La aspiración a la democracia fue surgiendo como consecuencia de la común dignidad de los hombres, la cual los iguala. Esta vino a ser, en el fondo, la causa por la que los reyes y la aristocracia derivada de la cuna, la sangre azul, otorgaba privilegios políticos, económicos, sociales y culturales a una élite, mientras el resto de los integrantes de esa sociedad eran marginados y puestos al servicio de aquellos.
Si la cuna no daba el derecho a ocupar una posición de privilegio por encima de los demás, mediante el ejercicio de las distintas formas de poder, había que buscar, entre otros, caminos y medios diferentes para legitimar el medio mediante el cual se accediera y ejerciera la autoridad política. Pero se trataba de ir más allá: evitar que la autoridad se ejerciera de tal manera que quien estaba al frente del Estado, abusara de su poder.
Adicionalmente, se trataba de retornar a la concepción del ejercicio de los cargos públicos como un servicio, que para unos era el bienestar de las mayorías, el bienestar general o, incluso, el bien común.
Todo ello requería de un soporte teórico que se fue dando a través del tiempo, con mayor o menor acierto, por teóricos de la política y por políticos en ejercicio del poder. Para ello, por desgracia, se desechó a los filósofos de la política y se privilegió a los pragmáticos herederos de El Príncipe de Maquiavelo. Y, lamentablemente, se consideró a éste el padre de la Ciencia Política en tanto que generaba un conjunto de “recetas”, con su correspondiente explicación, que servían para inspirar a quien buscara el poder o para conservarlo, según fuera el caso.
Sin embargo, resultó inevitable retomar de los antiguos pensadores conceptos que servirían para la organización. Montesquieu retomó de las características propias de quien ejerce el mando: legislar, administrar y juzgar, la idea de constituir los pilares del ejercicio del poder en un Estado Democrático: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Se buscaba impedir la concentración del poder y realizar un equilibrio para el beneficio del Estado. La propuesta parecía sensata y se adoptó en muchos países.
El asalto al poder
Lo que aparente parecía sencillo, a pesar de la literatura precedente que había abordado la problemática y los fines del Estado, el siguiente paso consistía en determinar quiénes y por qué iban a ocupar la titularidad de esos tres poderes. Y la respuesta fue: mediante procesos democráticos para elegir a los legisladores, a la cabeza del poder ejecutivo (como se llamara) y a los jueces.
Se han concebido distintas formas de gobierno a partir de estas ideas, repúblicas presidencialistas, sistemas parlamentarios, monarquías parlamentarias, etc. Pero más allá de estos elementos, se adoptaron procesos de elección en los que algunos o todos elegían, directa o indirectamente, a legisladores y autoridades ejecutivas, en tanto que a los jueces, al menos a las cabezas del sistema, lo elegían, de un modo o de otros, los otros dos poderes. Esto último se entendía como una elección democrática indirecta. Esta limitante se estableció en tanto que juzgar requiere profesionales conocedores del derecho, capaces de interpretar las leyes con imparcialidad, prudencia y justicia. En cierto modo, y de entrada, se establecía implícitamente que debía de tratarse de personas sabias y virtuosas, cosa nada fácil.
En cuanto a los procesos electorales se han definido numerosas formulas y mecanismos, pero, en general, al menos en el mundo occidental, se requirió un sistema de partidos políticos, con declaraciones de principios y programas de acción y de gobierno que presentarían a los electores para que los ciudadanos, tras el estudio de los mismos, optaran por el que consideraran el mejor. Esa era la teoría.
En la práctica, la lucha por el poder se realiza en un verdadero asalto al poder, con la complicidad de los electores, a través de procesos mercadológicos donde se ofertan acciones gubernamentales como si fueran mercancías, obras públicas, inversiones, servicios, subsidios, empleos, una sana economía, orden público, paz, etc.
Como si se trata de un mercado y los electores los clientes, se busca presentar personajes atractivos, grandilocuentes, previamente maquillados y con discursos fascinadores, acompañados de canciones pegajosas que no dicen nada, o sustentados sobre el eficaz, honesto y beneficioso ejercicio del poder de quien procedente de la misma fuerza política o realizando un supuesto buen gobierno. También se vale demostrar, por la oposición, lo mal que ha gobernado el partido en el poder, a quien hay que sustituirlo. Una de las virtudes de la democracia, se dice, es que así como se elige a unos, cuando gobiernan mal, se les sustituye por otros.
Muchas de las campañas políticas se sustentan en la premisa de que los ciudadanos son ignorantes en materia política y otras cosas más, por lo que hay que mentir en lo que se juzga y en lo que se promete, desprestigiando la oferta contraria, apelando a los sentimientos e intereses de los interlocutores en los distintos momentos y escenarios, de tal suerte que en un lugar se dice una cosa y en otro lo contrario.
En pocas palabras, pese a las bondades de la democracia, los políticos que son primeras figuras en el escenario, se encargan de deformarla mediante todos los recursos de manipulación que se han desarrollado en el mundo moderno, recurriendo, incluso, a la amenaza y la compra de votos ofreciendo un beneficio inmediato a quien poco espera del mediano y largo plazo, ya que nunca obtiene lo prometido.
Pero no toda la culpa es de los políticos. Los ciudadanos somos responsables y cómplices cuando nos dejamos guiar por las superficialidades, por los beneficios particulares que se piensa alcanzar, sin ver más allá, en el futuro del país.
Entre un proyecto de gobierno y un proyecto de Nación
En el mundo ideologizado que nos ha tocado vivir, es importante distinguir entre un proyecto de gobierno, que reconoce las leyes que rigen al país, que conoce las limitaciones que impiden el desarrollo personal y social, que reconoce las fuerzas y recursos con que cuenta y ofrece como administrarlos para lograr el bien común, perfeccionando lo que ya es la Nación, como producto de su historia, de lo que es un proyecto de Nación.
Quienes ofrecen proyectos de Nación suele suceder que desconocen y desprecian lo que ya es la Nación en su presente y buscan cambiarla, no perfeccionarla, a partir de modelos de ideologías que, por principio, son extrañas a la misma ciudadanía. Suelen ser copias utópicas de la organización de otros Estados, y no necesariamente las mejores. Esos proponen la demolición de lo actual y ofrecen castillos en el aire que no se llegan a realizar, pero que en el intento conculcan derechos, cancelan libertades, sumen en la ignorancia, alientan la violencia y empobrecen al pueblo. La conclusión de estos proyectos pasa y culmina en la destrucción de la democracia, aunque se hayan valido de ella para destruir a la Nación. ¡Mucho cuidado!
