Esta sensación se intensificó con aprobación y ejecución de la reforma judicial, con la que asumirán el cargo en septiembre, por primera vez en la historia del país, jueces electos por voto popular, algo que solo sucede en Bolivia.
Sin embargo, antes de tirar la toalla, resulta fundamental observar detenidamente los patrones de declive de diversos gobiernos de izquierda latinoamericana, que pueden resumirse en cinco “Ds”: Deuda excesiva, Divisiones internas, Deficientes políticas, Descaro de dirigentes y Decepción popular.
Argentina: precursor del cambio
En Argentina, estas cinco Ds fueron determinantes para el ascenso meteórico de Javier Milei y la caída del peronismo: la crisis fiscal, con un déficit que alcanzó el 15% del PIB, junto con una inflación descontrolada, creó las condiciones perfectas para un outsider radical; las divisiones internas del peronismo entre el entonces presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner paralizaron al gobierno y lo expusieron ante la opinión pública como una fuerza política agotada; el descaro de la dirigencia, evidenciado en múltiples escándalos de corrupción, fue capitalizado por Milei a través de su retórica agresiva contra la “casta política”; la decepción ciudadana con el modelo peronista ha permitido a Milei mantener niveles de aprobación superiores al 50%, a pesar de implementar un ajuste fiscal sin precedentes.
Es importante destacar que el peronismo no minó las instituciones electorales y democráticas con la velocidad que ésta sucediendo en México y con la vehemencia de los promotores del Socialismo del Siglo XXI. El extremo son Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde ya no existe democracia sino regímenes autoritarios que se mantienen mediante la represión sistemática y la colusión de las fuerzas armadas. En estos casos, la vía electoral ha dejado de ser una opción viable para el cambio político.
Bolivia: breve recuento
Tras la elección de Evo Morales en 2005, Bolivia se convirtió en el “más exitoso” proponente del Socialismo del Siglo XXI, materializado en su Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). Su estrategia se fundamentó en la nacionalización de hidrocarburos y minería para redirigir sus rentas hacia la redistribución de ingresos. A pesar del discurso anti-mercado, Morales ganó credibilidad inicial al mantener una política fiscal y monetaria sorprendentemente ortodoxa —estrategia que posteriormente emularía López Obrador en México—. El aumento de la inversión pública y los bonos sociales se tradujeron en una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad.
Sin embargo, varios analistas advertían desde entonces lo que posteriormente resultaría evidente: el éxito no radicaba en el modelo sino en el contexto internacional favorable, con precios históricamente altos de las materias primas.
Siguiendo el libreto venezolano, una vez afianzado en el poder, Evo Morales inició un proceso de desmantelamiento democrático y constitucionalismo abusivo. Esta deriva autoritaria se acompañó de una característica común de los caudillos latinoamericanos: el mesianismo político y la percepción de ser indispensables para la continuidad del modelo.
Morales obtuvo un tercer mandato en 2014 aprovechando la “refundación” del Estado, y a pesar del rechazo ciudadano a la reelección indefinida en el referéndum de 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional —producto de la elección popular de jueces, similar al sistema que México implementará— le permitió en 2017 postularse para un cuarto mandato invocando sus “derechos humanos”.
La ciudadanía boliviana fue tomando conciencia progresiva de esta deriva autoritaria, y el evidente fraude en las elecciones de 2019 desató protestas masivas que culminaron con la renuncia de Morales.
La transición fallida
El efímero gobierno interino de Jeanine Áñez (noviembre 2019-octubre 2020) demostró la complejidad de salir del entramado constitucional que el Socialismo del Siglo XXI teje cuando está en el poder. Los gobiernos de transición se ven obligados a implementar ajustes fiscales impopulares mientras enfrentan la resistencia de instituciones capturadas por el régimen anterior. La pandemia de COVID-19 complicó aún más el escenario, pero las elecciones se realizaron y Áñez entregó el poder al candidato ganador del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, quien había sido ministro de Economía de Morales durante su período de mayor éxito económico.
Divisiones internas
Las divisiones entre Evo Morales y Luis Arce comenzaron desde el proceso electoral de 2020. Arce logró obtener control legal del partido, inhabilitando políticamente a Morales. Esta fractura le costó a Arce su mayoría legislativa, impidiendo la aprobación de políticas económicas cruciales.
Morales respondió creando su propio partido, “Evo Pueblo”, y convocando protestas y bloqueos de carreteras que paralizaron el país durante semanas. La decisión de Arce de nombrar a su confidente Eduardo del Castillo como candidato presidencial del MAS para 2025 desató la ira definitiva de la facción “evista”, que lo acusó de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Deficientes políticas y deuda excesiva
Los subsidios masivos a los hidrocarburos y el gasto social desmedido cobraron factura. Entre 2007 y 2023, la deuda externa boliviana se multiplicó por seis, alcanzando 13.408 millones de dólares. Simultáneamente, la deuda interna se triplicó en apenas seis años (2017-2023), llegando a 128.115 millones de bolivianos.
Fitch Ratings rebajó la calificación de Bolivia a ‘CCC-’, señalando un “probable default” de su deuda soberana. La obsesión por mantener un tipo de cambio fijo generó escasez crónica de dólares, restringiendo la importación de bienes esenciales como combustible y provocando largas filas en gasolineras de todo el país.
Descaro y decepción ciudadana
La inflación es uno de los síntomas que más afectan a la población. Solo entre marzo y julio de 2025, escaló drásticamente del 15.01% al 24.86%. Por otra parte, la entrega de la explotación de las mayores reservas de litio del mundo a empresas chinas y rusas, ha generado descontento tanto en el sector privado como en las comunidades indígenas.
Y en general, los ciudadanos de a pie han percibido el descarado uso político del sistema judicial boliviano —modelo que México ha adoptado. Tras las elecciones de 2020, Áñez fue apresada, enjuiciada y condenada a 10 años de prisión por su participación en lo que el MAS consideró un “golpe de estado”. Sin embargo, con Arce en el poder, Morales probó su propia medicina. Ante la reactivación de órdenes de arresto en su contra y el encarcelamiento de jueces afines, comenzó a denunciar el “terrorismo de Estado”.
El colapso electoral y el previsible inicio de una nueva etapa
Los resultados de la primera vuelta presidencial de agosto de 2025 hacen previsible el fin de una era en Bolivia: el MAS obtuvo apenas 3% de los votos.
El senador Rodrigo Paz, de centro derecha, obtuvo el 32% de los votos, atrayendo a votantes desilusionados del MAS y profesionales urbanos. Se enfrentará en segunda vuelta al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la derecha conservadora, quien obtuvo un 26% enarbolando una plataforma de libre mercado y austeridad fiscal.
Significativamente, Morales, impedido de competir, motivó el voto nulo que alcanzó cerca del 20%, evidenciando que su base electoral prefirió la protesta antes que apoyar al MAS oficial. Ello también implica que seguirá siendo una fuerza política de peso.
Chile: ¿El próximo domino?
Si bien el gobierno de Gabriel Boric no implementó políticas tan radicales como el régimen boliviano y mantuvo desde el inicio un distanciamiento con Venezuela, todo indica que Chile podría ser el próximo país latinoamericano en experimentar un viraje hacia la derecha.
El descontento generalizado con el desempeño gubernamental en temas críticos como seguridad ciudadana, inmigración descontrolada y estancamiento económico sugiere que las cinco “Ds” podrían manifestarse también en territorio chileno. Habrá que estar atentos.
Lecciones a tomar en cuenta
El caso boliviano ofrece tanto esperanza como advertencias para México y otros países. Esperanzas en el sentido de que los regímenes autoritarios y mesiánicos de la izquierda latinoamericana tarde o temprano acaban por caer solitos, presa de sus divisiones internas y del descontento ciudadano con sus políticas que invariablemente ponen en riesgo las finanzas públicas, generan crisis y decepción ciudadana.
Advertencias en el sentido de que, cada año que se avanza en el deterioro democrático e institucional es más difícil revertir la situación. Además de que sus proponentes también aprenden de sus vulnerabilidades y errores. De ahí la velocidad inusitada que ha tenido la reforma judicial y el desmantelamiento de instituciones
