De acuerdo a las leyes que rigen a nuestro país, específicamente la ley suprema, es decir la Constitución Política en el artículo 49 establece la división de poderes, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el primero de ellos integrado por la cámara de diputados y senadores, este poder en términos generales se encargará de la realización y vigilancia de las normas que adquieren el rango de ley. Por su parte el poder ejecutivo se depositará en el presidente de la República, quien de alguna manera administra al país, ejecuta y vigila el cumplimiento de las leyes. Finalmente, el poder judicial está integrado por la Suprema Corte de Justicia, un tribunal electoral, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, de apelación y juzgados de distrito, y son los responsables de aplicar la ley. Al respecto del último poder el presidente Andrés Manuel López Obrador ha formulado una reforma, que ha levantado polémica en la sociedad y en los estudiosos del derecho por las implicaciones que tiene.
La propuesta presentada en febrero del presente año, de acuerdo a información de las páginas oficiales tienes 4 objetivos:
1.- Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2.- Elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces.
3.- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.
4.- Nuevas reglas procesales.
Respecto al punto número 1 se hace la propuesta de reducir el número de magistrados, actualmente son 11 los que integran la SCJN, de los cuales se pretende solo sean 9, así como el número de años en el cargo, de 15 a 12, eliminar la pensión vitalicia y los topes de remuneración.
El punto dos es el que mayor controversia a generado, pues se pretende que los Ministros, Magistrados y Jueces, sean electos en elecciones ordinarias. Para las candidaturas a la SCJN se harán propuestas de los tres poderes, 10 del ejecutivo, 10 del legislativo y 10 del judicial.
En el punto número tres referente a la sustitución del consejo de la judicatura, se pretende la operación de un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial.
Finalmente, respecto a las nuevas reglas procesales, se propone reducción de términos, para la resolución de asuntos fiscales y penales, entre otros.
Ahora bien, ¿por qué ha causado tanto revuelo la reforma propuesta? Podemos encontrar diversas posturas que complican la comprensión de la misma. Por una parte la percepción de que la justicia no se imparte de manera equitativa, la sociedad cansada de que no se aplique la ley conforme a derecho o en beneficio de quienes cometen delitos, el hartazgo por la violencia que no cesa y que se queda impune. Por otra parte la narrativa reiterada del partido oficial por eliminar los privilegios que se tienen como las pensiones vitalicias, que han fomentado la corrupción, tema que han sabido posicionar entre sus simpatizantes, pues este punto es el que defienden y en el que se focalizan, “no mas privilegios”, otro eje importante y que tanto se ha cuestionado es la elección popular de los Ministros, Magistrados y Jueces, pues en la operatividad parece bastante costoso e inoperante, dando pie a la politización, además de los cuestionamientos a la independencia judicial, como principio que rige la división de poderes que caracteriza a los sistemas democráticos.
Veamos pues algunos números, Elegir de 30 candidatos a 9 para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera parecer relativamente fácil, esto sin contar los procesos de selección de candidatos (perfiles adecuados y con la preparación técnica necesaria) y las campañas que contemplan espacios controlados en radio y televisión, pero que en la realidad parece poco para que la ciudadanía pueda conocer a fondo los perfiles y así tomar las mejores decisiones a la hora de emitir el voto. Además ya en el aterrizaje de las campañas seguro que estos candidatos buscarán vínculos humanos y financiamiento para alcanzar su objetivo, barrera que impedirá que sean imparciales a la hora de juzgar, pues seguro que tendrán compromisos y buscaran la simpatía de los electores.
Ahora bien, lo retador estará en la elección de magistrados y jueces, pues bajo este planteamiento inicial tendremos que elegir de cientos de candidatos, a muchos de los cuales seguramente no conoceremos, surge la duda del diseño de las boletas en las que deberán aparecer de manera legible todos los candidatos.
Se habla también de los costos que implicará la realización de esta jornada, pero sobre todo de los riesgos que conlleva como la politización de las candidaturas, el impulso a la corrupción. Recientemente la DEA advirtió sobre la posible intervención del narco en la elección de estos jueces y magistrados.
Pues bien, habrá mucho que reflexionar y estudiar, sin duda es importante reformar los sistemas de justicia Mexicana, revisar los procesos y los tramites, simplificar haciendo uso de nuevas tecnologías, los tribunales siguen siendo inaccesible para muchos, sobre todo para aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables, pero la propuesta tal como se presenta hoy pone en riesgo la función técnica profesional, de quienes imparten la justicia. Consultar a los expertos y actuar con prudencia, dejar un espacio a la reflexión y ver la experiencia de otros países nos ayudará a ser consientes del riesgo que supone la aprobación de dicha reforma tal como esta planteada.
Referencias:
(S/f). Gob.mx. Recuperado el 19 de junio de 2024, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892010/REFORMA_AL_PODER_JUDICIAL__2_CS.pdf
