¿Cómo poner un límite a las gigantes… invisibles?

En complemento, aquí se relata un caso de éxito que quizá no ha tenido suficiente difusión y réplica en otros países: Francia ha tomado el toro por los cuernos en una batalla legal contra esta “industria” que genera más de 100 mil millones de dólares anuales. Su poder económico suele traducirse en influencia política para bloquear regulaciones que les pongan límites razonables, pero la experiencia francesa demuestra que la sociedad civil organizada e instituciones regulatorias y judiciales sólidas, pueden forzar un cambio sustancial en favor de la protección de los menores y el bien común.

El acceso irrestricto a menores

El sitio más grande de pornografia del mundo es propiedad del conglomerado canadiense Aylo, y tiene alrededor de cinco mil millones de visitas al mes^[1], lo cual lo sitúa con otros gigantes como Google, Facebook, Amazon, ChatGPT, entre los sitios más visitados del mundo^[2].

De acuerdo con Arthur Melon delegado del Consejo Francés para la Protección de los Derechos de los Niños (COFRADE), las cinco más grandes plataformas que concentran el 60% del tráfico pornográfico, ofrecen contenido gratuito. Para ellos, controlar la edad de los usuarios va en contra de su interés financiero. Por ello, utilizan un sistema de “autoidentificación”, donde basta con marcar una casilla declarando manualmente ser mayor de 18 años. Este método poco confiable, era burlado por 2,3 millones de menores, en edades cada vez más tempranas, estimados en un 30% de los usuarios en Francia. Por cierto que ese tipo de métodos son los que utilizan también las aplicaciones de creación de imágenes y videos por IA, incluida la de Elon Musk, que no tiene censura, en aras de “la libertad de expresión”, pero a sabiendas del rentable negocio que implica atraer más usuarios.

Libertad de expresión, ¿protección de datos o laxitud y corrupción?

Pareciera que las democracias occidentales, en aras de la protección de la libertad de expresión, la privacidad y la libertad de mercado, han sido más dubitativas en poner límites a este permisivismo. China y Rusia restringieron el acceso en 2013 y 2014 respectivamente, esta última condicionando su reapertura a una autenticación real y obligatoria mediante la red social VK. Filipinas lo hizo en 2017, India en 2018 y Tailandia en 2020, demostrando una firme tendencia internacional por sustituir la simple declaración manual por controles técnicos que impidan la exposición masiva de menores a contenidos explícitos.

En Estados Unidos, el gobierno federal intentó regular el acceso a la pornografía desde finales de los años 90, pero con poco éxito en los tribunales: Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA) de 1996, fue uno de los primeros intentos de criminalizar la transmisión de contenido «indecente» a menores. No obstante, la Corte Suprema la invalidó en el caso Reno v. ACLU (1997), dictaminando que su lenguaje era demasiado vago y violaba la libertad de expresión. Ante el fracaso de restringir el acceso al contenido, se promulgó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea en 1998, que se centró únicamente en limitar la recopilación de datos personales de menores de 13 años, en lugar de bloquear el contenido adulto. Desde 2023, ha surgido un movimiento renovado liderado por legislaturas estatales. Para junio de 2025, 18 estados ya han aprobado leyes de verificación de edad para contenido adulto.

La acción persistente y organizada por el cumplimiento de la legislación vigente

El artículo 227-24 del Código Penal prevé hasta tres años de prisión y 75 mil euros de multa por poner estos contenidos a disposición de menores. Sin embargo, las plataformas utilizan «ejércitos de abogados» para evitar y retrasar los procesos judiciales.

El combate legal en Francia no nació por iniciativa gubernamental, sino del impulso de tres asociaciones dedicadas a la protección de la infancia: el Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique (OPEN), la Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) y el Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant (COFRADE).

El trabajo coordinado de estas tres asociaciones durante más de tres años, logró hitos legales definitivos: En 2022, llevaron a juicio a cinco grandes plataformas por no respetar la protección de menores. Sus demandas, fundamentadas en el Artículo 227-24 anteriormente mencionado, lograron que se reconociera que una simple declaración de edad es ilegal porque no impide realmente el acceso de un menor.

Su persistencia obligó a la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) emitir requerimientos formales en 2021, lo que finalmente derivó en órdenes de bloqueo por parte de los proveedores de internet y la suspensión voluntaria del servicio en 2025 para evitar sanciones, por parte de la plataforma más visitada.

Un nuevo marco legal: La Ley SREN

La presión civil cristalizó en la Ley SREN (Ley para Asegurar y Regular el Espacio Digital), promulgada el 21 de mayo de 2024. Esta ley otorga a la Arcom el poder de bloquear administrativamente a las plataformas que no implementen sistemas robustos de verificación de edad, eliminando la necesidad de una orden judicial previa que solía retrasar la protección de los menores. Las plataformas que persistan en el incumplimiento enfrentan multas de hasta el 4% de su facturación anual global.

El desafío de las plataformas

En junio de 2025, ante la inminente aplicación de sanciones, el conglomerado Aylo decidió suspender el acceso a sus sitios en Francia como medida de protesta, haciendo una campaña calificando de «locura» la exigencia de verificar la edad en cada visita, argumentando que entregar datos sensibles como identificaciones o tarjetas bancarias creaba un riesgo de seguridad inaceptable. Su propuesta ha sido que la verificación se realice a nivel de dispositivo o sistema operativo (Apple o Google), trasladando la responsabilidad fuera de las plataformas. Sin embargo, la ley francesa insiste en que las plataformas son responsables de implementar métodos eficaces y respetuosos con la privacidad.

Un frente institucional sólido

Además de la presión de la sociedad civil, hay que señalar que el andamiaje institucional que equilibra la autoridad ejecutiva, la protección de datos y el control de legalidad, es otro factor clave (y quizá no tan fácilmente replicable).

En primer lugar la Arcom, como regulador con poder de sanción y bloqueo administrativo. En segundo lugar la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) que garantiza que los sistemas de verificación, como los probados desde 2023, respeten el anonimato y la privacidad del usuario.

En tercer lugar, el Consejo de Estado, que actúa como árbitro legal supremo, evaluando la proporcionalidad de las leyes frente al derecho europeo y remitiendo consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para blindar las normativas contra impugnaciones internacionales.

En conclusión

Francia ha demostrado que las «gigantes invisibles» del mundo digital pueden ser limitados cuando hay una coordinación firme entre las asociaciones de defensa de la infancia y las instituciones del Estado en defensa de la dignidad humana.

La metodología (demandas judiciales y legislación activa), los argumentos legales utilizados (protección de menores y los deficientes métodos de verificación de edad), asi como las consecuencias alcanzadas (en tanto precedente exitoso), deberían motivar acciones similares en otras latitudes. Que tomen nota las asociaciones de padres y de protección de la infancia en América Latina donde, el permisivismo, con frecuencia va acompañado de corrupción.

Fuentes consultadas:

France sets strict privacy rules for online age verification – CADE. https://digital-empowerment.eu/news/france-sets-strict-privacy-rules-for-online-age-verification/](https://digital-empowerment.eu/news/france-sets-strict-privacy-rules-for-online-age-verification/

OPEN (Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique) https://www.open-asso.org/

UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) https://www.facebook.com/unafnationale

COFRADE (Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant) https://www.cofrade.org/exposition-pornographie y https://youtu.be/vsBfvXt-z18

List of most-visited websites – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-visited_websites

Loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (Loi SREN)–Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_visant_à_sécuriser_et_réguler_l’espace_numérique

Murray, Chhipa y Yerber (2025) Cyber risk, privacy, and the legal complexities of age verification for adult content platforms. Issues in Information Systems Volume 26, Issue 4, 2025 DOI: https://doi.org/10.48009/4_iis_2025_127

Conseil d’État https://www.conseil-etat.fr/

Mejía, Santiago (2024) Pornografía, una pandemia silenciosa – Revista Forja para el Bien Común https://revistaforja.org/pornografia-pandemia-silenciosa/

Technical Report: AgeGO Age Verification on Pornographic Platforms –AI Forensics https://aiforensics.org/

Technical guidelines on age verification for the protection of persons under 18 from online pornography–Arcom https://www.arcom.fr/

^[1] Semrush (sin fecha) referido en Murray et. al. 2025

^[2] El ranking Semrush (septiembre de 2025) lo cataloga en número 8, si bien el que aparece en Wikipedia, Similarweb (diciembre 2025) lo coloca en número 22.