La gesta de las conciencias

El Umbral de una Ruptura Histórica

Por primera vez desde 1521, las iglesias de todo el territorio suspendieron el culto público. Las campanas, que por siglos habían pautado el ritmo de la vida cotidiana, el nacimiento, el duelo y la fiesta comunitaria, enmudecieron por completo. 

No fue un acto de clausura física; fue la respuesta extrema, dramática y profundamente meditada de nuestros obispos frente a la entrada en vigor de un decreto penal que pretendía subordinar la conciencia y la jurisdicción eclesiástica al arbitrio de un Estado centralizador.

La visión estrictamente militarista de este acontecimiento deja de lado una de las gestas más luminosas, tenaces y civilizadas del siglo XX mexicano: la resistencia cívica, pacífica y organizada que se libró en ciudades, barrios y en el seno de las familias. 

En este frente, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) desempeñó un papel indispensable. Ante al asedio del laicismo radical y la inminente fiscalización ideológica de las aulas, nuestros antecesores no optaron por el repliegue ni por la sumisión; por el contrario, entendieron que la defensa de la libertad de creencias era indisociable de la defensa de la libertad de enseñanza. 

Al vaciarse los templos, el 31 de julio de 1926, la UNPF asumió la histórica encomienda de trasladar la escuela al reducto soberano del hogar. En este artículo nos proponemos a rescatar las acciones coordinadas por aquella generación de padres de familia, que hicieron posible sostener el tejido social en medio de la persecución y que son pilares fundamentales para el ejercicio de la libertad religiosa y la consolidación de una verdadera cultura democrática.

El Asedio a la Libertad de Enseñanza

Para comprender la magnitud de los acontecimientos que eclosionaron en el verano de 1926: la Constitución de 1917, incorporó un esquema de laicismo restrictivo y punitivo, particularmente en sus artículos 3°, 27 y 130; el artículo 3° prohibía terminantemente a las instituciones religiosas y a los ministros de culto dirigir o impartir educación primaria; el artículo 27 retiraba la personalidad jurídica a las iglesias para poseer bienes raíces, nacionalizando los templos; y el artículo 130 negaba al clero sus derechos políticos elementales, tratándolos de facto como ciudadanos de segunda categoría subordinados a las directrices de la autoridad civil. 

Bajo la administración de Álvaro Obregón, la aplicación de estos preceptos constitucionales se mantuvo en un estado de «modus vivendi», debido a la necesidad del gobierno de consolidar su legitimidad. No obstante, la llegada a la presidencia de Plutarco Elías Calles en 1924 rompió este frágil equilibrio. 

Calles, imbuido de la masonería y bajo un jacobinismo rígido, concebía a la educación como un monopolio exclusivo del gobierno para la formación del «nuevo ciudadano revolucionario», por lo que decidió reglamentar las disposiciones constitucionales que permanecían laxas. El punto de ruptura definitivo se alcanzó el 2 de julio de 1926 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Reformas al Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de culto religioso y disciplina externa, bautizada por la sociedad como la «Ley Calles».

Este ordenamiento, además de reiterar las prohibiciones de 1917, les asignaba penas corporales y multas severas. Se decretó la expulsión inmediata de sacerdotes extranjeros, la clausura de conventos y asilos, la prohibición estricta de usar vestimentas religiosas fuera de los recintos y, de manera alarmante para las familias, la persecución penal de cualquier director o maestro que impartiera nociones morales o dogmáticas en escuelas particulares. 

El elemento más intolerable de la ley fue la exigencia de que todos los sacerdotes se registraran ante las autoridades civiles para obtener una licencia de ejercicio, otorgando al Estado la facultad de decidir cuántos ministros eran «necesarios» y quiénes podían oficiar. Ante lo que consideraban una intromisión inaceptable en su estructura íntima, el episcopado mexicano, con la autorización expresa del Papa Pío XI, emitió una Carta Pastoral, el 25 de julio de 1926. En ella anunciaban que, ante la imposibilidad de ejercer el ministerio sagrado sin someterse a la degradación de la ley civil, se suspendía el culto público en toda la República a partir del último día de ese mes.

Durante las jornadas previas al 31 de julio, las iglesias mexicanas presenciaron escenas de honda consternación. Cientos de miles de madres y padres de familia acudieron en masa para bautizar a sus hijos menores, celebrar matrimonios religiosos pendientes y recibir los sacramentos de la confesión y la eucaristía. Al caer la noche de aquel histórico sábado, los sacerdotes consumieron las hostias consagradas, retiraron el Santísimo Sacramento de los sagrarios, apagaron las lámparas votivas y despojaron los altares. Los templos quedaron físicamente abiertos, pero jurídicamente mudos, entregados a juntas de vecinos impuestas por el gobierno para inventariar sus bienes. El culto católico en Mexico había sido empujado al destierro dentro de la propia patria.

La Reestructuración de la UNPF y la Estrategia de los «Hogares-Escuela»

Es precisamente en este escenario de desolación e incertidumbre donde emerge con toda su fuerza, la inspiración y fuerza de la Divida Providencia, y el genio organizativo de la sociedad civil. La Unión Nacional de Padres de Familia no era una advenediza ni improvisada en la palestra pública; había sido fundada el 27 de abril de 1917 como Asociación Nacional por un grupo de laicos con presencia territorial en todo el país a través de nuestros comités rurales, decididos a combatir los excesos del gobierno. Sin embargo, intuyendo la gravedad de la tempestad que se avecinaba, la organización convocó en junio de 1926 a su Primera Asamblea Nacional. En este histórico foro se tomaron dos determinaciones de alta trascendencia. La primera fue de carácter identitario: se modificó y se optó por cambiar al nombre original y cambiar de Asociación por el de Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). Este cambio buscaba centralizar los mandos, unificar de manera orgánica a las uniones y comités estatales que operaban de forma dispersa, y construir un bloque central con representatividad nacional. La segunda fue de carácter político: desmarcarse nítidamente de los comités de tutores y consejos escolares que la naciente Secretaría de Educación Pública (SEP 1921) pretendía imponer desde el Estado para vigilar las escuelas privadas. La UNPF se autodefinió como una institución plenamente autónoma, emanada de la sociedad y con la soberanía necesaria para defender la patria potestad.

Al entrar en vigor la suspensión, la UNPF activó de inmediato sus planes de contingencia pedagógica y civil. El reto era mayúsculo: el gobierno callista envió a inspectores escolares a revisar minuciosamente cada colegio particular para clausurar aquellos que mantuvieran crucifijos, imágenes sagradas o que dedicaran minutos a la oración o la enseñanza de la moral cristiana. La respuesta de nuestros antecesores fue audaz y sumamente técnica: crearon la red clandestina de los «Hogares-Escuela». Bajo esta resistencia, las salas, los comedores, los patios y los sótanos de las residencias particulares de las familias asociadas a la UNPF se transformaron, de la noche a la mañana, en aulas de estudio improvisadas. Los maestros que habían sido expulsados de los colegios católicos clausurados acudían a estas casas para impartir clases a grupos reducidos de niños. La UNPF en conjunto con directivos de escuelas y docentes de buena voluntad, se encargaron de diseñar guías de estudio compactas, distribuir materiales pedagógicos de manera discreta y estructurar sistemas de evaluación que permitieran a los alumnos mantener el ritmo académico oficial. De este modo, la persecución en todo el territorio no logró interrumpir la formación de las nuevas generaciones; al contrario, el hogar se ratificó en los hechos como el último reducto inexpugnable de la libertad de conciencia.

En paralelo, el cuerpo de juristas de la UNPF —integrado por mentes preclaras del derecho mexicano como Manuel de la Peza y Francisco G. de Arce, Miguel Palomar y Vizcarra entre otros— diseñaron un andamiaje de defensa jurídica. Tramitaron cientos de juicios de amparos contra los abusos de la SEP y asesoraron a las congregaciones religiosas y directivos escolares para reorganizar la propiedad y administración de las escuelas privadas. Muchos planteles lograron sobrevivir a la expropiación civil apoyándose de colaboradores y padres de familia laicos, quitando al gobierno el pretexto de que se trataba de propiedades de la Iglesia. El éxito de la UNPF durante los convulsos años que siguieron a 1926 no se habría alcanzado de forma aislada. Las alianzas estratégicas fundamentales que enriquecieron la naturaleza cívica del movimiento que se dio con la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR), fundada en marzo de 1925 como una plataforma paraguas destinada a unificar las demandas políticas y legales de todas las agrupaciones del laicado católico: Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), Damas Católicas, Caballeros de Colón, y cientos de asociaciones más. La UNPF se integró a este bloque de defensa nacional. Esta complementariedad generó una perfecta división del trabajo civil: haciendo posible la realización de una de las mayores hazañas de movilización cívica del México contemporáneo: la recolección de firmas para el Memorial de Reforma Constitucional, en septiembre de 1926. Integrantes de la UNPF y otras agrupaciones recorrieron los barrios de las ciudades casa por casa, recolectando de manera pacífica y bajo un clima de constante asedio policiaco más de dos millones de rúbricas ciudadanas. Este documento representaba una exigencia legal y formal ante el Congreso de la Unión para modificar los artículos anticlericales de la carta magna. Aunque el Poder Legislativo rechazó el Memorial con desdén cínico, argumentando tecnicismos de forma, la cruzada de las firmas demostró la capacidad de la sociedad civil para actuar por las vías institucionales y pacíficas antes de que el conflicto derivara irremediablemente en la violencia armada.

Asimismo, las madres de familia de la UNPF se convirtieron en las operadoras cotidianas del “boicot económico” propuesto por la Liga. Ellas, que administraban el presupuesto del hogar, ejecutaron con disciplina la consigna de reducir el consumo familiar a lo estrictamente indispensable, limitaron el uso del transporte y se abstuvieron de adquirir artículos de lujo en comercios que simpatizaban con la política callista. Esta parálisis comercial en las urbes del centro y occidente demostró la fuerza del poder de compra ciudadano como herramienta de presión política.

La segunda alianza crucial de la UNPF se tejió en el ámbito regional con la Unión Popular (UP) de Jalisco, un extraordinario movimiento cívico de masas fundado por el eminente joven entusiasta abogado e intelectual laico Anacleto González Flores. El «Maestro Cleto», como era llamado con profunda reverencia, poseía una visión del catolicismo social y de la resistencia pacífica activa fuertemente influenciada por las gestas cívicas europeas y el pensamiento de la no violencia. La convergencia entre la UNPF y la Unión Popular fue inmediata y total, pues ambos movimientos colocaban a la soberanía de la familia y al derecho natural de los padres sobre la educación como principios anteriores y superiores.

En las zonas donde la persecución del ejército federal fue más cruenta, la UP y la UNPF operaron de manera conjunta el blindaje de los planteles clandestinos. La Unión Popular proveía los cuadros de maestros de una profunda mística de servicio y distribuyera de forma oculta guías de estudio, mientras que las familias de la UNPF arriesgaban su patrimonio y seguridad facilitando las casas de seguridad escolares. Además, la estructura de la UNPF fue el vehículo idóneo para la distribución masiva del periódico clandestino Gladiador y otros folletos informativos editados por la UP, los cuales resultaban indispensables para mantener la cohesión moral, orientar las acciones cívicas y evitar que las familias urbanas cayeran en las provocaciones violentas de la policía secreta.

Libertad Religiosa y Cultura Democrática

Al volver la mirada a los sucesos que comenzaron aquel 31 de julio de 1926, el balance histórico nos arroja lecciones aún vigentes en la actualidad.

Los beneficios de la participación de los padres de familia, coordinados con otras expresiones genuinas de la sociedad civil, no se limitaron a la preservación en el ámbito religioso, sino también en el tema educativo; el beneficio mayor fue la siembra y consolidación de una auténtica cultura democrática en nuestro país.

Esta no se redujo al acto esporádico de depositar un voto en las urnas, ni al diseño de estructuras electorales; la democracia es, fundamentalmente, la existencia de una sociedad civil robusta, consciente de sus derechos y capaz de erigirse como un contrapeso pacífico pero firme ante los excesos del poder público.

Cuando los padres de familia de 1926 se organizaron para recolectar firmas, tramitar amparos y sostener escuelas en sus propios hogares, estaban ejerciendo una ciudadanía activa. Estaban enseñando a sus hijos, con el testimonio cotidiano del riesgo y el sacrificio, que las libertades no se mendigan al Estado: se ejercen y se defienden. El ejercicio pleno de la libertad es uno de los termómetros más precisos de la calidad democrática de una nación. 

Esta libertad no consiste meramente en la «tolerancia de cultos» (que era la reducida visión de Plutarco Elías Calles y la masonería jacobina que aún persiste en nuestros días).

La verdadera libertad religiosa implica el derecho de los creyentes a proyectar sus valores e ideales morales en la plaza pública, a manifestar sus convicciones en la vida civil y, de manera irrenunciable, a educar a sus hijos conforme a sus principios éticos y espirituales sin interferencias ideológicas de los gobiernos en turno.

Hoy, a cien años de distancia, la UNPF mantiene intacta su vocación originaria. Los desafíos han cambiado, pero la esencia de la disputa permanece idéntica: la pretensión de desplazar a la familia de su rol insustituible educadora de la niñez. El mejor homenaje que podemos rendir es asumir nuestra propia responsabilidad histórica. Nos toca a nosotros, los padres de familia del presente, sostener encendida la forja de la participación cívica, vigilar con mirada crítica las políticas educativas de nuestro tiempo y seguir construyendo, desde el aula y desde el hogar, un México verdaderamente libre, plural y democrático.