Utilidad pública de la tragedia

Antes de atender a las víctimas, la conversación se volcó a disputar la narrativa: la presidenta apresurándose a minimizar el hecho y sus opositores buscando capitalizarlo políticamente. La tragedia dejó de ser un acontecimiento humano para convertirse en un recurso simbólico, un objeto de utilidad pública donde dominar el discurso parece más importante que comprender lo ocurrido o reparar a quienes lo padecieron.

Instrumentalización de las víctimas

El lunes 20 de abril de 2026 un hombre armado abrió fuego desde la cima de la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, provocando pánico entre los visitantes; el atacante se suicidó en el lugar y las autoridades reportaron al menos dos muertos (incluida una turista canadiense) y varios heridos.

La reacción pública ante esta tragedia se desvió con rapidez de la atención del sufrimiento y la víctima hacia la disputa por la narrativa pública; las víctimas y los victimarios dejan de ser personas con nombres para convertirse en símbolos útiles en la plaza mediática.

En esa transición, el dolor ajeno se instrumentaliza como recurso para ganar adeptos, consolidar identidades colectivas y avanzar agendas políticas; la tragedia se transforma en capital moral que se intercambia en discursos de legitimación de movimientos políticos y en campañas de señalamiento del enemigo político.

Así, la tragedia la convierten en espectáculo y arma. Los relatos que emergen inmediatamente después de un hecho violento compiten por imponer un marco interpretativo que privilegia la polarización sobre la verdad y la performatividad sobre la política pública; en lugar de articular respuestas orientadas a la prevención, la atención a las víctimas y la rendición de cuentas, la escena pública suele consumir el acontecimiento como justificación de una narrativa, reforzando identidades tribales y cerrando espacios para el matiz y la deliberación.

Las víctimas dejan de ser personas concretas y pasan a funcionar como símbolos públicos, se produce una despersonalización del sufrimiento que facilita su instrumentalización y la identidad de la víctima se reduce a una etiqueta representativa —una causa, una identidad, un agravio— que pretende movilizar adhesiones, activar lealtades y simplificar complejidades en narrativas fácilmente consumibles; de ese modo, las victimas se transforman en recursos discursivos que sirven para legitimar narrativas, para construir capital político y para consolidar identidades colectivas que reclaman reconocimiento o venganza simbólica.

Los medios, los activistas y los actores políticos participan de esta dinámica porque todos compiten por definir el marco interpretativo que dominará la conversación pública.

En la práctica, esa competencia no es neutral, cada actor selecciona qué aspectos del suceso que le permiten reforzar su propia agenda —la vulnerabilidad de un grupo, la falla institucional, la amenaza de un “enemigo” político— y desplaza otros elementos que podrían complicar su lectura. La lógica de la atención mediática y de las redes sociales premia lo inmediato, lo emotivo y lo polarizante; por eso las narrativas que mejor funcionan son las que simplifican, asignan culpabilidades rápidas y ofrecen héroes o villanos. Los activistas, por su parte, buscan visibilidad -tal vez- por y para causas legítimas y urgentes, pero en la carrera por la atención a menudo terminan priorizando consignas y símbolos sobre procesos de justicia, reparación y acompañamiento a las víctimas.

Así, la narrativa preponderante en el momento produce efectos institucionales, pues define qué se investiga, qué se recuerda y qué se olvida; condiciona la presión pública sobre las autoridades y moldea las políticas que se proponen como respuesta; cuando la plaza pública se convierte en campo de batalla discursivo, las medidas concretas —investigaciones rigurosas, apoyo psicológico y económico a las familias, reformas preventivas— quedan subordinadas a la necesidad de ganar la narrativa y, la competencia por imponer una narrativa, genera guardianes de la ortodoxia discursiva, quienes controlan el relato adquieren autoridad para sancionar desviaciones, lo que a su vez puede cerrar espacios de matiz y diálogo.

Vemos entonces como la conversación pública se centra en disputar la narrativa y no en atender a las víctimas, las declaraciones oficiales y las reacciones opositoras dejan de ser meros comentarios y se convierten en piezas estratégicas dentro de una contienda simbólica.

La utilidad pública de la tragedia

En el caso de Teotihuacán, la presidenta afirmó públicamente que no se trataba de un episodio vinculado a los cárteles; esa afirmación, más allá de su contenido factico, es un gesto orientado a contener la alarma social en un momento sensible para la imagen del país al tener en puerta el mundial 2026, y al mismo tiempo, sus adversarios y simpatizantes se volcaron a escrudiñar el suceso en busca de afinidades ideológicas o de elementos que permitieran adscribirlo a una narrativa política útil, para unos era prueba de fallas institucionales, para otros, indicio de amenazas externas, para algunos más, oportunidad para denunciar negligencias o para construir un relato de victimización selectiva.

Ese desplazamiento —de la persona que sucumbió ante la utilidad política de la tragedia— revela cómo las tragedias se transforman en instrumentos de acumulación de capital político.

Los actores públicos y mediáticos compiten por definir qué aspecto del suceso debe dominar la conversación, seleccionan y amplifican fragmentos que favorecen su interés, una frase, una imagen, una hipótesis se convierten en emblemas que circulan y se consolidan y, la pugna, no es sólo por la interpretación, es por la autoridad para imponerla. Quien logra fijar el marco interpretativo obtiene la capacidad de condicionar la agenda de investigación, la memoria colectiva y las demandas públicas, y con ello influir en decisiones políticas y en la distribución de responsabilidades.

Para estos actores, dominar la narrativa equivale a modelar la realidad social. Los actores públicos creen que la repetición y la viralización se transforma en realidades; las etiquetas y las consignas terminan por naturalizar lecturas parciales como verdades irrefutables y, en la práctica, esa producción discursiva puede desplazar la urgencia de la reparación y la prevención hacia la acumulación de legitimidad simbólica, dejando a las víctimas en un segundo plano mientras se libra la batalla por el sentido público y político del acontecimiento.

Las consecuencias se traducen en que la atención pública se consume en la disputa por la interpretación, las políticas se vuelven reactivas y simbólicas, y la posibilidad de una investigación rigurosa y de medidas de apoyo sostenidas se diluye en el ruido mediático. Para contrarrestar esta dinámica es necesario recuperar la centralidad de las personas afectadas y exigir que la plaza pública deje de ser un botín discursivo.

Sólo cuando la conversación priorice la verdad, la atención a las víctimas y las políticas de prevención, en lugar de la instrumentalización retórica, podrá romperse la equivalencia perversa entre dominar la narrativa y crear realidades.