I
Corría el año de 1976, el sistema político mexicano estaba bajo la mira del mundo, las potencias mundiales se disputaban el avance de sus proyectos políticos: democracia liberal o comunismo soviético.
México, siendo el vecino directo de Estados Unidos, no tenía opción, el riesgo de declarase aliado de la URSS era elevado, aun cuando el recién electo candidato único a presidente fue postulado hasta por el Partido Comunista Mexicano.
Decir que México era un régimen democrático no era más que una línea de texto en la Constitución. La realidad era un sistema hegemónico de partido único, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), rodeado de partidos satélites mayormente de izquierda y un sistema corporativista que concentraba todo el ámbito público en un solo partido y una sola persona, el Presidente del país.
El sistema abrió la válvula de escape para demostrar cierta voluntad de parecer democrático en tres ocasiones (1976, 1986 y 1994): permitió mayor acceso al poder de su oposición política y de sus partidos satélites, pero no en cualquier espacio, sino precisamente en el Poder Legislativo.
Poco a poco la oposición incrementó sus victorias electorales, con mucho esfuerzo, resistiendo persecución, bloqueos, fraudes, pero al fin cosecharon frutos.
La alternancia política en México en el año 2000 fue en gran medida el resultado del avance de la oposición precisamente en los poderes legislativos y los Ayuntamientos que en cierto modo son pequeños poderes legislativos.
Una prolongada resistencia de la oposición entre 1939 y 1988, las ya mencionadas reformas políticas de 1976, 1986 y 1994, los procesos electorales de 1986 (Chihuahua) y 1988 (elección presidencial), y en especial los resultados electorales de 1997 en los que el PRI perdió la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, fueron los elementos que, acumulados, conformaron el cambio político en México.
Desde 1997 hasta 2018 el Poder Legislativo federal y alguno que otro estatal vivieron la pluralidad, la necesidad de formar coaliciones, consensos y ejercer de forma real el debate político para aprobar leyes y presupuestos públicos, ya que ningún partido lograba obtener por sí solo la mayoría absoluta (50% +1).
Nos acostumbramos a hablar de la “primera minoría” como el grupo parlamentario más grande, pero sin control total. Y dimos por sentado que esa sería la constante luego de tres sexenios así.
Pero en 2018 el sistema hegemónico reapareció, se reconfiguró y notoriamente está decidido a usar cualquier recurso que pueda para regresar y es aquí donde se refuerza la importancia del poder legislativo.
II
Aunque el Imperio Español y sus Virreinatos contaban con poderes legislativos que aseguraban equilibrio de poder y representación para elaborar leyes, fue la propuesta francesa del Barón de Montesquieu la que tuvo mayor resonancia en el mundo a la caída de las monarquías clásicas europeas, en la que se divide el ejercicio del poder en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Para Montesquieu el Legislativo revestía mayor importancia que el Ejecutivo, y dentro de aquel propone otra subdivisión en dos cuerpos, “uno para la “plebe” y otro para la “nobleza”, razón por la cual hoy solemos llamar a estas Cámaras como “baja” y “alta”, aunque claro está su propósito de representación hoy es distinto donde normalmente la Cámara baja es la representación de la población y la Cámara alta es la representación del territorio.
La importancia del legislativo se comprendía desde hace siglos. Aristóteles afirmaba que el propósito del legislador era la formación de ciudadanía para la participación política activa.
Entonces, si el poder legislativo es tan importante ¿por qué solemos darle menor relevancia en los procesos electorales? La razón se llama centralismo, no como sistema, sino como cultura política.
En general, la población mexicana y la mayoría de la población en América Latina tendemos a fijar la atención en las figuras centrales del poder -léase los presidentes del país- restando automáticamente toda relevancia a otras figuras de poder como los legisladores.
Este fenómeno se explica en buena parte debido a que luego de obtener la independencia, las naciones norteamericana e hispanoamericanas no poseían un jefe de Estado hereditario y tuvieron que elegirlo, lo que poco a poco conformo sistemas presidencialistas y fuertemente centralistas independientemente del proyecto político que tuviese el poder nacional.
Actualmente basta analizar los procesos electorales para notar la mayor intensidad política, mayores niveles de participación y mayor debate cuando se elige al poder ejecutivo que cuando solo se renuevan los poderes legislativos. No es extraño este fenómeno, pero se intensifica en esta región del mundo.
Y las propias campañas reafirman este centralismo al anclar todas las elecciones concurrentes en la elección presidencial al punto de casi ocultar la existencia de cualquier otra candidatura, deificando peligrosamente la figura de los candidatos presidenciales como bien apunta Juan Pablo Aranda.
A esto sumemos la existencia de movimientos políticos que durante décadas acostumbraron a grandes grupos sociales a las dádivas -migajas- del poder, abusando de la necesidad, pobreza e ignorancia para hacerse de bases electorales suficientes para definir resultados en las urnas, en otros términos, poblaciones habituadas a temer la incertidumbre y proclives a ceder su voto a cambio de la satisfacción de la inmediatez.
Si bien es cierto que los sistemas presidencialistas teóricamente funcionan mejor acompañados de mayorías legislativas afines o afiliadas al partido del poder ejecutivo, también es cierto que históricamente muchos presidentes latinoamericanos han buscado perpetuarse o prolongar sus mandatos ya sea con la reelección o mediante la imposición de sucesores como fue el caso de México desde 1929 hasta el año 2000.
Entonces quizás ese diseño institucional, que incluso Giovanni Sartori prefiere, de presidentes con sistemas bipartidistas y mayorías legislativas estables, no es la mejor alternativa para México ni América Latina, dadas las amplias posibilidades de autoritarismo o regímenes dictatoriales.
En tanto ese riesgo sea real, lo más conveniente para evitar una regresión es la existencia de contrapesos efectivos entre los poderes ejecutivo y legislativo, donde los cuerpos legislativos, sean unicamerales o bicamerales, tengan representación efectiva de varias fuerzas políticas que permitan el debate y no el mero trámite, en la que también los poderes subnacionales sean variados tanto a nivel legislativo como a nivel de Ayuntamientos.
En cualquier caso, evitar la concentración excesiva de poder en un solo partido político y eso solo es posible mientras existan instituciones autónomas que organicen las elecciones y ciudadanía que sí participe y haga a un lado la desidia.
Es cierto que quienes integran los cuerpos legislativos no son perfectos, pero hemos de comprender que siendo espacios de representación y ante la imposibilidad numérica, práctica y económica de ejercer la democracia directa, encontraremos toda clase de perfiles y así debe ser, porque su propósito es poner en debate sano a los distintos grupos de la sociedad.
Las naciones son como elevadores, para subir requieren contrapesos, así que la presencia de otras fuerzas políticas no es permanentemente un estorbo para el ejecutivo, en tanto cada poder sea verdaderamente autónomo y se requiera menor dependencia mutua para sus acciones, es decir, en tanto haya separación de poderes y desde luego, democracia.
