María Romero Meneses es la única nicaragüense beatificada por la Iglesia Católica. Fue una monja salesiana de las Hijas de María Auxiliadora que nació a principios de 1902, ya en los últimos meses del pontificado de León XIII. Para entonces, el presidente de ese país era el liberal José Santos Zelaya, un militar que ascendió al poder en 1893 tras una revolución liberal que derrocó a los gobiernos conservadores que habían permanecido 36 años al mando del país centroamericano desde 1857 hasta ese año.
Durante el período conservador se decía que en Nicaragua era un “axioma político inconcuso que jamás triunfaría una revolución”.[1] La estabilidad política y macroeconómica del país le hacía uno de los pocos países del continente que a mediados del siglo XIX no estaba inmerso en ningún conflicto civil.
Sin embargo, justo en el momento en donde más consolidado parecía el régimen del último presidente conservador Joaquín Zavala Solís, famoso por haber negado la petición de una beca de estudio para el joven poeta Félix Rubén García Sarmiento o como se le conoce mejor, ‘Rubén Darío’, y justo cuando se decía de Nicaragua el cognomento de ser la ‘Suiza centroamericana’,[2] fue que Santos Zelaya derrocaría más de tres décadas de gobierno conservador e inauguraría el primero de los períodos de persecución religiosa en ese país, hoy azotado por una represión a la Iglesia Católica auspiciada por Daniel Ortega y su consorte Rosario Murillo que gobiernan su segundo período desde 2007 enarbolando las banderas de Santos Zelaya y del guerrillero Augusto Sandino.
Zelaya fue un gobernante anticlerical y hostil a la fe católica que promulgó toda clase de leyes contrarias a la expresión pública de la fe y al libre ejercicio de la evangelización que llevaba a cabo la Iglesia en ese país.
Entre sus iniciativas estuvieron la confiscación de numerosos bienes eclesiásticos destinados al sostenimiento del culto, la prohibición de cualquier forma de expresión pública de la fe por fuera de los templos y en 1904, la emisión de un decreto que impedía la entrada de religiosos al territorio nacional y prohibía el uso de sotanas o de hábitos religiosos en espacios públicos[3].
Ante esto, el obispo de ese territorio Simeón Pereira y Castellón lo excomulgó y la respuesta de Zelaya fue expulsarlo del país junto a otros 23 clérigos más entre los que estaban José Antonio Lezcano quien sería años más tarde el primer arzobispo de Managua y el sacerdote y poeta, Azarías Pallais.
La historia política de Nicaragua, desde entonces, ha estado pasada por regímenes antidemocráticos y períodos de inestabilidad política. Como si la premisa dicha durante el período conservador fuera luego su propia sentencia, en Nicaragua han padecido sendas revoluciones sociales desde los períodos de gobierno de Anastasio Somoza García y de su hijo Anastasio Somoza Debayle, hasta la ‘Junta de Reconstrucción Nacional’ coordinada por Daniel Ortega quien tendría un primer mandato entre 1985 y 1990, y un posterior regreso al poder desde 2007 y hasta la fecha.
En este último período del sandinista Ortega es cuando se ha recrudecido y sin precedentes, el odio y la persecución a la fe católica en el país pinolero.
Desde abril de 2018 la persecución contra miembros consagrados de la Iglesia católica se ha intensificado dramáticamente. 245 religiosos han sido expulsados del país entre ellos 136 sacerdotes, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw y los obispos Silvio José Báez de la arquidiócesis de Managua, Isidoro Mora de la diócesis de Siuna, Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa[4] y en diciembre de 2024 el presidente de la conferencia episcopal de Nicaragua y obispo de la diócesis de Jinotega, Monseñor Carlos Enrique Herrera[5].
¿El motivo? Quejarse ante el alcalde municipal por haber realizado una actividad cuyo ruido no permitía la adecuada realización de la Eucaristía dominical. Asimismo, se han registrado hasta la fecha 879 ataques contra iglesias dentro del territorio nacional, la prohibición de 9,688 procesiones, cierres de medios de comunicación católicos, la eliminación del estatus jurídico de las entidades religiosas, la confiscación de bienes destinados al culto propiedad de congregaciones y comunidades eclesiales, el cierre de más de 5,600 ONG’s dedicadas a obras sociales asociadas a la religión y por supuesto, la supresión de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el gobierno de Ortega.
La última gran arremetida del gobierno contra la Iglesia fue una orden emitida a finales de 2024 en donde se ordenaba que todas las comunidades religiosas en Nicaragua debían irse del país al finalizar el año.[6] Ante la negativa de algunas de ellas que acudieron a los estrados de ese país, la respuesta fue agilizar su salida y en enero de 2025 más de 30 monjas franciscanas de la Orden de Santa Clara fueron expulsadas violentamente de los tres monasterios que tenían en el territorio nacional: Managua, Matagalpa y Chinandega.[7]
¿Por qué sucede todo esto? Puede decirse mucho, pero la respuesta la encontramos en lo que decía el pontífice que gobernaba la Iglesia para cuando María Romero Meneses nació: “es, por lo tanto, no conocerla bien o calumniarla injustamente (a la Iglesia) el acusarla de querer invadir el dominio propio de la sociedad civil o de poner trabas a los derechos de los soberanos”[8]. Desconocimiento y calumnia; los dos elementos de un país mayoritariamente católico pero gobernado por una casta política ignorante de la fe, maleva en su narrativa y mentirosa en sus formas.
Tras las masivas protestas acontecidas en 2018 contra el gobierno de Ortega en donde la jerarquía eclesial de ese país intentó mediar con los manifestantes, Ortega y su esposa acusaron a la Iglesia de querer apoyar un golpe de estado.
Desde entonces, cualquier declaración de los obispos y sacerdotes de la Iglesia en contra de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, el gobierno las considera instigaciones directas y su respuesta es siempre expulsar a cuentagotas los más de 600 clérigos que tiene el país.
¿Quién puede creer que un puñado de monjas de clausura como las 30 clarisas expulsadas en enero de 2025 son un peligro para el país y una afrenta al orden social?
Solo hay tres respuestas: 1) un gobierno que no teme a Dios ni a su justicia, 2) un gobierno tirano y diabólico[9] que sabe muy bien lo que hace, o 3) un gobierno que cumple las dos características anteriores. Ante esto, ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Sin duda, el profetismo que hace eco de lo divino frente a las injusticias y la indiferencia, pero también, y en palabras de la beata María Romero Meneses, acrisolar el valor de ser cristiano aun en medio de la persecución y permanecer fielmente dentro de la Iglesia, signo visible del amor de Dios: “Ama la Iglesia en quien se debe confiar con devoción filial para beber en las fuentes de la gracia que ella nos ofrece”.[10]
Referencias:
[1] Ramón Ignacio Matus, “Revoluciones contra Zelaya”. En Revista Conservadora No 19. 1962
[2] Ídem.
[3] Uriel Pineda Quinteros, “La Fabricación de Héroes Nacionales y el Control de Constitucionalidad
[4] El Tiempo, 2024. “En Nicaragua han expulsado 245 religiosos católicos en siete años: ¿por qué el régimen de Daniel Ortega está obsesionado con perseguir a la Iglesia?”
[5] CNN, 2024. “El Vaticano confirma el destierro del obispo nicaragüense Carlos Enrique Herrera por críticas al Gobierno de Ortega”.
[6] Zenit, 2024. “Nicaragua se quedará sin monjas y religiosas: gobierno las expulsa a todas y pone fecha para que se vayan”.
[7] Vatican News, 2025. “Expulsan de Nicaragua a más de 30 monjas clarisas”.
[8] S.S. León XIII, 1896. Carta Encíclica “Satis Cognitum”.
[9] Etimológicamente la palabra viene del griego “diábolos” (διάβολος) que significa “calumniador” o “adversario”.
[10] María Romero Meneses, 1989. “Escritos Espirituales. Sierva de Dios María Romero Meneses”. Tomo primo, Instituto Hijas de María Auxiliadora.
