Mucho se ha visto y escrito sobre el proceso electoral en que el país está inmerso. Sin lugar a duda, es un proceso muy complicado. Demasiadas muertes de candidatos: desde diciembre 2023 hasta abril del 2024 se han asesinado a 24 candidatos en la república (El Universal, 29 de abril de 2024); es notoria la infiltración del crimen organizado en el proceso; un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabajando abiertamente por la candidata de MORENA, sin importar los señalamientos de que su renuncia y actuación, están fuera de la ley; partidos políticos, candidatas(os), arrojándose lodo, acusándose de corrupción; financiamiento de campañas por los gobiernos federal y estatales alineados al partido oficial, fuera del contexto legal; ataques constantes al árbitro electoral (INE); y muchas dudas sobre la imparcialidad de la titular de esta dependencia.
En esta circunstancia, no recuerdo haber visto, en los procesos electorales en los que como elector he participado (ya son más de cinco décadas) un ambiente tan enrarecido; a veces siento que estamos viviendo en un medio tan volatil que una chispa pueda causar una explosión, a nivel regional o inclusive nacional.
Lo más parecido a lo que hoy vivimos fue la sucesión de Luis Echeverria Álvarez. En ese tiempo se hablaba, inclusive, de un posible autogolpe de estado. Pero entonces, el horizonte no pintaba tan malo; el sucesor no parecía tener la misma línea de Echeverria.
Efectivamente, López Portillo se presentaba como un moderado, aunque otro fue el resultado de su gestión. En un principio el electorado no percibió un peligro de seguir una ruta marcadamente populista/socialista. De hecho, fue el único candidato presidencial en la boleta electoral.
También en ese tiempo la iglesia manifestó su preocupación, especialmente por el giro en la política educativa, la intervención del estado en la economía, el asesinato de uno de sus principales líderes (Eugenio Garza Sada); pero lo hizo de una manera moderada porque el marco jurídico era más estricto: ni siquiera se le reconocía personalidad jurídica.
Ahora la Iglesia tiene un papel más activo. La Conferencia del Episcopado Mexicano preparó el documento “Compromisos por la paz”, sobre la violencia y necesaria pacificación del país; lo presentó a los candidatos y los invitó a suscribirlo con el compromiso de que, de llegar a la presidencia, los atenderían.
La candidata de Morena le hizo algunas acotaciones porque, argumentó, no compartía el diagnóstico. La de oposición abiertamente aceptó el documento y se comprometió a seguir las líneas generales del mismo.
En este orden de ideas, Monseñor Castro y Castro, secretario General de la CEM, ha presentado documentos y difundido videos en los que manifiesta su preocupación por la situación de violencia que se vive en México; e invita a votar a la ciudadanía -en especial a los católicos- este 2 de junio.
También circulan en las redes videos en los que sacerdotes invitan a no votar por quienes están por no hacer nada ante la violencia. En este contexto, se encuentra el Cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez.
La Iglesia ha sentido el deber de hacer algo por frenar la violencia que ha cobrado la vida de 187 mil personas, la desaparición de más de 50 mil y la sosobra de muchísimos mexicanos que tienen que pagar “derecho de piso”, lo que podrían ocasionar un conflicto con este gobierno.
También hay que recordar que la Iglesia ha sido afectada de la violencia. Entre las víctimas se encuentran sacerdotes muertos a manos de criminales; y el último evento, a fines de abril de este año: el raro secuestro del obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, sin conocer exactamente los motivos.
Esta hipótesis parecería la más cierta; más ahora que, recientemente, el propio presidente minimizó la difusión de la famosa camiseta con el rostro de la santa muerte y el mensaje de que…un verdadero hombre no habla mal de AMLO.
Se dio a conocer en redes sociales y en diversos medios, que algunos morenistas reprobaron el hecho; a esto se añadió el sacrificio de una gallina -dentro del Senado de la República-, dizque para pedir las lluvias, alegando de que se trataba de un ritual prehispánico. Estas acciones abrieron las puertas a más especulaciones sobre el tipo de personas y sobre todo sus ideas -posiblemente satánicas- que participan en la 4T.
Por todo esto, la iglesia tiene el deber de dar a conocer su punto de vista; la doctrina social de la iglesia es diáfana en proponer como fines de la política el respeto a la dignidad humana y la búsqueda del bien común; tanto la sociedad como el gobierno están obligados a actuar unidos para su consecución.
Queda claro que esta gestión de gobierno no va en el camino correcto: un presidente que se pasa enfrentando a los diversos sectores de la sociedad, que privilegia acciones populistas para ganar electores, que utiliza la política educativa para conducirnos a un gobierno socialista no puede ser aceptado; tampoco puede ser aceptado cuando hemos perdido el sentido de la verdadera paz, que no es otra cosa que la tranquilidad dentro del orden.
Por todo esto se requiere una posición más afirmativa de la Iglesia y los seglares en la promoción y defensa de la doctrina social de la iglesia, sin actitudes pusilánimes, porque, de continuar este tipo de gobierno la sociedad va a perder libertad y seguridad. Sin ellas caminaremos al precipicio, donde no sabremos cómo salir y perderemos nuestros derechos y libertades.
