El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 (PND) publicado el 15 de abril 2025 en el Diario Oficial, representa el documento rector de las políticas públicas en México para este sexenio.
Como instrumento legal derivado del artículo 26 constitucional, su objetivo es definir los ejes estratégicos del desarrollo nacional, alineando los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno con una visión de largo plazo. En esta nueva edición, el gobierno federal plantea una continuación y profundización de la llamada “Cuarta Transformación”, estructurando sus propuestas en torno a conceptos como soberanía, bienestar, economía moral, justicia social, desarrollo sustentable y democracia participativa.
Este nuevo PND apuesta por un modelo en el que el Estado recupere un papel activo en la economía, en la provisión de servicios públicos y en la reducción de las desigualdades sociales y territoriales. Entre sus aspiraciones más destacadas están: la universalización de derechos sociales, el fortalecimiento del mercado interno, la transición energética, la recuperación del campo, la justicia ambiental, y la inclusión económica de sectores históricamente marginados.
No obstante, si bien sus postulados apuntan a un modelo económico y social más justo, el cumplimiento de sus objetivos se enfrenta a diversas tensiones estructurales. México, en 2025, sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en la región de América Latina. De acuerdo con el informe del Banco Mundial (2023), el coeficiente de Gini del país se mantiene alrededor de 0.45, lo que refleja altos niveles de concentración de ingreso. Además, más del 55% de la población ocupada lo hace en condiciones de informalidad (INEGI, 2024), lo cual dificulta la instrumentación de políticas laborales universales.
En ese contexto, este ensayo se propone evaluar los principales ejes del PND 2025–2030, examinando su viabilidad técnica, institucional y política frente a los desafíos actuales de México. El análisis se desarrollará a partir del contraste entre los objetivos planteados en el plan, la información socioeconómica disponible y el marco legal e institucional vigente. Asimismo, se evaluarán los riesgos de implementación, los vacíos estructurales del documento y las recomendaciones para fortalecer su eficacia, todo ello sustentado en referencias reales, académicas y oficiales.
La Economía Moral: Entre Idealismo y Realidad
Uno de los conceptos más distintivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 es el de economía moral. Esta visión, retomada de los postulados éticos del llamado humanismo mexicano y de la justicia social, propone que la economía no puede reducirse al mercado, sino que debe estar al servicio de las personas y del bien común. Se plantea como una alternativa al modelo neoliberal, afirmando que “México puede crecer con igualdad y soberanía”, y que es deber del Estado recuperar la rectoría del desarrollo económico y laboral con enfoque de derechos.
En esta línea, el plan establece la recuperación progresiva del salario mínimo, que en los últimos seis años ha registrado un aumento real acumulado superior al 110% (CONASAMI, 2024), y la consolidación de políticas sociales como pensiones universales, apoyos a personas con discapacidad y becas educativas. Estas medidas, si bien han mejorado el ingreso disponible de los sectores más pobres, enfrentan críticas respecto a su sostenibilidad presupuestal, especialmente considerando que México mantiene una de las tasas de recaudación más bajas de la OCDE (16.7% del PIB en 2023) (OCDE, 2023).
Además, el concepto de economía moral incluye el fomento a la economía social y solidaria, con especial énfasis en cooperativas, cajas de ahorro y producción comunitaria. Estas formas de organización económica son clave para incluir a sectores históricamente excluidos del mercado formal y generar empleos en zonas rurales, aunque aún representan un porcentaje marginal del PIB nacional (INEGI, 2023). La consolidación de este enfoque requiere no sólo voluntad política, sino inversión en capacitación, acceso a financiamiento e integración a cadenas productivas.
Empleo y Formalización: Entre Metas Ambiciosas y Condiciones Adversas
Uno de los principales desafíos que reconoce el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 es la generación de empleo formal y de calidad. El documento propone como meta “lograr que el trabajo deje de ser una variable de ajuste” y convertirse en el eje articulador del bienestar, mediante políticas de empleo digno, respeto a los derechos laborales y fortalecimiento de la seguridad social universal.
El plan identifica como prioridad reducir los niveles de informalidad, que en México superan el 55% de la población ocupada (INEGI, 2024). Esta cifra representa un obstáculo estructural para avanzar en la justicia laboral, ya que millones de personas trabajan sin prestaciones, sin estabilidad y sin acceso efectivo a sistemas de salud y pensiones. El diagnóstico del PND señala correctamente que la informalidad es una expresión de precariedad más que de emprendimiento libre, y que requiere políticas activas de inclusión laboral, acceso a la seguridad social no contributiva y fomento al empleo en sectores estratégicos.
En ese sentido, el documento propone:
- El fortalecimiento de mecanismos como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
- La promoción de clústeres industriales en regiones del sur-sureste para cerrar las brechas regionales de empleo.
- El impulso a cadenas productivas con contenido nacional.
- La vinculación entre universidades tecnológicas y el sector productivo local.
Si bien estos instrumentos pueden contribuir a la mejora del empleo, su impacto depende de factores externos y estructurales. Por ejemplo, el Banco Mundial (2023) advierte que la transición tecnológica (automatización e inteligencia artificial) podría afectar particularmente a los trabajadores con bajo nivel de cualificación, sobre todo en países como México donde la inversión en capital humano sigue siendo insuficiente. El Foro Económico Mundial (2023) estima que al menos el 44% de las habilidades laborales cambiarán antes de 2027, lo que requiere una reforma integral en los sistemas de educación técnica y profesional.
Asimismo, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024 reconocía la necesidad de reforzar la fiscalización laboral para combatir la subcontratación ilegal y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral. No obstante, las inspecciones de trabajo en México siguen siendo limitadas: en 2023 había menos de 1,000 inspectores laborales federales activos (STPS, 2023), lo que resulta insuficiente para monitorear un universo de más de 60 millones de personas ocupadas.
Por otro lado, el fomento al empleo formal requiere también una mejora en el entorno para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 70% del empleo en el país. De acuerdo con la CEPAL (2022), muchas MiPyMEs mexicanas enfrentan restricciones de crédito, baja capacitación y dificultad para cumplir con obligaciones fiscales y laborales. Para que la formalización avance, se necesita una estrategia articulada de simplificación administrativa, incentivos fiscales temporales, apoyo financiero y asistencia técnica.
En síntesis, el objetivo del PND de ampliar el empleo formal es legítimo y necesario, pero su cumplimiento enfrentará obstáculos si no se acompaña de una estrategia nacional de desarrollo productivo, inversión en capacidades laborales y fortalecimiento institucional del sistema laboral mexicano.
Indicadores de Seguimiento: Intención Positiva, Debilidad Estructural
El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 propone, como parte de su renovación metodológica, un sistema de indicadores de resultados que permita evaluar los avances y ajustar las estrategias de implementación conforme se desarrolle el sexenio. Esta inclusión es, sin duda, un avance en materia de planeación y evaluación de políticas públicas, y responde al mandato de la Ley de Planeación reformada en 2021, que exige mayor transparencia y rendición de cuentas en los procesos de programación, presupuestación y evaluación del gasto público (DOF, 2021).
En el documento se plantea la articulación de los indicadores con los tres ejes rectores del plan (Bienestar para todos, Soberanía para el desarrollo, y Democracia y paz con justicia) y sus respectivas líneas de acción estratégicas. Esta alineación busca mejorar la coherencia entre el diagnóstico, los objetivos específicos y los medios de verificación, siguiendo buenas prácticas de organismos internacionales como la CEPAL (2020) y la OCDE (2021).
Sin embargo, al examinar los indicadores propuestos en el PND 2025–2030, se identifican varias limitaciones estructurales:
- Falta de líneas base actualizadas: Muchos indicadores carecen de valores iniciales claros (baseline), lo que dificulta medir avances con precisión. Por ejemplo, metas como “aumentar el bienestar subjetivo” o “reducir la desigualdad interregional” carecen de instrumentos de medición consistentes y actualizados a nivel nacional.
- Ausencia de metas intermedias por año: Aunque se establecen metas al 2030, no se especifican cronogramas anuales o semestrales para monitorear el cumplimiento progresivo de los objetivos. Esta omisión limita la capacidad de realizar evaluaciones correctivas en tiempo real.
- Débil articulación con presupuestos públicos: A diferencia del marco de resultados de algunos programas sectoriales, los indicadores del PND no siempre están ligados de forma directa a la asignación presupuestal programática. Esto impide conocer si las prioridades declaradas se traducen en gasto efectivo.
- Fragmentación institucional del sistema de monitoreo y evaluación: Aunque existen instituciones como el INEGI y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SINED) no ha logrado consolidarse como un mecanismo transversal y vinculante. La desaparición del CONEVAL como órgano con autonomía técnica puede debilitar aún más la evaluación independiente de las políticas públicas (CONEVAL, 2023; Rojas, 2019).
Adicionalmente, la experiencia de ciclos anteriores del PND muestra que muchas veces los indicadores se quedan como ejercicio declarativo si no se les integra con procesos presupuestarios y de rendición de cuentas. Según el estudio de Cejudo y Michel (2020), los Planes Nacionales de Desarrollo en México han fallado históricamente en convertirse en instrumentos vinculantes de acción gubernamental, debido a su desconexión con la asignación presupuestal y la operación institucional.
Por todo lo anterior, si bien el PND 2025–2030 tiene la intención de establecer un marco claro de indicadores de seguimiento, su efectividad dependerá de su integración real con el ciclo de políticas públicas, del fortalecimiento institucional de las entidades evaluadoras y de la disposición política de utilizar la evidencia como base para la toma de decisiones.
Viabilidad Política y Económica: Entre Aspiraciones y Restricciones Sistémicas
La implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 está inevitablemente condicionada por factores políticos y económicos, tanto internos como externos. Si bien el documento plantea transformaciones profundas en el modelo de desarrollo —incluyendo una economía centrada en el bienestar, la justicia social y la soberanía nacional—, su viabilidad depende en gran medida de la estabilidad fiscal, el entorno económico internacional y la gobernabilidad política.
- Riesgos económicos estructurales
Desde el punto de vista económico, uno de los principales desafíos para lograr los objetivos del PND es la limitada capacidad fiscal del Estado mexicano. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2023), México se mantiene como uno de los países con menor carga tributaria en la región: su recaudación representa apenas el 16.7% del PIB, muy por debajo del promedio de América Latina (21.7%) y del promedio OCDE (34.1%).
Esto significa que, a pesar de los aumentos en el gasto social y la expansión de programas como las pensiones para adultos mayores o los apoyos para jóvenes, la base fiscal no se ha ampliado proporcionalmente. El espacio fiscal es reducido y se verá presionado por factores como el envejecimiento poblacional, la transición energética y las demandas crecientes del sistema de salud (CEPAL, 2022).
A ello se suman los posibles efectos de la desaceleración económica global, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y los riesgos asociados a las cadenas de suministro, especialmente en sectores como semiconductores, agroindustria y energías renovables (FMI, 2024). Todo esto puede limitar el crecimiento económico sostenido —base necesaria para ampliar empleo formal, reducir pobreza y financiar políticas sociales—.
- Gobernabilidad política y cooperación federal
En el ámbito político, la viabilidad del PND depende de la capacidad del gobierno federal de construir acuerdos interinstitucionales y cooperar con gobiernos estatales y municipales. El sistema federal mexicano ha mostrado históricamente tensiones entre los distintos niveles de gobierno, y aunque el plan promueve la gobernanza territorial, en la práctica muchos estados carecen de recursos, capacidades técnicas o voluntad política para alinear sus planes estatales de desarrollo con el PND (Rojas, 2019; Merino, 2022).
Además, la fragmentación política resultado de los procesos electorales de 2024 y posiblemente del 2027 puede dificultar la aprobación de reformas estructurales necesarias para la implementación del plan, como una eventual reforma fiscal progresiva, la consolidación de un sistema nacional de cuidados o la transición energética sustentable. La polarización política también representa un riesgo para la continuidad de políticas de largo plazo, especialmente en materia educativa, laboral o ambiental.
- Riesgos institucionales y judicialización
Otro elemento relevante es el fortalecimiento institucional. La ejecución del PND requiere de instituciones públicas eficaces, con personal capacitado, presupuestos adecuados y autonomía técnica. Sin embargo, la centralización de decisiones, la militarización de tareas civiles y los recortes presupuestales a órganos autónomos y reguladores pueden debilitar la capacidad del Estado para implementar, evaluar y corregir políticas públicas (Animal Político, 2024).
Asimismo, el creciente uso de controversias constitucionales, amparos y recursos judiciales para frenar políticas públicas crea un entorno incierto. Diversas iniciativas asociadas a los megaproyectos del sexenio anterior —como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico— enfrentaron retrasos debido a litigios ambientales, sociales o de derechos indígenas. Este patrón podría repetirse si no se refuerzan los procesos participativos, la consulta previa y el respeto a los derechos humanos en la ejecución del nuevo plan.
Riesgos para el Estado de Derecho: la reforma judicial y la desconfianza institucional
Una amenaza crítica para la viabilidad del PND es la creciente erosión del Estado de derecho derivada de las propuestas de reforma al Poder Judicial, especialmente aquellas que plantean que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Esta medida, sin salvaguardas técnicas suficientes, podría debilitar la independencia judicial y favorecer la politización de las decisiones jurisdiccionales.
Organismos nacionales e internacionales han manifestado su preocupación. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que estas reformas deben garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de independencia judicial y evitar la interferencia de poderes políticos sobre el sistema de justicia (ONU-DH, 2024). Asimismo, Human Rights Watch (2024) señaló que permitir la elección popular de jueces sin mecanismos de evaluación técnica independiente podría socavar el principio de imparcialidad y abrir espacio a presiones partidistas o corporativas.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (2024) advirtió que esta reforma, sin un sistema sólido de evaluación, podría vulnerar el principio de legalidad, erosionar la seguridad jurídica e inhibir la inversión nacional e internacional. Además, asociaciones académicas como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han subrayado que la judicialización política puede debilitar la garantía de los derechos humanos y deteriorar la división de poderes (UNAM-IIJ, 2024).
En materia económica, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP, 2024) ha advertido que la falta de certeza jurídica puede generar desincentivos a la inversión pública y privada, afectando directamente la ejecución de programas de infraestructura y desarrollo regional previstos en el PND.
Desde la perspectiva del desarrollo, un sistema judicial débil o politizado podría impedir la aplicación de políticas públicas equitativas, frenar la resolución de controversias administrativas y obstaculizar la ejecución de obras e inversiones estratégicas previstas en el PND. La justicia debe ser garante de derechos, no un instrumento al servicio de coyunturas políticas.
En consecuencia, la reforma al Poder Judicial, tal como está formulada actualmente, podría comprometer gravemente uno de los pilares fundamentales del PND: el fortalecimiento del Estado democrático y de derecho, condición imprescindible para el desarrollo sostenible, la inclusión social y la gobernabilidad efectiva.
Seguridad Pública y Nacional: Retos de implementación y enfoque militarizado
El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 establece como prioridad la recuperación de la paz y la reducción de la violencia mediante una política de seguridad que pone énfasis en las causas estructurales del delito, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la coordinación entre órdenes de gobierno. El plan insiste en que la seguridad es un derecho humano y un requisito esencial para el desarrollo.
No obstante, el enfoque de seguridad continúa fuertemente vinculado a la militarización de tareas de orden público, una tendencia que ha sido cuestionada por diversas organizaciones. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch (2023), la participación prolongada de las fuerzas armadas en labores civiles ha contribuido a la opacidad, ha debilitado la rendición de cuentas y ha producido casos de violaciones a derechos humanos.
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde, 2023) ha alertado sobre los riesgos de consolidar un modelo de seguridad sin controles civiles robustos, argumentando que la eficacia operativa debe ir acompañada de mecanismos institucionales de supervisión, profesionalización policial y fortalecimiento del Ministerio Público.
Por otro lado, el CIDE (2024) señala que, aunque se ha incrementado el presupuesto para la seguridad nacional y la Guardia Nacional, persisten problemas como la fragmentación de las fiscalías estatales, la falta de coordinación interinstitucional y una baja tasa de esclarecimiento de delitos (menos del 3% según México Evalúa, 2023).
Si bien el PND establece objetivos legítimos en materia de paz y seguridad, su efectividad dependerá de una transición gradual pero decidida hacia un modelo civil de seguridad pública, basado en la legalidad, los derechos humanos y la confianza ciudadana. De lo contrario, el fortalecimiento institucional que requiere el plan seguirá enfrentando serias limitaciones.
Conclusiones
El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 contiene propuestas necesarias y transformadoras para el país, pero su cumplimiento no está garantizado. Para alcanzar sus objetivos, se requiere:
- Una reforma fiscal progresiva y suficiente.
- Una estrategia nacional de desarrollo productivo y territorial.
- Fortalecer el monitoreo y la evaluación con instituciones autónomas.
- Impulsar una verdadera cooperación entre niveles de gobierno.
- Reforzar la independencia judicial y la división de poderes.
- Reorientar la política de seguridad hacia un modelo civil, eficaz y con control democrático.
El PND es una hoja de ruta, pero para que no quede en el papel, necesita voluntad política, rigor técnico y participación ciudadana.
Es importante destacar que la viabilidad del PND no solo se juega en la arena técnica o financiera, sino en el fortalecimiento de la cultura democrática, la confianza ciudadana y la capacidad del Estado para gobernar con visión de largo plazo. Un plan de desarrollo no debe ser simplemente una herramienta de administración sexenal, sino una política de Estado orientada a cerrar las brechas estructurales, promover la igualdad sustantiva y garantizar derechos.
Además, frente a los grandes desafíos globales —como el cambio climático, la digitalización del trabajo, la migración, la inseguridad y la tensión entre seguridad y libertades—, el PND 2025–2030 debe posicionar a México no solo como un receptor pasivo de tendencias, sino como un actor con propuestas, capacidades y liderazgo regional. La planeación nacional, para ser efectiva, necesita anclarse en pactos sociales amplios, con legitimidad política, controles institucionales, respeto al Estado de derecho y compromiso intersectorial.
Finalmente, el éxito del PND depende principalmente de su apropiación social: solo si los ciudadanos lo sienten como suyo, participan en su ejecución, y demandan su cumplimiento, podrá este plan traducirse en una transformación concreta de la realidad nacional.
Referencias:
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