Más allá del dogma monetarista: el derrame que jamás derramó

Tras la reaparición de las políticas fiscales de los años 80 y 90 se hace necesario volver a hablar claramente. Pues es un deseo fundamental advertir a los incautos libertarios de las derechas latinoamericanas el estrepitoso fracaso que se viene, puesto que en vez de superar la decadencia heredada por la crisis del “socialismo del Siglo XXI”, el postmarxismo de Laclau o Moffe u otra realidad que hayan conocido en sus respectivos países, solamente aumentarán la crisis si desafían toda paz social, necesaria para la convivencia pacífica. Recordemos al respecto que en sus países de experimentación, la Escuela de Chicago fracasó estrepitosamente, tal y como ocurrió en Chile donde los mismos “Chicago Boys” y la Junta de Gobierno, en medio de la Dictadura Civil-Militar, decidieron iniciar el Programa de Empleo Mínimo (PEM) y el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH) para mitigar el desempleo masivo, la pérdida de capacidad de consumo, disminución de apalancamiento bancario, el aumento inusitado de la desnutrición y otros males producidos por las reformas monetaristas, mediante alta inversión fiscal (contra intuitivamente a su propio dogma).

En muchos países se está planteando bajo la excusa de responsabilidad fiscal por “economistas” —como ocurre con su Excelencia el Presidente de Argentina, Javier Miley o el ministro de Hacienda en Chile, Jorge Quiroz, contra la opinión de casi el total de los anteriores ministros de Estado que ocuparon su cartera en gobiernos anteriores— discuten recortes en salud, educación o alimentación escolar paralelamente en reducir gradualmente los impuestos a las utilidades empresariales y a los grandes contribuyentes. Ahora bien, surge en consecuencia una pregunta inevitablemente: ¿quién recibe realmente ese alivio?

La respuesta suele estar en las propias estadísticas tributarias y contables: la rebaja del impuesto corporativo y de las mayores rentas de los países concentra sus beneficios en los segmentos de mayores ingresos, habitualmente en el uno o dos por ciento superior de la distribución. Mientras que, el Estado al renunciar a recaudar y concentrar el beneficio en la cúspide de la pirámide, debe proceder a evitar la bancarrota fiscal, para lo cual recorta en hospitales, jardines infantiles y platos de comida para niños. La transferencia va desde la base hacia la cima, y esto está documentada por la contabilidad pública en numerosos países y sobre todo, por organismos internacionales que en algún momento intentaron aplicar estas políticas mundialmente como el Fondo Monetario Internacional.

Al respecto, la justificación doctrinal de este tipo de políticas apela a una versión simplificada de la economía neoclásica popularizada en manuales como el de Gregory Mankiw, heredera de la ortodoxia monetarista de Paul Volcker y de las rebajas tributarias de la era Reagan. Según este relato, si la cúspide empresarial prospera gracias a impuestos más bajos, la riqueza “chorrea” hacia abajo porque habrá más capital disponible para invertir en las empresas y, con ello, mejores salarios y más empleo. Sin embargo, la propia teoría económica clásica desmiente el entusiasmo casi religioso que se ha construido en torno al derrame.

En primer lugar, la ley de rendimientos decrecientes enseña que, manteniendo fijos otros factores, cada unidad adicional de un insumo aporta cada vez menos producción marginal. En dicha línea, en términos sencillos, al aumentar solo el capital —sin transformar la estructura productiva, la demanda ni la capacidad instalada— no se generan beneficios lineales ni ilimitados. 

Puesto que llega un punto en que ese capital extra produce poco o nada adicional en términos de empleo o producción. A ello se suma la lógica de la economía de portafolios en donde las empresas no viven en un mundo en blanco y negro en el que todo peso adicional se convierte automáticamente en máquinas nuevas o en puestos de trabajo, sino que deciden entre múltiples destinos: invertir en proyectos reales, retener caja, amortizar deuda, recomprar acciones, adquirir activos financieros o simplemente reducir riesgo. 

Esa realidad básica contradice la figura romántica del “chorreo”: el alivio fiscal no “cae” necesariamente hacia abajo en forma de mejores salarios o más contratación; puede quedar absorbido por la estructura financiera de la firma o dirigirse a alternativas de mayor rendimiento privado. Mientras que, en segundo lugar, la evidencia empírica acumulada en las últimas décadas refuerza esta intuición. Diversos estudios muestran que la inversión empresarial responde a un conjunto de variables —demanda esperada, condiciones financieras, estabilidad institucional, tecnología, competencia, entre otros— y que las rebajas de impuestos no producen, en promedio, un efecto uniforme ni robusto sobre la inversión real, el empleo o la inversión extranjera directa. Así, reducir impuestos puede mejorar la posición financiera de la empresa, pero no la obliga a traducir esa mejora en más trabajo digno ni en mayor bienestar social.

Por eso es razonable concluir que bajar el impuesto a las utilidades no garantiza, por sí mismo, una expansión proporcional de la inversión productiva. La empresa decide según su capacidad instalada, la demanda que percibe, los riesgos y la rentabilidad comparada de cada alternativa de portafolio. Pretender que basta con aliviar la carga tributaria de la cima para que toda la sociedad prospere es confundir un posible incentivo parcial con una ley automática de la historia. Al respecto, si se disminuyen los ingresos que llegan a los hogares por nuevos gastos en salud, educación, vivienda y otros servicios, se reduce correlativamente los gastos que se destinan principalmente al consumo de otros bienes necesarios para el progresivo crecimiento del PIB en países desarrollados como el ocio o tecnología.

Ahora bien, más allá de la lógica económica interna de cada uno de nuestros países, importa mirar qué nos dice la experiencia comparada cuando se la estudia con rigor. En 2014, un trabajo de la OCDE dirigido por Federico Cingano mostró que la creciente desigualdad de ingresos reduce el crecimiento a mediano plazo: un aumento de tres puntos en el coeficiente de Gini se asocia con una pérdida acumulada del orden de 8,5 puntos porcentuales del PIB a lo largo de veinticinco años. No se trata de una intuición moral, sino de resultados cuantitativos obtenidos al comparar múltiples países desarrollados.

Por otra parte, en el Fondo Monetario Internacional —nada sospechoso de revolucionario marxista—, Andrew Berg y Jonathan Ostry argumentaron que los países con mayores niveles de desigualdad tienden a tener episodios de crecimiento más cortos y frágiles.

Posteriormente, un estudio liderado por Era Dabla-Norris mostró que cuando aumenta la participación del veinte por ciento más rico en el ingreso, el crecimiento se desacelera, mientras que cuando crece la participación del veinte por ciento más pobre, el crecimiento se acelera. En lenguaje llano: cuando la porción del pastel que va a la cima aumenta demasiado, los beneficios no “chorrean”; se frenan. En la misma línea, David Hope (London School of Economics) y Julian Limberg (King’s College London) analizaron cincuenta años de grandes recortes tributarios a los más ricos en dieciocho países de la OCDE. Su conclusión es contundente: esas rebajas incrementaron la desigualdad, pero no tuvieron efectos significativos sobre el crecimiento ni el desempleo. Es decir, los ricos se hicieron más ricos sin que el resto de la economía recibiera la prometida “lluvia de prosperidad”.

De esta forma, nada de estos datos son consignas ideológicas del socialismo militante, del fascismo o de otras ideologías alternativas al liberalismo. Todos son trabajos elaborados desde instituciones y universidades que, durante décadas, han sido referencia del propio mundo que hoy defiende el dogma del derrame. Por paradójico que parezca, el discurso tributario que se presenta como “realista” y “técnico” se sostiene cada vez más sobre una fe que contradice la mejor evidencia disponible.

En dicha línea, debemos afirmar que la desigualdad extrema no es solo un problema distributivo, sino un dilema político que erosiona la confianza pública, amplía conflictos sociales y reduce la legitimidad de las instituciones. Cuando una minoría acumula recursos muy por encima del promedio, gana también la capacidad de orientar las reglas del juego a su favor, reproduciendo el desequilibrio inicial y haciendo más difícil corregirlo por vías institucionales. Parafraseando al economista alemán Werner Sombart, cercano a la llamada “Konservative Revolution”, hay que señalar que el problema no es solo “quién tiene más”, sino quién decide más sobre el destino común y sobre la paz social cuando las injusticias estructurales se vuelven norma.

Inclusive, es necesario comentar que la conciencia de estos riesgos no es una obsesión moderna. Ya en la Antigua Roma, la República legisló límites sobre el ager publicus, las tierras públicas conquistadas o confiscadas, para evitar que una minoría de latifundistas se apropiara de un bien que pertenecía al conjunto del pueblo. Así, la ley de Cayo Licinio Estolón y Lucio Sestio de 367 a. C., restringió el uso individual del ager publicus a un máximo de 500 yugadas, precisamente para frenar la concentración y preservar la paz social frente a una privatización excesiva de lo común. Detrás de esa norma no había socialismo avant la lettre, sino prudencia política. Una élite que acapara la tierra —o, en nuestro tiempo, las rentas del capital y los beneficios tributarios— más allá de todo límite razonable, termina por minar la base material de la ciudadanía. La consecuencia no es solo pobreza material, sino ruptura de la amistad cívica, resentimiento social y, finalmente, violencia.

La gravedad del problema se vuelve aún mayor cuando un gobierno se presenta como “cristiano” y, sin embargo, abraza sin matices el dogma del derrame. Porque aquí no se trata sólo de eficacia económica, sino de fidelidad o infidelidad a la fe que se proclama. Al respecto, el anterior Vicario de Cristo, Francisco, lo expresó con claridad en Evangelii Gaudium n. 54, en donde afirma que la teoría del goteo “jamás ha sido confirmada por los hechos” y descansa en “una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico”, mientras que, en Fratelli Tutti n. 168 es todavía más directo al señalar que el neoliberalismo recurre “al mágico ‘derrame’ o ‘goteo’” como único camino, sin reconocer que no resuelve la inequidad, y lo describe como un verdadero “dogma de fe”. De esta forma, la expresión es precisa y demoledora: dogma de fe. Eso es lo que queda cuando una creencia económica sobrevive a su refutación empírica: deja de ser ciencia para convertirse en religión en el peor sentido moderno, una religión sin razón ni búsqueda de la verdad, sostenida solo por la autocomplacencia de quienes se benefician de ella.

Por el contrario, un gobierno cristiano debería saber distinguir el verdadero culto de la idolatría. Mucho más cuando el objeto de esa devoción no es el Dios de los pobres y los esclavos, sino Mammon, el señor de los sacrificios humanos y del comercio entendido como fin en sí mismo. Nikolái Berdiáev, en Le nouveau Moyen Âge (El nuevo Medioevo), advertía que tanto la tiranía niveladora del colectivismo como el desorden del capitalismo que “transforma a los hombres en cosas” comparten una misma herida: reducen al enfermo, al niño, al trabajador a una variable en la hoja de cálculo, a un costo que se puede recortar, a un número prescindible. Es, en términos cristianos, un pecado contra la persona.

Por ello, vemos que la crítica al derrame no es, por tanto, un patrimonio de la izquierda, sino una exigencia del sentido común iluminado por la fe y, además, una conclusión avalada por la evidencia económica.

El corazón de la Doctrina Social de la Iglesia ha insistido una y otra vez en que la propiedad privada es legítima, pero no absoluta; está siempre bajo una hipoteca social como explicaba san Juan Pablo II. Todo buen cristiano de esta manera debería tomar el ejemplo de los padres de la Iglesia como san Juan Crisóstomo quien claramente afirmaba que: “No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida; no son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos” [Homiliae in De Lazaro Concio II, 6 (PG 48, 992D)], mientras que, por otra parte san Ambrosio de Milán afirmaba, en la misma línea que “Dios creó el género humano para la comunión de unos con otros; es el pan del hambriento lo que vosotros retenéis, es la ropa de los desnudos lo que atesoráis, es el alivio y la liberación de los miserables lo que frustráis al enterrar vuestro dinero” [De Nabuthe, 12, en: PL 14, 747–750; citado por Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae II‑II, q.66, a.7.].

Santo Tomás de Aquino sistematizará siglos después esta verdad de derecho natural al explicar que, en caso de necesidad grave, los bienes superfluos que algunos poseen son debidos por derecho natural al sustento de los pobres, y que el hombre debe tener las cosas exteriores “como comunes”, de modo que fácilmente dé participación de ellas a quienes las necesitan. Por otro lado, ya en tiempos modernos, León XIII en Rerum Novarum, Pío XI en Quadragesimo Anno, Pablo VI en Populorum Progressio, san Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus, y el propio Francisco han reiterado que la riqueza no es un absoluto individual, sino un talento confiado para el bien común. De allí surge la idea —tan olvidada como necesaria— de la “hipoteca social” ya dicha, la cual es la institución que grava toda propiedad, incluido el capital empresarial y sus beneficios tributarios.

Desde esa perspectiva, las políticas públicas no pueden evaluarse únicamente por su impacto en el “clima de negocios” o en las expectativas de los inversionistas, sino por su contribución real a la dignidad de los pobres, al trabajo digno, a la familia concreta que intenta comer, educar a sus hijos y cuidar a sus enfermos. Cuando una reforma tributaria alivia notablemente a quienes ya se encuentran en la cúspide y, al mismo tiempo, se traduce en recortes a hospitales, jardines y comedores escolares, el problema no es sólo técnico; es sobre todo moral e incluso, ontológico, al servir a bienes intermedios e inferiores a la plenitud de la persona humana y su comunión de amistad.