México: Repaso de avances en materia electoral. Parte I

No pretendo en este artículo profundizar sobre la iniciativa, más bien hacer una relatoría general sobre las reformas electorales que se sucedieron a finales del siglo XX, para tener un mejor marco de referencia que permita juzgar en su amplitud lo que ha implicado la transición a la democracia y lo que esta reforma puede significar.

Hay que decir que, si bien hubo reformas electorales anteriores a 1988, el parteaguas que significó la elección presidencial de ese año marca indiscutiblemente el inicio de la transición a la democracia. Por otra parte, los acontecimientos de 1968 –el movimiento estudiantil- y de 1985 -el gran sismo en CDMX- son muestra del incipiente despertar ciudadano que sin duda abonó a que el cambio iniciara en el terreno legal.

Las elecciones en México hasta antes de 1988 eran una simulación que pretendía legitimar la permanencia hegemónica del PRI en el poder. Las heroicas campañas de la oposición –fundamentalmente del PAN– fueron sistemáticamente apagadas por el aparato gubernamental, siendo sin embargo, testimonio de participación cívica que también contribuyó a que el régimen aceptara que el modelo no daba para más.

Como antecedentes a la reforma de 1988 podemos mencionar la de 1963, en la presidencia de Adolfo López Mateos, que incorporó la figura de los ‘diputados de partido’, o primera minoría, permitiendo a la oposición una presencia en la Cámara de Diputados de hasta de veinte representantes.

En 1977 hubo otra reforma, derivada de la campaña presidencial del año anterior, en la que el candidato oficial no tuvo competidor. La crisis de legitimidad del sistema provocada por la solitaria campaña de José López Portillo dejó al régimen en una situación políticamente insostenible.

Jesús Reyes Heroles, entonces Secretario de Gobernación, impulsó una reforma para abrir el sistema político a fin de que hubiera participación de la oposición, y canalizar así el creciente descontento ciudadano. Algunos de los elementos que introdujo esta reforma fueron la legalización de nuevos partidos, la incorporación de la representación proporcional y el acceso de la oposición a los medios de comunicación, entre otros.

Sin embargo, el gobierno siguió siendo el organizador de las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación; controlaba el padrón electoral, los tiempos de radio y televisión, la elaboración del material electoral, la ubicación de casillas, el cómputo de los votos. El Secretario de Gobernación, entonces Manuel Bartlett, fungía como presidente de la Comisión Federal Electoral.

La tristemente célebre ‘caída del sistema’ ocurrida la noche de la elección del 6 de julio de 1988, provocó la reacción de los candidatos de oposición –Cuauhtémoc Cárdenas (FDN), Manuel Clouthier (PAN) y Rosario Ibarra de Piedra (PRT)– apoyados por la sociedad civil. El burdo fraude electoral consumado en esa elección enterró la hegemonía priísta y abrió la puerta a la participación plural en la definición de las reglas del juego electoral.

Desde entonces, cualquier reforma electoral en México es necesariamente producto de negociación, presión y contrapeso entre gobierno y oposición. Independientemente de los cambios habidos en la reforma que sucedió a esos acontecimientos, la participación real de todos los actores políticos en la discusión, negociación y aprobación de las reformas ha sido puntal de la consolidación democrática.

¿Qué cambió en México después de 1988?

Sin lugar a duda, el punto desde el que partió el diseño de la reforma electoral que se concretó entre 1989 y 1990 fue el reconocimiento por parte del gobierno de la necesidad de quitar al Poder Ejecutivo el control directo de las elecciones.

De ahí partieron los diálogos y discusiones que confluyeron en la aprobación de las reformas:

• Creación del Instituto Federal Electoral (IFE), como organismo encargado de organizar las elecciones, retirando así a la Secretaría de Gobernación la función de conducir los comicios.
• Incorporación de consejeros ciudadanos a la autoridad electoral. Aunque el Presidente del Consejo General (del IFE) era el Secretario de Gobernación –entonces Fernando Gutiérrez Barrios- se nombraron seis consejeros magistrados, sin filiación partidista, y representantes del Poder Legislativo y de los partidos con voz y voto.
• Actualización del padrón electoral. El padrón de electores era resguardado por el gobierno, y pasó a ser un instrumento especializado dentro del IFE. Esto permitió una mayor transparencia en el manejo de los datos personales de los electores. Se inició también el proceso que culminó con la expedición de la nueva credencial para votar con fotografía, en 1992.
• Aumento de participación de los partidos políticos en la vigilancia del proceso electoral. La presencia de los representantes de los partidos en el Consejo General, con voz y voto, permitió la discusión abierta y los acuerdos que propiciaron mayor confianza de los electores en las elecciones.

Todas estas modificaciones fueron producto de grandes discusiones entre el gobierno y los partidos políticos, que asumieron el lugar protagónico que corresponde a la oposición: ser contrapeso, vigilante, representante de las exigencias ciudadanas, para lograr los consensos necesarios.

Los cambios se plasmaron en la reforma constitucional de 1990 que modificó el artículo 41 de la Constitución para establecer que la organización y vigilancia de las elecciones federales sería responsabilidad de una autoridad autónoma, no de la Secretaría de Gobernación.

Con base en esa reforma, se sustituyo la antigua Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) vigente hasta entonces, por el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE). Este ordenamiento legal fue objeto de muy diversas modificaciones, hasta ser sustituido en 2014 por una nueva versión.

(continuará)