Del colapso del centro político a la exigencia de un gobierno eficaz

La polarización como fenómeno global y su expresión chilena

La evolución reciente de los sistemas políticos en democracias occidentales revela un patrón común: la erosión acelerada del espacio centrista y la consolidación de bloques ideológicos antagónicos. Chile, en la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2025, constituye una expresión particularmente nítida de esa tendencia global.

No se trata de un fenómeno exclusivamente chileno, aunque en Chile adquiera en estas horas su manifestación más cruda y definitiva. La debilidad del centro político y la consiguiente radicalización de las opciones electorales se han convertido en una constante estructural de las democracias occidentales durante los últimos años.

En Francia, la segunda vuelta presidencial de 2022 enfrentó a Emmanuel Macron con Marine Le Pen, relegando al conjunto de fuerzas centristas tradicionales a una porción irrelevante electoralmente. En Italia, la coalición liderada por Giorgia Meloni obtuvo en septiembre de 2022 una mayoría consolidada con un programa explícitamente conservador y soberanista. En Argentina, la victoria de Javier Milei en noviembre de 2023 desestabilizó las estructuras partidarias moderadas que habían dominado el escenario desde 1983.

Asimismo, en los Países Bajos, el Partido por la Libertad de Geert Wilders obtuvo en noviembre de 2023 el primer lugar con el 23,5 % de los escaños y, tras complejas negociaciones, lidera desde 2024 una coalición de gobierno. En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) se consolidó en septiembre de 2025 como segunda fuerza nacional con más del 20 % en intención de voto y primera en los cinco Länder del este. En Finlandia, los Verdaderos Finlandeses forman parte del ejecutivo desde junio de 2023. En Hungría y Polonia, Viktor Orbán y el partido Ley y Justicia (hasta octubre de 2023) han gobernado durante más de una década con programas de defensa de la soberanía nacional, control migratorio estricto y reafirmación de valores tradicionales.

El 14 de diciembre de 2025 Chile se enfrenta a una elección presidencial que reproduce esa misma lógica global: de un lado, Jeannette Jara, militante histórica del Partido Comunista y representante de la continuidad del proyecto gubernamental iniciado en 2022; del otro, José Antonio Kast, candidato al que amplios sectores mediáticos e intelectuales han calificado sistemáticamente de “extrema derecha”. Así, el espacio intermedio, que durante tres décadas funcionó como articulador de consensos y moderador de conflictos, ha quedado reducido a una fracción estadísticamente insignificante.

El diagnóstico estructural que explica el voto hacia los extremos

Esta configuración no responde al capricho de los votantes ni a una súbita irracionalidad colectiva, sino a la percepción generalizada de que los problemas estructurales —inseguridad, migración descontrolada, deterioro de las instituciones y crisis de legitimidad— ya no admiten soluciones graduales ni compromisos diluidos. La demanda ciudadana se orienta, por tanto, hacia opciones que ofrezcan respuestas claras y ejecutables, aun cuando ello implique la asunción de costes políticos y simbólicos elevados.

La seguridad pública, que hasta 2014 presentaba indicadores comparables a los de países desarrollados de la OCDE, ha experimentado un deterioro estructural sin precedentes: la tasa de homicidios se ha cuadruplicado en una década, los delitos violentos con arma de fuego han aumentado un 300 % desde 2019 y organizaciones criminales transnacionales —particularmente el Tren de Aragua y estructuras de origen colombiano— han establecido enclaves operativos en regiones metropolitanas y del norte. Según el Global Peace Index 2025, Chile ocupa hoy el puesto 58 a nivel mundial, por debajo de naciones que hace una década eran consideradas significativamente más inseguras.

El fenómeno migratorio irregular constituye el segundo vector crítico: entre 2018 y 2025 ingresaron al país más de 1,7 millones de personas sin registro efectivo ni política de selección, generando una presión demográfica equivalente al 9 % de la población total en menos de ocho años. La incapacidad del Estado para ejercer control fronterizo y para ejecutar expulsiones administrativas ha derivado en una correlación estadísticamente significativa entre presencia de población migrante irregular y aumento de delitos contra la propiedad y las personas en comunas específicas.

A ello se suma el estancamiento económico y la persistencia de problemas estructurales no resueltos: el crecimiento promedio del PIB entre 2022 y 2025 no ha superado el 1,8 % anual, y la deuda de los hogares alcanza niveles históricamente altos. La combinación de estos factores ha producido un deterioro objetivo de las condiciones materiales de amplios sectores medios y populares, al tiempo que ha erosionado la confianza en la capacidad del Estado para cumplir funciones básicas de protección.

En este escenario, José Antonio Kast se posiciona como el candidato que ha sabido leer la hondura de la herida chilena. Su victoria representaría la validación empírica de la hipótesis según la cual, cuando los aparatos estatales pierden capacidad para garantizar la seguridad personal, la propiedad y la estabilidad familiar —funciones que la teoría contractualista clásica considera el núcleo irreductible de la legitimidad política—, amplios sectores del electorado están dispuestos a respaldar opciones que priorizan la eficacia coercitiva y la reafirmación de la soberanía nacional por encima de los consensos gradualistas y de las consideraciones cosmopolitas que han dominado el discurso público chileno desde 1990.

Los desafíos de gobernabilidad y las hipótesis en competencia

La prueba real de un eventual gobierno Kast comenzará el 12 de marzo de 2026, cuando deba traducir el mandato electoral en capacidad efectiva de gestión bajo restricciones institucionales severas. El sistema proporcional chileno, que distribuye escaños con un cociente que favorece la fragmentación, garantiza que ninguna fuerza alcance mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras: la coalición que lo sustente estará compuesta por al menos cuatro familias ideológicas distintas (Partido Republicano, sectores tradicionales de la UDI y Renovación Nacional, libertarios económicos y evangélicos organizados, así como la sopa política del Partido de la Gente).

La experiencia demuestra que coaliciones de esta heterogeneidad tienden a la parálisis legislativa si no se establecen mecanismos explícitos de resolución de conflictos y jerarquización de prioridades.

El primer desafío será, por tanto, la construcción de mayorías parlamentarias operativas. El segundo imperativo será generar resultados tangibles en plazos cortos. La legitimidad de un programa basado en la promesa de orden y eficacia depende de indicadores verificables en los primeros cien a 365 días.

El tercero consiste en gestionar la relación con una oposición de izquierda que, aunque derrotada electoralmente, conservará una minoría de bloqueo significativa y capacidad de movilización en la calle. El cuarto reto es la reconstrucción de la confianza institucional: combatir la corrupción endémica, profesionalizar la administración pública y restaurar la presencia efectiva del Estado en territorios abandonados requerirá reformas administrativas profundas que, paradójicamente, solo pueden aprobarse con el respaldo de las mismas instituciones hoy desacreditadas.

Finalmente, deberá equilibrar la reactivación económica, sin caer en políticas que ahuyenten la inversión extranjera ni en ajustes que agraven la situación de los sectores medios y bajos. La resolución simultánea de estas tensiones determinará si el próximo período representa una mera alternancia de poder o el inicio de una reconstitución efectiva de una continuidad política chilena.

El 14 de diciembre de 2025 Chile no elegirá únicamente un presidente, sino el marco institucional y político dentro del cual habrá de enfrentarse la crisis de legitimidad que atraviesa el Estado desde hace más de una década.

La disyuntiva es estrictamente estructural. Una victoria de Jeannette Jara implicaría la validación de las hipótesis que la izquierda ha cultivado: que la inseguridad pública es fundamentalmente un subproducto de la desigualdad estructural y la exclusión histórica, por lo que su superación requiere una inversión masiva en prevención social, programas de reinserción focalizados.  Que se requeriría una reforma profunda de las policías con énfasis en enfoques comunitarios y desmilitarizados, y la ampliación sostenida de derechos sociales como mecanismo de largo plazo para reducir la delincuencia.

En materia migratoria, la crisis se interpreta -por ellos, los que apoyan la candidatura comunista- como consecuencia de un modelo económico excluyente y de la ausencia de políticas de integración regional, lo que justifica la regularización masiva de la población ya presente, la creación de canales legales amplios de ingreso y la construcción de un marco multicultural que rechace toda lógica de control selectivo o restrictivo.

Finalmente, la crisis de confianza institucional y el estancamiento económico se abordarían mediante una profundización de las políticas redistributivas iniciadas en el período anterior —incremento del gasto social financiado por reforma tributaria progresiva, fortalecimiento del pilar solidario previsional y expansión de la presencia estatal en salud, educación y vivienda—, bajo la premisa de que solo una mayor intervención pública puede revertir la erosión social y restaurar la legitimidad del Estado.

Una victoria de José Antonio Kast, en cambio, implicaría la validación institucional de un diagnóstico y un conjunto de prescripciones que la derecha restauradora chilena ha consolidado en estos años y que Kast ha articulado en su programa de gobierno, con énfasis en la restauración del orden como prerrequisito de cualquier avance social o económico.

Según esta hipótesis, la inseguridad pública es primordialmente un fracaso del Estado en ejercer su monopolio legítimo de la fuerza, por lo que su superación demanda una mano firme inmediata: fortalecimiento de las facultades de Carabineros y el Ejército en tareas de control interno, deportaciones de migrantes ilegales y la aplicación estricta de leyes penales existentes, bajo la premisa de que solo la disuasión coercitiva puede revertir el ciclo de impunidad en el corto plazo.

En materia migratoria, la crisis se interpreta como resultado de una apertura descontrolada y de la ausencia de soberanía fronteriza efectiva, lo que justifica el establecimiento de un «escudo fronterizo» con tecnología avanzada y la suspensión de entradas irregulares.

Finalmente, la crisis de confianza institucional y el estancamiento económico se abordarían mediante una reducción del perímetro estatal en áreas no esenciales —posibles desregulaciones laboral y tributaria para atraer inversión extranjera, privatización selectiva de servicios públicos y contención del gasto fiscal—, junto con un combate frontal a la corrupción mediante auditorías independientes y meritocracia en los nombramientos públicos, bajo la premisa de que solo un Estado eficiente y austero puede recuperar legitimidad y generar las condiciones para un crecimiento sostenido que beneficie a los sectores medios y productivos.

Este enfoque, en suma, postula que la solución pasa por la reafirmación de la autoridad soberana y la eficacia coercitiva como principios rectores, aun a costa de tensiones diplomáticas y sociales en el corto y mediano plazo.

La disyuntiva histórica del 14 de diciembre

No existe ya un espacio político viable entre ambas opciones. El centro que entre 1990 y 2017 actuó como eje articulador del sistema de partidos ha quedado reducido a una fracción marginal porque demostró, a lo largo de tres décadas, incapacidad para impedir la erosión progresiva de las funciones básicas del Estado. La segunda vuelta de 2025 constituye, por tanto, el punto de inflexión en que el electorado chileno decide si persiste en la lógica de gestión incremental que caracterizó el período de la transición o si opta por la ruptura controlada con ese modelo, asumiendo los costes institucionales y políticos que tal ruptura conlleva.*

La historia reciente de las democracias occidentales demuestra que, una vez cruzado este umbral, los procesos de reconfiguración institucional rara vez admiten reversión en el corto plazo.

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*El resultado electoral del 14 de diciembre de 2025, con más del 85% de participación ciudadana, favoreció al Partido Republicano, eligiendo a José Antonio Kast como presidente de Chile. Los resultados pueden consultarse en el siguiente enlace: https://provisorios.servel.cl/