La dictadura de la cultura de la muerte
Las consecuencias que habrían de venir con la introducción de la píldora anticonceptiva como un recurso habitual de los esposos para evitar la concepción de un hijo, y sobre las que advirtió el Papa Paulo VI en la encíclica Humanae vitae, se han cumplido. A ello contribuyó, también, la revolución sexual de los sesentas, donde las relaciones sexuales se liberalizaron al extremo. También hicieron su aporte los neomaltusianos, entre ellos el Club de Roma, quienes a partir de supuestos estudios “científicos” amenazaron al mundo con advertencias del peligro que representaba la explosión demográfica para la humanidad.
En la Humanae vitae se advertía que al no ser cien por ciento segura la píldora, la mentalidad antinatalista que iba aparejada a ella, derivaría en el incremento de los abortos de los hijos no deseados, resultante de dichas fallas. Como el aborto siempre había sido castigado en los códigos penales, desde la revolución feminista se empezaron a invocar “derechos” sobre el libre uso del cuerpo, que incluyó el derecho al aborto.
Como la mentalidad general no estaba preparada para asumir de golpe dicha demanda, desde los organismos internacionales, particularmente la ONU. En un lapso relativamente corto, se pasó de considerar que, el respeto por la vida humana es la base de todas las sociedades humanas, que la familia es la unidad básica de la sociedad y debe ser protegida mediante leyes y políticas apropiadas en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo en 1974, el señalamiento de la “salud sexual y reproductiva” en la reunión de El Cairo en 1994, que además de la promoción de políticas de control natal serviría para enmascarar la opción del el aborto.
El programa de acción de la Plataforma de Beijín, después de una ardua batalla por la defensa de la vida, se introdujeron expresiones contradictorias sobre el tema del aborto, pues aunque se declaraba que el aborto no debería considerarse como método de planificación de la familia, después de enfatizar sobre los peligros del aborto en condiciones no seguras, se abría la puerta para que se hicieran cambios sobre el mismo en las legislaciones locales, y benévolamente se agregaba: “En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas.” Y agregaban la necesidad de “analizar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales”. A partir de entonces, la oleada de despenalización del aborto inundó al mundo.
La insistencia e interpretación de las declaraciones no vinculantes de algunos documentos de la ONU, como si fueran obligatorias a favor del aborto, han sido impulsadas desde los Estados Unidos y la Unión Europea, forzando a los países que se oponen al mismo tanto con represalias económicas y políticas. Este tema ha sido motivo de debates en la ONU, que, reinterpretando la concepción de los derechos humanos, ahora se pretende incluir al aborto como uno de ellos.
Lo más lamentable es que los organismos de Derechos Humanos se han sumado a la cultura de la muerte, con lo cual se va alentando a que independientemente de la legislación existente, las Cortes han reinterpretado sus constituciones para favorecer el aborto. Tal fue el caso, ahora revertido, de la sentencia en el caso de Roe vs Wade, que durante muchos años favoreció el aborto en Estados Unidos. Sin embargo, los efectos de la decisión de la Corte Suprema solo se refirieron a que la legislación del aborto es de competencia de los estados de la Unión. Por ello, hoy la batalla está en los congresos locales, donde se están produciendo legislaciones contrastadas. Pero, al mismo tiempo, el Presidente Biden se ha apostado a revertir esa decisión por todos los medios.
En contraste, cuando en México se legisló en las constituciones locales el derecho a la vida desde la concepción, la Suprema Corte emitió una jurisprudencia desconociendo dicha legislación y presionando a los congresos locales para revertir dicha protección.
Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que defiende el “derecho” al aborto libre. El predominio de la cultura de la muerte quedó de manifiesto en la votación, pues dicha resolución contó con 324 votos a favor y 155 en contra. Pero no faltaron 38 tibios que se abstuvieron. Y aunque la resolución no es vinculante, se convierte en un arma política para presionar a países como como Hungría y Polonia que tienen políticas contrarias al aborto y por lo cual se les califica de extrema derecha.
Se ha llegado a extremos tales, que ahora se persigue a quienes realizan acciones pro vida, como es el servicio de ultrasonido, que permite que candidatas a abortar puedan ver el desarrollo de sus hijos, lo cual suele disuadir a dichas madres a asesinar a sus hijos. Lo mismo se ha perseguido y castigado a los movimientos que rezan frente a los abortorios, considerando que dichas acciones son acoso. El último dato alarmante es la creación de zonas de censura fuera de los centros donde se realizan abortos en Gran Bretaña, y se castigue a quienes recen mentalmente.
En la promoción de la cultura de la muerte, han jugado un papel fundamental los medios de comunicación, los cuales independientemente de la legislación existente, han sido promotores del aborto de muchas formas, dando voz y resonancia, por ejemplo, a quienes luchan a favor del aborto, como es el caso de las feministas de pañuelo verde, y silenciando a quienes favorecen la vida y portan un pañuelo azul.
Otro ejemplo devastador han sido las películas y series que de diversas formas se pronuncian y promueven el aborto como parte de su temática habitual, dramatizando casos y afectando las sensibilidades débiles que ven como un mal la continuidad de un embarazo. Es tan clara su línea ideológica, que tanto Disney como Netflix amenazaron con ya no hacer las filmaciones que acostumbraban en el Estado de Georgia, Estados Unidos, si entraba en vigor la legislación a favor de la vida.
Y como ya es sabido, las grandes fundaciones norteamericanas han destinado enormes recursos para financiar a instituciones que promueven y realizan abortos, no sólo en Estados Unidos, sino todo el mundo.
Finalmente cabe mencionar las acciones legales contrarias a la objeción de conciencia, que afectan a los hospitales de religiosos y al personal sanitario que se niega a realizar o participar en abortos porque sus creencias y concepciones deontológicas son contrarias a dar muerte a un inocente y, además, violan el principio bioético de no maleficencia.
Todas estas acciones van estableciendo una dictadura de la cultura de la muerte, que no sólo es local, sino de alcance internacional y no se ven en el horizonte argumentos y fuerza que puedan contenerla.
