre todo, de los valores fundamentales que lo sostienen como nación, trae como consecuencia una sociedad proclive a la manipulación y campo fértil para la polarización y el enfrentamiento estéril, en detrimento del trabajo en pos del bien común.

Existen numerosas mediciones sobre la importancia que conceden los ciudadanos a la cosa pública. Me refiero solamente al Informe 2021 de Latinobarómetro, que nos proporciona información valiosa para tener el marco de referencia adecuado sobre la participación ciudadana.

Un 43% de los mexicanos prefiere la democracia como forma de gobierno y en consecuencia la apoyan, pero solamente 33% de ellos está satisfecho con sus resultados. Sobre la confianza en las instituciones, la que merece mayor confianza es la Iglesia (53%), y la que menos (13%), los partidos políticos.

A estas referencias porcentuales seguramente podemos añadir muy diversos comentarios y análisis que demuestran, entre otras cosas, que para la gran mayoría de los mexicanos la participación en la toma de decisiones es importante, pero los partidos políticos no constituyen un canal adecuado para acceder a la posibilidad de hacerlo.

Para el mexicano común, los partidos políticos no representan ningún beneficio, ni tienen relación alguna con sus intereses individuales o familiares. Si existen o no, les da lo mismo.

No faltan razones para que los ciudadanos califiquen de esta forma a los partidos. Aun cuando no podemos generalizar, es preciso aceptar que la mala actuación de algunos mancha la reputación de todos. Las omisiones de sus dirigentes, la ausencia de los representantes populares de las comunidades que los eligieron, los escándalos que involucran a autoridades, la falta de resultados tangibles en economía, seguridad, salud, educación, hacen que la brecha entre partidos y ciudadanos se amplíe y haga más difícil la búsqueda del bien común.

Han surgido expresiones sociales que menosprecian la existencia de los partidos políticos. Bajo el lema de ‘todos son iguales’ se avanza hacia el ‘que se vayan todos’, surgido espontáneamente en Argentina durante la crisis de 2001, que expresaba el desencanto generalizado de la población por la actuación de los dirigentes (Público 2019). Estos movimientos aprovechan la debilidad de los partidos para atacar al sistema democrático, pero no aportan soluciones. En México hemos visto en los últimos tiempos intentos de este corte, como el de FRENA y otros.

En los sistemas democráticos, los partidos políticos son instrumentos a través de los cuales los ciudadanos pueden acceder a posiciones de toma de decisión. En el sistema político que nos rige, las instituciones partidistas son el instrumento al servicio de los ciudadanos para hacer posible la adecuada comunicación entre estos y las autoridades, y el acceso a posiciones de poder (Sartori 2005, 89-104).

Existe también la figura de las candidaturas independientes, reguladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Libro VII (art. 357-437). Los requisitos legales y los recursos logísticos, financieros, de propaganda y organización que se requieren para llevar a cabo una campaña, hacen extremadamente complicado que este camino tenga viabilidad. Una persona que busque ser candidato independiente debe contar con un aparato de promoción capaz de competir con el de los partidos políticos, que reciben financiamiento público y prerrogativas para ejercer su labor.

Desde 1958 hasta 2021, de los cientos de miles de posiciones que han estado en juego, se han registrado tan solo 15 candidaturas independientes, de las cuales seis han ganado la elección para la que se postularon.

El candidato independiente que resulta ganador, sobre todo en el Poder Legislativo, no mantiene una base de sustentación suficiente para proyectar su trabajo y en la mayoría de los casos termina adhiriéndose parcial o totalmente a un grupo parlamentario partidista.

El sistema electoral mexicano está diseñado para arribar a puestos de representación por medio de partidos políticos, por lo que el espacio que puede llegar a ocupar un legislador independiente es totalmente irrelevante.

Para avanzar hacia el bien común es fundamental la participación tanto del gobierno como de la sociedad, en una colaboración ordenada de acuerdo con las funciones que a cada uno corresponden. Si no existen espacios de diálogo y coordinación entre ellos devienen gobiernos autoritarios que toman decisiones unilaterales y populistas; si no se expresan voces y posiciones que ejerzan un contrapeso democrático ante el gobierno, éste se tornará dictatorial; si no hay participación ciudadana en la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad, no habrá gobierno capaz de hacerlo.

Resulta entonces de primera importancia para quienes compartimos una convicción humanista y cristiana, conocer y utilizar este instrumento que son los partidos políticos, para influir en su mejoramiento y servicio al bien común.

Los partidos políticos pueden ser un cauce de participación adecuada para ejercer un liderazgo cristiano comprometido con las causas de la sociedad.  Aquí y ahora, los necesitamos.