Colombia: duele la patria

N o es fácil escribir cuando duele la Patria, pero creo que es necesario hacer varias reflexiones sobre el paro y las circunstancias que ha vivido Colombia en los últimos meses.

En su momento, antes del 28 de abril, que fue la fecha en que se citó para el reinicio del paro, escribí un artículo en el que señalé que era una irresponsabilidad con la salud pública, la economía, la comunidad y la democracia llamar a esas movilizaciones.

Irresponsabilidad con la salud pública, porque en ese momento nos encontrábamos en pleno tercer pico de la pandemia, con las Unidades de Cuidados Intensivos a tope, falta oxígeno, médicos sometidos a hacer el doloroso triaje ético, más de 73 mil muertos, más de 100.000 casos activos y alrededor de 500 muertes por día.

Irresponsabilidad económica, porque se calculaba que cada día de paro costaría unos 19.000 millones. Además, en ese momento a raíz de la pandemia, teníamos 3,9 millones de personas desempleadas (a febrero) en Colombia; y sólo en Bogotá, habían cerrado 53.000 empresas en el 2020 y más de 509.000 micronegocios habían cerrado en el país.

Irresponsabilidad social, porque por la pandemia habíamos pasado de 17,4 millones a 21 millones de colombianos en pobreza monetaria; y nuestro país requería más que nunca unidad, responsabilidad y solidaridad, para enfrentar la crisis.

Irresponsabilidad democrática, porque se está confundiendo el derecho a disentir, la movilización y la protesta, con la conducta criminal.

De hecho, sólo el primer día de “movilización pacífica”, 28 de abril, dejó 36 civiles y 87 Policías lesionados; 4 automotores y 6 motocicletas de la Policía vandalizados; daños en 2 motos particulares, 45 vehículos de Transmilenio y 15 buses del MIO, además de 1 incendiado; 21 estaciones de Transmilenio y 19 del MIO destruidos, 53 entidades bancarias afectadas, 60 saqueos a establecimientos comerciales, entre otros.

Reconocemos que al Gobierno Nacional le faltó humildad, diálogo y empatía. No se concilió el texto de la Reforma Tributaria antes de presentarlo, no se tuvo en cuenta el pulso de la opinión pública en medio de una crisis de salud con graves consecuencias sociales y económicas, no sé pensó en la radicalización y el oportunismo de sectores políticos en plena época preelectoral.

Era un momento para escuchar a los ciudadanos, a los gremios y a los partidos; era necesario sacrificar recaudo, para proteger a la clase media y a las clases populares, además de cuidar la inversión que garantiza los empleos. Sabemos que se tiene que hacer una reforma por responsabilidad fiscal, para proteger a los colombianos más afectados por la pandemia y a las empresas; pero se tiene que hacer con sensatez.

Pero el tiempo también dejó en evidencia que el problema no era esa reforma, esa era la excusa, la reforma se retiró, el Ministro de Hacienda renunció, y las manifestaciones continuaron. Del 28 de abril al 25 de julio se habían presentado 15.110 eventos, entre ellos 3.602 bloqueos, afectando, entre otros, la vida e integridad de la ciudadanía, el derecho a la movilidad y al trabajo, y el abastecimiento de ciudades -comida, medicina, oxígeno, combustible-; 1.693 Policías habían sido lesionados y 3 asesinados, 1.140 civiles heridos; 780 bienes policiales afectados, vandalizados 1.391 vehículos de transporte público y 274 estaciones, 463 bancos y 445 cajeros, 486 establecimientos comerciales, 28 peajes, 1 hotel incendiado; se habían presentado 1.515 capturas en flagrancia y 177 por requerimiento.

Las marchas pacíficas, como informaron la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, fueron infiltradas por lo menos, por seis grupos criminales -Movimiento Juventudes M19, Grupo Luis Otero Cifuentes, Movimiento Bolivariano de Disidencias de las FARC de Gentil Duarte, Escudos Azules, Escudos Negros, y células urbanas del ELN-, y han contado con la injerencia criminal de la narcodictadura venezolana, como lo denunció internacionalmente el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno y lo reconoció en su cuenta de twitter Diosdado Cabello, el 2 de mayo.

Entonces, ¿qué hay detrás de estas marchas? No podemos olvidar que en 2018, una vez perdió las elecciones, Gustavo Petro advirtió que nos veríamos en las calles, y casi desde el primer día del Gobierno de Duque empezaron movilizaciones, paros y marchas, que cesaron temporalmente por la pandemia, y reiniciaron el 28 de abril. Pero, además, lo vivido en Colombia, lo padecieron de manera similar Chile y otros países del Hemisferio.

El modelo utilizado contra estas democracias se conoce como revolución Molecular Disipada, estrategia basada en la destrucción de infraestructura crítica para el país, interrupción de la vida diaria de los ciudadanos y activación grupos vandálicos.

Las fases son escalamiento, copamiento y saturación, y los objetivos son derrocar, destituir y juzgar al Presidente (como lo pide la Minga y algunos marchantes en Colombia), convencer a la gente de que el Presidente y su gobierno “no dan la talla”, y crear división en todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.

Esta estrategia, nos devolvió el terrorismo urbano, que lamentablemente ya habíamos sufrido en décadas pasadas, y se sumó esta vez la ciberguerra, mensajes cifrados, hackeo de páginas institucionales, creación de una narrativa que distorsiona deliberadamente la realidad y acude a emociones y creencias, manipulan imágenes y videos, presionan influenciadores y artistas a través de bots, adelantan campañas como la de “nos están matando”, para deslegitimar a nuestra Fuerza Pública, una guerra que no conocíamos en estas dimensiones.

Hoy, la pregunta que nos tenemos que hacer ante este escenario, es si tendremos la capacidad, la responsabilidad y la grandeza para entender qué hay de fondo, para poder construir una salida colectiva, porque esto ya no es un tema de gobierno, ni de partidos, es un tema de País. 

Como demócratas, no podemos olvidar el carácter constitucional y fundamental de la manifestación pacífica (artículo 37 Constitución Política), un derecho que no es absoluto, pero que al igual que el derecho de asociación y de expresión, son ampliamente garantizados por el Gobierno.

No es posible pasar por alto, que cualquier tipo de vía de hecho que afecte el ejercicio de los derechos y libertades públicas, no puede ser concebida como manifestación legítima de dichos derechos, y por tanto debe ser judicializada. Nuestro Código Penal, define claramente como delitos muchos de los graves comportamientos cometidos con el pretexto de la manifestación legítima, como: homicidio (artículo 103), hurto (239), daño en bien ajeno (265), incendio (350), concierto para delinquir (340), terrorismo (343), daño en obras de utilidad social (351), perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial (353), obstrucción a vías públicas que afecten el orden público (353A), daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles (357), tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos (358), obstrucción de obras de defensa o de asistencia (364), fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (365), violación de medidas sanitarias (368), violencia contra servidor público (429) y asonada (469).

En suma, la protesta social pacífica es un derecho; el vandalismo y terrorismo son crímenes, por lo que la contención y la judicialización de estas expresiones violentas no implica criminalizar el derecho, sino que es un imperativo moral y constitucional de las autoridades. Y no olvidemos quienes están detrás de estos hechos y sus intenciones de desestabilizar el país.