Un amigo italiano ya fallecido tenía una frase fantástica: “Argentina è un casino”. En un primer momento me molestaba la etiqueta con la que comparaba a mi país con una casa de prostitución. Sin embargo, a la postre, considero que tenía gran parte de razón.
El grado de caos, desorientación y corrupción ha llegado a ser tan severo dentro de la clase dirigente que los que trabajan de políticos pretenden hacerlo al margen de la forma republicana de gobierno adoptada por el artículo 1º de la Constitución Nacional.
Esta forma republicana de gobierno hace referencia a la existencia de un Estado cuyo poder se encuentra repartido en tres sectores bien diferenciados: el que hace las leyes (Poder Legislativo), el que las aplica (Poder Judicial) y el que las ejecuta (Poder Ejecutivo). Y dado que es el pueblo el que elige a los parlamentarios, se puede hablar de una república democrática.
Sin embargo, la democracia no solo es la observancia del derecho de la mayoría, sino también de los principios de libertad e igualdad que limitan a ese derecho. Nadie, en una república democrática, por más votos que haya obtenido, puede avasallar la autonomía y la igualdad de ningún ciudadano.
En la página web del gobierno nacional (https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/organizacion/los-tres-poderes) se consigna que: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República Argentina. Órgano máximo del Poder Judicial”; su “misión es asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella y participar en el gobierno de la República”; el “Poder Judicial de la Nación y, como instancia final, la Corte Suprema, ejercen la función jurisdiccional para resolver los conflictos que se plantean entre los ciudadanos o entre ellos y el Estado. A través de sus sentencias, realizan la interpretación y sistematización de todo el ordenamiento jurídico y el control de constitucionalidad de las normas y actos estatales”.
Pues bien, a raíz del pedido de condena del fiscal Luciani para la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se han levantado voces en su defensa. En este sentido, me llamó la atención la intervención de personas que debieran tener conocimiento y observancia del orden republicano de gobierno.
Me refiero, concretamente, a un conjunto de intendentes del país que se ocupó de denigrar al Poder Judicial, llegando a redactar un guion de opereta en el que afirman que el sistema judicial estigmatiza, condiciona y disciplina. Habría que advertirles que esto último es absolutamente verdadero… solo en el caso de los delincuentes.
En efecto, la ley desalienta severamente ciertas conductas que la sociedad considera como poco valiosas, e intenta que el que las comete se rectifique y pague por el daño ocasionado.
Asimismo, este grupo hace referencia a la persecución que la Vicepresidente recibe por parte de los medios de comunicación social con el objeto de invisibilizarla social y políticamente. Me pregunto: ¿cuál sería el problema judicial de la Vicepresidente si estuviese sometida a una denigración mediática? ¿No podría, ella misma, apelar a la justicia (si es que hubiese delito) para denunciar a esos periodistas que están incurriendo en el delito de hacerla objeto de persecución?
Pero me pregunto también: ¿se puede llevar a juicio a cualquier ciudadano e inventarle un cúmulo de pruebas en su contra? Además, ¿qué certeza tienen estos intendentes que la Vicepresidente sea inocente o culpable? ¿No resulta prudente dejar el veredicto en manos del Poder Judicial el cual, según la propia Constitución Nacional, debe encargarse de darlo?
No creo que los intendentes firmantes (como tampoco ninguno de los acusadores de la Vicepresidente) tengan ciencia infusa. Cada uno podrá tener una convicción subjetiva, pero esta convicción no los habilita a ignorar al Poder Judicial dentro de un sistema republicano de gobierno.
Los fiscales se han encargado de probar la culpabilidad de la Vicepresidente. Los defensores se ocuparán de lo contrario. Y el Tribunal, finalmente, pronunciará el fallo que debe ser respetado por todo ciudadano.
Si esto ocurriese y fuese acatado, podría decirle a mi amigo italiano que hemos dejado de ser “casinistas” (traducido al criollo: “quilomberos”).
Y si alguien no estuviera dispuesto a hacerlo (o sea, respetar las sentencias), debería proponer a todos los argentinos el reemplazo de la forma republicana de gobierno por un nuevo régimen fundado en la pura fuerza.
