¿Muerte digna?

La verdadera compasión no es empujar al abismo, sino acompañar a sanar.

«Las personas no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir«. Esta frase pertenece a Alfonso Echávarri, reconocido psicólogo, biólogo español y experto en prevención del suicidio.

Tras toda una vida trabajando con personas al borde del abismo, concluye que jamás ha encontrado «libertad» en quien decide quitarse la vida. El sufrimiento extremo es el que secuestra la voluntad y dirige a las personas hacia la muerte, haciéndoles creer que es el único camino.

Padecimientos como la depresión mayor, la bipolaridad o el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) no son simples tristezas; son desequilibrios químicos que anulan el raciocinio, al igual que padecimientos físicos tan comunes como la resistencia a la insulina o el hipotiroidismo. Son enfermedades que, si no se atienden, se convierten en una sentencia de muerte.

En medio de un pico de manía o de depresión severa, no se cuenta con las facultades mentales para tomar decisiones, y mucho menos aquellas que definen la propia existencia. Y aquí hay que decir una verdad que el sistema calla: existen medicamentos y tratamientos psiquiátricos que equilibran la química cerebral de por vida, manteniendo en perfecto estado de salud y funcionalidad a cualquier persona diagnosticada. Esto no se trata de «echarle ganas»; se trata de ciencia, de política pública, de atención profesional. La pura voluntad del paciente no basta: requiere de especialistas, disciplina, inversión económica, contención y, claro, mucho amor.

El Estado moderno ha decidido que la paciencia médica es «muy cara». El pasado 26 de marzo de 2026, vimos la consumación de un fracaso social empaquetado como «progreso» con la eutanasia de Noelia Castillo, una joven española de 25 años con TLP.

Su historia es una tragedia de abandonos: una madre ausente en sus primeros años, un entorno familiar roto marcado por el alcoholismo de su padre, internamientos psiquiátricos y, por si fuera poco, agresiones sexuales múltiples dentro de un centro tutelado por el propio gobierno. Todo este dolor la llevó a varios intentos de suicidio; en uno de ellos, se arrojó desde un quinto piso frente a los ojos de su padre, sobreviviendo pero con severas lesiones medulares. Tras un litigio de años en el que, desesperadamente, su padre luchó para evitar que se la administraran, el Estado finalmente le aplicó la inyección letal.

La joven declaró antes de morir que «no quería que nadie siguiera su ejemplo» y que era una decisión estrictamente personal. Hay que tomar perspectiva: este es un hecho que le dio la vuelta al mundo, y legalizar o romantizar su muerte abre inevitablemente la puerta al «efecto contagio» para miles de jóvenes sin diagnóstico y sin atención que están sufriendo y podrían ver en esto una opción, su petición está fuera de realidad y provoca el efecto inverso.

De acuerdo con información documentada por diarios como OKDiario, los abogados del padre denunciaron que el hospital presionó para aplicar la eutanasia porque, presuntamente, los órganos de la joven ya estaban comprometidos para donación. Una prisa escalofriante para desmembrar a una persona vulnerable, frente a una inoperancia absoluta para sanarla.

Mientras tanto, el festín mediático no se hizo esperar. Diarios como El País lamentaron cínicamente que ella no hubiera muerto meses antes. El periódico Público celebró la inyección letal acusando de «boicot ultracatólico» y «antiderechos» a quienes intentamos defender su vida; y opinadores en El Mundo tildaron de «reaccionarios vomitivos» a quienes exigían atención psiquiátrica.

Esta locura ya nos respira en la nuca en México. ¿Qué sigue frente a los casi 300 millones de personas con depresión en el mundo? ¿Repartir 300 millones de inyecciones letales? Si usted transborda en la estación Ermita, casi podría escuchar el pregón: «Llévela, llévela, inyección letal, bara, bara».

El gobierno de la Ciudad de México tiene montada una exposición promoviendo la «Muerte Digna» en vitrinas del transbordo del Metro, la realidad en esos mismos andenes es trágica. De acuerdo con datos numéricos basados en carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia, revelan que en un lustro se han registrado cerca de 180 suicidios en sus instalaciones. Por otro lado, el programa institucional «Salvemos Vidas» ha frenado 105 intentos de suicidio en 2025. Es decir, mientras los brigadistas luchan por salvar vidas, la propaganda oficial promueve el discurso en boga como de la muerte como un «derecho».

En nuestro país, la crisis es innegable: después de la pandemia, los suicidios en la capital han aumentado un 40%, y el mayor repunte se concentra dramáticamente entre jóvenes de 15 y 34 años de edad.

El filósofo liberal John Locke lo dejó claro: el derecho a la vida es el primer derecho natural, inalienable y anterior a cualquier gobierno. Nadie puede renunciar a él, y mucho menos cuando una enfermedad le nubla la razón. Asimismo, no podemos permitir que se pervierta el Juramento de Hipócrates; la ciencia médica existe para sanar y salvar vidas, jamás para aniquilarlas.

Afortunadamente, frente al oscurantismo de la agenda progresista, hay quienes encienden luces. Justo un día antes de la muerte de Noelia, el 25 de marzo, el estado de Aguascalientes dio un paso histórico al conmemorar oficialmente el Día de la Vida (Día del Niño por Nacer). Se sumaron a una tradición que naciones como Argentina, Chile, Perú y El Salvador celebran ya desde hace décadas bajo un argumento fundamental: la grandeza de una sociedad se mide por cómo protege al más vulnerable.

Ese es el contraste que debemos abrazar. Cuando alguien pide morir, muchas veces lo que grita en el fondo es que necesita ser visto, escuchado y sostenido. La respuesta no puede ser una inyección letal, sino una comunidad que acompañe, una medicina que atienda, y una esperanza que no abandone.