Bullying autoritario a la libertad de expresión
La imagen es poderosa: la Estatua de la Libertad, símbolo universal del derecho a expresarse, hoy parece llevar una mordaza invisible puesta por el propio presidente de los Estados Unidos.
En la era Trump, el “enemigo del pueblo” ya no es un poder extranjero, sino el periodismo mismo.
James Truslow Adams, autor del libro The Epic of America, definía el American Dream como “el sueño de una tierra en la que la vida sea mejor, más rica y más plena para todos, con oportunidades para cada persona según su habilidad o sus logros”. No hablaba solo de riqueza material, sino de movilidad social y libertad personal: un ideal que combinaba prosperidad con justicia.
Hoy, ese sueño está en crisis. Las demandas multimillonarias contra The New York Times y The Wall Street Journal, la creación de plataformas personales como Truth Social y la descalificación sistemática de los medios críticos repiten —con acento americano— el manual que América Latina ha padecido durante dos décadas: desacreditar, dividir y silenciar.
Lo paradójico es que el país que alguna vez fue el faro mundial de la libertad de prensa y del sueño americano hoy necesita aprender de los periodistas latinoamericanos cómo sobrevivir al poder autoritario.
La Sociedad Interamericana de Prensa lo advirtió con claridad:
“La experiencia de los medios latinoamericanos enfrentando la censura, las campañas sucias, el acoso judicial y las presiones económicas ofrece valiosas lecciones a los periodistas de Estados Unidos.”
Por primera vez, el norte necesita mirar al sur para recordar cómo se defiende la verdad.
Del “Foro de São Paulo” a Truth Social: un mismo manual de control
Los métodos cambian, pero el objetivo es el mismo: controlar la narrativa pública.
En México, la llamada Cuarta Transformación ha convertido la Mañanera en púlpito político y tribunal mediático. La prensa crítica se estigmatiza y la publicidad oficial opera como premio o castigo.
En Venezuela, la Ley del Odio consolidó el control informativo; en Argentina, la “democratización” mediática de los Kirchner restringió la independencia periodística; y en Nicaragua, Daniel Ortega erradicó cualquier voz disidente.
En paralelo, Trump reedita la misma fórmula:
- Acusa a los medios de “enemigos del pueblo”.
- Crea canales propios de propaganda (Fox News, Breitbart, Truth Social).
- Judicializa la crítica con demandas multimillonarias.
Mientras tanto, el ecosistema mediático estadounidense se desploma: en 2005 existían 7,325 diarios; hoy sobreviven apenas 4,490, y el empleo periodístico cayó de 365 mil a 91 mil trabajadores.
La pérdida de audiencias, la fragmentación digital y la polarización política han creado el terreno perfecto para el discurso autoritario.
El archipiélago se extiende
Lo he señalado en textos anteriores: América Latina se ha convertido en un archipiélago de autoritarismos funcionales.
Gobiernos que se eligen en las urnas, pero gobiernan bajo la lógica del control narrativo, la impunidad judicial y la intimidación mediática.
Ese archipiélago ahora se expande hacia el norte.
De Caracas a Washington, el fenómeno adopta nombres distintos, pero comparte la misma esencia:
- Autoritarismo electivo: poder elegido democráticamente que restringe libertades.
- Populismo punitivo: uso de la ley y del discurso moral como castigo.
- Neocensura digital: vigilancia institucional disfrazada de “combate a la desinformación”.
- Control narrativo: monopolizar el discurso público y anular el disenso.
La periodista venezolana Luz Mely Reyes lo resumió con crudeza en la última asamblea de la SIP:
“Nadie será premiado por portarse bien.”
La complacencia no garantiza libertad; solo anticipa obediencia.
América ya no necesita dictadores para ponerle mordaza a la libertad.
Le basta un presidente con redes, un Congreso sin contrapesos o un sistema que premie la impunidad.
La Estatua de la Libertad sigue en pie, pero su antorcha se apaga lentamente bajo el mismo yugo que América Latina conoce de memoria: la censura que se disfraza de democracia.
Cuando la democracia muere sin dictador
El caso de Perú demuestra que ya no se necesita un caudillo para destruir una democracia. La presidenta Dina Boluarte fue destituida con apenas 3 % de aprobación, convirtiéndose en la tercera mandataria removida en cinco años.
Su salida no trajo esperanza: solo confirmó que el poder real se ha trasladado a una red de élites políticas y económicas vinculadas con el crimen, la corrupción y las economías ilegales.
El nuevo presidente interino, José Jerí, encabeza un Estado fragmentado donde uno de cada tres peruanos conoce a una víctima de extorsión, y el país produce más coca y oro ilegal que casi cualquier otro en el mundo.
El Congreso, controlado por grupos de interés, ha aprobado las llamadas “leyes pro-crimen”, diseñadas para proteger a los suyos y debilitar a la justicia.
El investigador Will Freeman, del Consejo de Relaciones Exteriores, lo define con precisión:
“El poder en Perú ya no está dentro ni fuera del Estado, sino en los márgenes donde ambos se confunden.”
En esas zonas grises, las mafias, los caciques y las redes políticas dictan su propia ley, y las libertades se desvanecen sin necesidad de un dictador.
Esa es la nueva cara del autoritarismo: más difusa, más rentable y, sobre todo, más difícil de combatir.
El continente que alguna vez prometió refugio a “los cansados, los pobres y las masas que anhelan respirar libres” empieza hoy a contener el aliento.
El sueño americano, como tantos otros ideales, también puede asfixiarse bajo su propia mordaza.
