El próximo 2 de junio, en México se eligen más de 20,000 cargos de elección popular, que van desde la titularidad de la presidencia de la República hasta la función de regidor en el orden municipal.
Pero no solo es una elección lo que está en juego, es algo más trascendental pues estamos en la definición de seguir con un cambio de régimen político iniciado en 2018 y que ha ido modificando el funcionamiento del Sistema Político Mexicano (SPM) para colocar reglas y dinámicas muy particulares que van desde la implementación de una narrativa de polarización en la población, la instrumentación de programas asistencialistas con fines electorales y la militarización de la vida nacional.
Andrés Manuel López Obrador buscó desde que inició su gestión, aplicar un nuevo modelo político de gobierno donde nuevamente el actor principal es el presidente, pero con nuevas reglas, otorgando -de forma directa e indirecta- el poder a varios actores como las fuerzas armadas, el crimen organizado y una nueva generación empresarial.
También ha eliminado a actores que en el pasado tenían un poder particular como la partidocracia, los medios de comunicación, la academia y los sindicatos, por mencionar solo algunos que han tenido su metamorfosis ante los cambios llevados a cabo en materia económica, política y social.
Es por eso por lo que hay que tomar en cuenta los riesgos que pueden poner en riesgo la elección, en lo que respecta a la participación y la legitimidad.
La primera alarma es el avance del Crimen Organizado (CO) y los efectos que puede provocar, según la información del gobierno de los Estados Unidos y un estudio de la empresa AC Consultores, el 82% del territorio mexicano tiene presencia de grupos criminales (se menciona la operación de 180 a 450 bandas delictivas y el predominio de dos grandes cárteles: el Jalisco Nueva Generación y el del Pacífico o Sinaloa).
La inseguridad se ha convertido en una de las herramientas que provoca el miedo en la población; y en un inhibidor natural para no participar en las elecciones. La encuesta trimestral que elabora el INEGI sobre la percepción de la inseguridad en municipios del país señala que en diciembre de 2023 el municipio con peor calificación fue Fresnillo, Zacatecas, según la impresión del 96.4% de sus habitantes.
La segunda ciudad con mayor inseguridad en la clasificación es Naucalpan de Juárez, Estado de México -la mayor zona industrial del área metropolitana del Valle de México-, donde la percepción es del 91%. La tercera es Uruapan, Michoacán, con 89.9% (donde la delincuencia organizada asedia a los productores de aguacate y limón), mientras que la cuarta es Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, con 88.7%.
Otro elemento es el de la violencia política: del arranque del proceso electoral, en septiembre de 2023, hasta el 08 de marzo de 2024, han sido asesinados 20 aspirantes y candidatos a cargos de elección popular, mientras otros 20 políticos o figuras cercanas a la clase política perdieron la vida de forma violenta.
Una más de las grandes preocupaciones es el miedo que provoca el crimen organizado en los procesos electorales, el cual suele traducirse en abstencionismo, provocando la llegada de gobiernos que, incluso, pueden ser subordinados directos de la delincuencia. El peor escenario que puede darse es que este proceso se convierta en una “Narco elección”.
Otra de las grandes preocupaciones es el abuso, el protagonismo. por parte del gobierno federal, que pueda derivar en una “Elección de Estado”. Y es que la forma de operar de esta administración da elementos para considerar un escenario así.
El manejo de los programas sociales ha sido fundamental para impulsar el crecimiento de MORENA y sus aliados en los últimos años. Si bien no es ilegal que los programas den recursos directos a los beneficiarios, su falta de transparencia y la narrativa que se utiliza para ofrecer y condicionar electoralmente estos apoyos, deja en claro que tienen un enfoque político.
Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2024, de los casi 7.5 billones de pesos de gasto aprobados para el ejercicio de gobierno; 3,7 billones están etiquetados para los programas asistencialistas de gobierno (50.36%) para los programas de adultos mayores, becas para estudiantes, pensión para discapacitados, madres solteras, entre otros.
A diferencia de otros gobiernos, éste cuenta con un ejército de 20 mil promotores sociales uniformados con los colores de Morena, conocidos con el nombre de Servidores de la Nación, organizados para recaudar datos de posibles beneficiarios y hacer un seguimiento muy particular en los lugares donde se impulsan los llamados programas sociales y las acciones de la administración.
La narrativa presidencial de las conferencias mañaneras, se suma a estas preocupaciones, pues hay señalamientos continuos en contra de la oposición partidista y de todo actor -sea político o no- que se oponga a su gestión provocando no solo el ambiente de polarización sino también de fragmentación social con efectos como el cuestionar a la autoridad electoral o usar la post verdad con términos como el “yo tengo otros datos” minimizando los datos duros de la realidad.
Generar un ambiente donde se ponga en duda a las instituciones y a los propios ciudadanos, es peligroso y pone en riesgo la credibilidad en la elección, especialmente si la diferencia de votos, el día de la elección, se reduce. También el bloque gobernante asegura que si gana la oposición se pueden acabar los programas sociales, situación que ningún partido en su sano juicio eliminaría pues sabría que perdería votos.
Otra preocupación es la manipulación emocional a través de encuestas a modo (manipuladas) para hacer creer que la elección ya está definida, con lo que también se promueve el abstencionismo, debido a que se centra la elección solo en el cargo presidencial, quitando importancia al Poder legislativo (elección de diputados federales y senadores) y a los gobiernos locales (gobernador, diputados locales y ayuntamientos).
La solución, aunque puede sonar muy simple, tiene un gran fondo: depende de la participación ciudadana masiva. En números redondos, casi 100 millones de mexicanos podrán votar el próximo 02 de junio. Si de estos votan entre 65 y 70 millones, no hay Elección de Estado ni Narco elección que pueda modificar la voluntad ciudadana expresada en ese número de sufragios.
Para este proceso se van a colocar 170 mil casillas, la mayoría ubicada en zonas urbanas. En la elección presidencial de 2018 no se instalaron 4; y en la de 2021 fueron 20 las casillas no instaladas por motivos de violencia. Actualmente, el INE ha mencionado que tienen en foco rojo en aproximadamente 200 casillas, que representarían apenas el 0.11% del total.
La participación ciudadana el día de la elección es la clave en este momento. Principalmente para eliminar las grandes preocupaciones. Además, hay otra particularidad en las elecciones de junio: 1.53 millones de ciudadanos serán los responsables de instalar casillas y contar los votos. Esto hace especial todo el procedimiento, pues la autoridad gubernamental no participa en el desarrollo de las elecciones, por eso la importancia de la autonomía de los órganos autónomos como el INE y el TEPJF.
