México enfrenta una etapa crítica en la que el sistema de justicia será operado, en buena medida, por perfiles improvisados, sin formación técnica suficiente, y con vínculos evidentes con el régimen político que promovió la reforma.
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México enfrenta una etapa crítica en la que el sistema de justicia será operado, en buena medida, por perfiles improvisados, sin formación técnica suficiente, y con vínculos evidentes con el régimen político que promovió la reforma.
El sistema político actual no se rige por la ley escrita, sino por la regla no escrita del poder absoluto. La militarización de funciones civiles, el debilitamiento del poder judicial, la cooptación de órganos autónomos, y la colonización de medios públicos y privados componen un ecosistema de control hegemónico.
México ha sido testigo, en 2025, de una de las reformas institucionales más profundas y polémicas en su historia reciente: la transformación del Poder Judicial bajo el nuevo régimen encabezado por Claudia Sheinbaum, con la sombra omnipresente de Andrés Manuel López Obrador.
El rol del juez en el Estado constitucional es el de guardián de la Constitución y garante de los Derechos Humanos; no es el de agente contestatario o crítico solo por el hecho de serlo, sino el de auténtico defensor de un orden en el que la política esté al servicio de los ciudadanos y no al contrario. Esto solo es posible mediante el sostenimiento y fortalecimiento de la independencia judicial frente al poder político en turno.
La elección judicial es un fraude monumental que da muerte a la separación de poderes, a la democracia y a la República. El objetivo consiste en concentrar el poder en el ejecutivo, volviendo al viejo sistema de partido – gobierno. Igual a los gobiernos fascistas del siglo pasado que, llegando al poder por elecciones democráticas, mataron la democracia para convertirse en tiranías y dictaduras.
En una primera precisión, es importante subrayar que el individuo –y más apropiadamente, la persona humana- tiene derechos innatos que aparecen aun antes de la existencia del Estado; y, en consecuencia, esos derechos son perennes e inviolables y, por tanto, es el Estado quien los debe custodiar y proteger.
Debemos poner todo el esfuerzo posible en frenar la aberrante reforma al Poder Judicial (PJF). Existen tres caminos para hacerlo.
La Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha compartido un mensaje que tiene el poder de inspirar esperanza y acción en todos los rincones de nuestro país. Es un llamado a transformar el sistema de justicia en México para que sea más justo, más accesible y eficiente.