Actualmente, la praxis política en México y en muchas naciones, gira en torno a lo que se denomina “Marketing Político”. Esto es, que el ejercicio de la política sigue las reglas de la comercialización de un producto o servicio que se oferta en el mercado. Y, como tal, su producción, desarrollo, venta y post servicio, obedece a las reglas de la economía.
Ciertamente, en el mercado la oferta puede ser variada. La relación precio/calidad debería ser indicador de su éxito; pero en muchas ocasiones es el productor de bienes o servicios que invierte más en mercadotecnia -concretamente en propaganda- es el que más participa del mercado.
Esta breve analogía sirve para analizar la circunstancia en que se desarrolla la práctica de la política en nuestro país.
Para empezar, se requieren grandes cantidades de dinero para posicionar a un candidato y esto conlleva no respetar las normas político-electorales: propicia la corrupción al desviar recursos públicos; establecer asociaciones con proveedores de bienes y servicios que -una vez firmados los contratos- ofrecen el famoso “diezmo” a los funcionarios del gobierno.
Obviamente, no todo el dinero se aplicará a campañas políticas (el intermediario siempre se queda con una tajada), y todos los involucrados están protegidos por la red de corrupción en la que participan.
Es obvio que el partido político en el poder es el que gana más. Los partidos satélites se benefician de las asignaciones a través de los cargos de representación popular en el legislativo y en los gobiernos estatales y municipales, donde este proceso se repite.
Las participaciones que reciben los partidos para sus campañas electorales se relacionan directamente con los votos recibidos en las elecciones anteriores; pero son un mero escaparate para cubrir el grueso de las recursos económicos captados de manera indebida con motivo de los procesos electorales; las denuncias, acusaciones, investigaciones periodísticas dan cuenta de estos hechos.
Hay otro aspecto que es determinante en este proceso para tener éxito: escoger al candidato que conecte con el electorado; que sepa manejar la emoción popular; no importa mucho su preparación técnica-profesional; no importa que presente un análisis objetivo de como resolver los diversos problemas que aquejan a la sociedad, o que no diga la verdad.
Ya se encargarán los operadores políticos de subsanar estas carencias. Para eso sirve el dinero: para denostar al adversario con campañas de desprestigio, o bien para construir la imagen del producto político que ofrecen. En esta circunstancia ayuda la escasa preparación cívica del electorado y el abstencionismo de los electores.
Nuestro sistema electoral, construido a través de varias décadas, presenta varios vicios. Aunados a éstos se encuentran los constantes ataques del gobierno, de Morena y de su caudillo al INE, esta es la única institución capaz de garantizar la organización exitosa de los procesos electorales, con resultados precisos y oportunos, lo que le ha ganado la credibilidad y el reconocimiento de los gobiernos, partidos, de la sociedad y el internacional. Pese a su alto costo nos brinda estabilidad política.
Otro fenómeno en nuestra cultura política es el marcado desencanto de la población por el desempeño de los partidos políticos y de sus líderes; estos se han convertido en patentes para lucrar con las participaciones que reciben del INE, producto de nuestros impuestos.
Los líderes de los partidos políticos se manejan como los dueños de una marca y se eternizan en los cargos; son los que dispensan a los amigos la posibilidad de llegar a un puesto de elección popular y así compran también voluntades. No hay apego a los principios y valores de un ideario político. Sólo hay intereses.
Esta es la razón por la que algunos políticos acostumbrados a lucrar de la política -conocidos como “chapulines”- se venden al mejor postor cuando las prebendas que disfrutan tienen el riesgo de disminuir, acabar o bien no corresponden a sus ambiciones.
Muchos de los políticos son políticamente extorsionables por el poder debido a la larga y ancha cauda de actos delincuenciales que llevan a cuestas.
Ante esta deplorable circunstancia, quiero proponer una quimera: la construcción de un gobierno que ejerza un poder moral, producto de sus acciones transparentes; que procura en todo el bien común; que diga siempre la verdad, a pesar de que no le favorezca; que propicie las condiciones para el desarrollo integral de la población, en el que se respeten los derechos fundamentales del ser humano, empezando por el derecho a la vida; que las principales inversiones se den en una sana política educativa que es el medio para igualar a la población; un adecuado sistema de salud y, sobre todo, que vivamos en un ambiente de paz y tranquilidad porque se respetan las leyes y practiquemos un verdadero espíritu cívico.
Un gobierno con estas características tendrá poder moral porque se lo reconocerá el pueblo y, podrá convocar a éste, a que practique una moral ciudadana basado en buenas conductas básicas: honestidad, responsabilidad y disciplina.
Sí, esta es una quimera, pero detrás está la esperanza de construir la patria que merecemos y no la que estamos legando a nuestros hijos; en la que nos estamos replegando la gente buena a los intereses de los que obran el mal, a los intereses del crimen organizado y sus secuaces dentro del gobierno.
Es un deber ciudadano construir y trabajar por un gobierno al que se le reconozca poder moral y que se practique una moral ciudadana para convivir en la verdadera paz, que es la tranquilidad dentro del orden.
