La libertad de expresión en América Latina enfrenta una embestida silenciosa pero sistemática. Lejos de ser hechos aislados, las restricciones que se viven hoy por lo menos en 10 países como México, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba, Argentina, Ecuador, Brasil, Chile y Perú, forman parte de una estrategia regional impulsada por gobiernos de corte populista con fuertes vínculos ideológicos, articulados a través del Foro de São Paulo.
La censura ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad cotidiana disfrazada de discurso progresista.
México: la censura disfrazada de democracia
En México, la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum, ha promovido una narrativa oficial que descalifica a la prensa crítica, limita el acceso a la información y usa el poder del Estado para presionar a comunicadores, medios y ahora a las redes sociales. La Ley de Telecomunicaciones -“Ley Espía»- por la que las autoridades pueden acceder a información privada de usuarios de telefonía y servicios digitales sin una orden judicial previa. Esto incluye: la localización geográfica en tiempo real, acceso al registros de llamadas y mensajes, a metadatos de navegación en internet y a datos biométricos recolectados por proveedores de servicios de telecomunicaciones; así como ampliación desproporcionada de factultades a la Guardia Nacional para realizar labores de inteligencia y de investigación en seguridad pública.
De fondo, como en los países mencionados, en México se busca definir qué contenidos se pueden difundir y cuáles no; intervenir redes sociales críticas bajo criterios ambiguos; establecer narrativas y señalar enemigos a los propagandistas oficialistas a través, en este caso, de “La Mañanera del Pueblo”.
Adicionalmente, casos como la reforma al Código Penal, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, en Puebla, para “prevenir y atacar” el ciberacoso y que encarcela a un abogado que se “atrevió” a promover un amparo contra dicha ley; o qué decir de la humillante “disculpa pública” que obligó a hacer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a un ciudadano, utilizando los recursos del gobierno en su venganza pública. O el caso del columnista que documenta la relación familiar de huachicolores y personas vinculadas a la delincuencia organizada, con una aspirtante a presidir la Corte de Justicia de Tamaulipas; o el caso más representativo de la gobernadora de Campeche que demandó al periodista Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna, por presunto «delito de odio», prohibiendole ejercer como periodista, cerrar su medio digital, y una multa de 2 millones de pesos o el posible embargo de su casa, así como imponerle, contrario a la Constitución a un censor que revisará sus colaboraciones en medios de comunicación antes de que se estos se difundan, entre muchos casos que se están dando a conocer.
A ello se suma un ambiente generalizado de presión y golpeteo sistemático contra medios de comunicación independientes, que por realizar investigaciones o emitir críticas al poder, enfrentan campañas de desprestigio, auditorías, restricciones presupuestales y amenazas judiciales como formas encubiertas de censura.
Este modelo de censura y control de los medios de comunicación y redes sociales son parte de un modelo seguido por los gobernantes que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Y, aunque todas tienen diferente articulado, todas siguen el mismo objetivo.
Cuba: propaganda como única voz
En Cuba, la libertad de expresión ha desaparecido por completo. Sólo se permite la propaganda estatal en favor del régimen socialista. Las voces independientes son consideradas disidentes y perseguidas judicialmente, lo que ha llevado al exilio o a la prisión a numerosos periodistas.
Argentina: control bajo la apariencia de democratización
En 2009, Cristina Fernández de Kirchner impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en nombre de la pluralidad y la democratización, limitó licencias a medios críticos, favoreciendo el contenido estatal y reduciendo la independencia periodística.
Venezuela: el laboratorio de la censura
Desde el chavismo hasta el madurismo, Venezuela ha sido un laboratorio de control informativo. Desde 2004 se aplica la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV para censurar contenido considerado «desestabilizador». Desde 2015, se sumaron bloqueos a redes sociales y el cierre de más de 115 medios de comunicación.
Ecuador: legalismo para el control
En 2013, el presidente Rafael Correa aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, presentada como un mecanismo para evitar el sensacionalismo, pero que terminó siendo un instrumento de control de medios y de limitación del periodismo investigativo.
Bolivia: entre el control estatal y la intimidación judicial
En Bolivia, los gobiernos del MAS promovieron leyes como la de Comunicaciones, que aunque no prosperaron gracias a la oposición, buscaban controlar el discurso mediático bajo el pretexto de combatir la desinformación e incluir a pueblos originarios.
Brasil: la excusa de las ‘fake news’
Tanto con Dilma Rousseff como con Lula da Silva, se intentó impulsar la llamada «Ley de Redes», una legislación que bajo el pretexto de combatir las noticias falsas y el discurso de odio, imponía censura previa y responsabilizaba a los medios por el contenido publicado en plataformas digitales.
Chile y Perú: reformas ambiguas, objetivos claros
En Chile y Perú, gobiernos con afinidades ideológicas al Foro de São Paulo han impulsado reformas sin transparencia suficiente, con la justificación de democratizar los medios o combatir discursos de odio, cuando en realidad promueven censura indirecta y hostigamiento a medios independientes.
Nicaragua: el apagón informativo total
Daniel Ortega ha llevado al extremo la represión mediática. Cierre de medios, encarcelamiento de periodistas y confiscación de instalaciones han convertido a Nicaragua en uno de los países con mayor censura del hemisferio. La prensa libre ha sido sustituida por voceros oficialistas, y toda crítica es tratada como traición.
Un patrón regional: del disenso al silenciamiento
Detrás de esta embestida está el Foro de São Paulo, una plataforma que agrupa a partidos de izquierda de la región y que, marca una agenda clara: controlar la narrativa, limitar la crítica al poder y perpetuar gobiernos afines mediante la desarticulación del periodismo libre.
Bajo discursos como el combate a las «noticias falsas», la «moralidad pública» o la «inclusión», se justifican medidas regresivas que debilitan el disenso.
¿Como que estrategias?
- El uso propagandístico del discurso: promueven acabar con “desinformación”, “discurso de odio” o proteger a la niñez, pero en realidad buscan eliminar críticas al poder.
- La presión sobre plataformas digitales: exigen que las redes sociales censuren contenido considerado “nocivo”, trasladando la responsabilidad a estas compañías.
- La opacidad e impunidad: reclaman “derecho a la privacidad” y al secreto informativo para encubrir corrupción y los excesos de gobernantes y familiares.
- El control indirecto de medios: proponen evitar concentración mediática, pero lo que impulsan es financiar medios “altos” leales, diseñados para contrarrestar la crítica.
- La justificación moral para censura: utilizan argumentos como proteger a menores o combatir odio (wokismo), para perseguir a opositores y vegetarianos de la narrativa oficial.
¿Democracias o protoautoritarismos?
Los países que integran esta ola comparten características preocupantes: concentración de poder, debilitamiento institucional, uso faccioso de la ley y el silenciamiento de voces críticas. Aunque formalmente democráticos, en la práctica muchos de estos gobiernos muestran rasgos de:
- Autoritarismo electivo: gobierno elegido democráticamente que restringe libertades y concentra poder.
- Populismo punitivo: uso de sanciones y leyes penales para reprimir voces críticas.
- Neocensura digital: control institucional de plataformas y comunicaciones a través de leyes o bloqueos.
- Control ideológico del discurso público: diseño de narrativas oficiales alineadas con el poder y eliminación de voces contrarias.
América Latina está dejando de ser un continente de democracias frágiles para convertirse en un archipiélago de autoritarismos funcionales. La libertad de expresión es la primera víctima en este proceso. Defenderla es defender el último bastión de la ciudadanía libre.
El silencio no es neutral: es cómplice.
