Apenas hace unos días han reabierto un par de locales cerca de mi centro de trabajo que en el pasado reciente fueron víctimas de la inseguridad, a pesar de estar en una zona comercial muy concurrida, pues alrededor hay empresas, escuelas, oficinas de gobierno y muchos otros comercios.
Muchos hemos sido testigos del esfuerzo y la dedicación que han puesto para la reapertura. Algunos de los colaboradores de estos negocios son adultos mayores muy serviciales y atentos, sin embargo, unos días antes hemos amanecido con la noticia que en la madrugada uno de ellos fue “atacado”, por miembros del crimen organizado con el propósito de extorsionarlo por medio del “pago de piso”, lo que en el municipio ha genera miedo y tensión. Como consecuencia estos locales han cerrado sus puertas sin haber recuperado su inversión y dejando familias sin un sustento, además de truncar sus proyectos y robarles la paz.
La extorsión, desde un punto de visto jurídico, se define en el artículo 390 del Código Penal Federal: comete delito de extorsión, “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, a la libertad, y/o daño moral…”
Este delito en México ha venido aumentando, generalmente acompañado de violencia y amenazas para coaccionar. Muchas grandes, medianas, pequeñas y micro empresas se ven obligadas al “pago de piso”; algunas de ellas subsisten pagando las cuotas asignadas y otras han decidido cerrar, causando desempleo y afectando a la economía local. Sin contar el impacto psicológico, la crisis de inseguridad, la vejación de los derechos y el grave riesgo a la vida.
Estos modelos de extorsión son conocidos por la autoridad, sin embargo, la corrupción, la falta de estrategias pertinentes, de acuerdos políticos, de recursos, la permisividad social, entre otros factores, impiden su erradicación.
Las formas de extorsión se han diversificado: desde la llamada telefónica, la amenaza, la agresión física, el cobro de piso o venta de seguridad, la extorsión virtual, etc. con la finalidad de obtener beneficios de otros de manera ilícita.
Además de las mencionadas, existen otras formas de extorsión más sutiles que quizás nos cueste trabajo identificar porque se han normalizado, las hemos aceptado y adoptado como parte de nuestra realidad, de la cultura de las comunidades.
Luis la Calle, en su libro Economía de la extorsión, plantea una teoría sobre la prevalencia de este fenómeno en el país, la aceptación y cotidianidad que hacen de la extorsión pacífica -sin violencia- algo “cultural”. Refiriéndose a practicas como el pago a franeleros; la “mordida” a funcionarios para “destrabar trámites administrativos”; el uso de recursos en campañas políticas a cambio de favores futuros; la gratificación “voluntaria” para eludir una multa de tránsito; el pago de propinas si queremos ser tratados con respeto, por mencionar algunos. Esto resulta un fenómeno complejo que se puede analizar desde diversas aristas y cuyo impacto no se ha medido.
El INEGI en su Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE 2024) menciona la extorsión como uno de los delitos más frecuentes en el país.
Esta problemática, como algunos otros delitos que son evidentes ante la ola de violencia que vive nuestro país, deja ver la falta de respeto a los derechos de las personas -propiedad privada y al gozo de los frutos del trabajo-, y consecuencias graves para los ciudadanos, las empresas y la sociedad, pues implica la perdida de confianza, daños económicos y psicológicos, lesiones, e incluso la muerte.
Lo que señalado ya ha sido diagnosticado y es muy evidente para todos. Lo realmente importante serán las soluciones que deben plantearse para erradicar las malas prácticas y quitarle poder al crimen organizado. Esto, sin duda, es bastante complejo al implicar la participación y el compromiso de todos los sectores sociales.
Para el caso de los tipos de extorsión “normalizada”, algunos autores proponen potencializar los sistemas digitales tipo Blockchain, tecnología que suponen el registro de operaciones que no pueden ser alteradas al estar ligadas unas con otras. Esta medida ayudaría a erradicar las malas prácticas en las transacciones que implican la participación de gobierno y los particulares en el pago de derechos, servicios, permisos, etc; o de particulares entre sí. Como se ha mencionado, es en esos espacios donde se fomenta la corrupción y la extorsión, las que afectan el patrimonio familiar y vulneran los derechos ciudadanos. Es obvio que la sola herramienta por sí misma no va erradicar el problema, pues debe de ir precedida de una firme voluntad de hacerlo, y aparejada de una estrategia integral que desmantele y erradique las prácticas que tanto daño le han hecho a nuestro país. El reto para nuestras autoridades es que logremos salir de esta crisis social y transitar a un estado de derecho y libertad.
Otras medidas sugeridas para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad, son la participación de las empresas, del sector educativo y de la familia como agentes medulares en la formación de ciudadanos conscientes y libres que construyan comunidades en donde se viva en un clima de orden, paz, respeto y valores.
Referencias:
De Diputados, C., Congreso De, D., & Unión, L. (n.d.). CÓDIGO PENAL FEDERAL. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/932750/5._CPF.pdf
Calle, L. F. (2020). La economía de la extorsión: el lastre que despoja a México.
Staff, I. (2020, October 24). La economía de la extorsión. El lastre que despoja a México – IMCO. IMCO. https://imco.org.mx/la-economia-de-la-extorsion-el-lastre-que-despoja-a-mexico/
