¿Puede un estado gobernar sin destruir la vida que lo sostiene?

Durante siglos, el Estado se ha definido a sí mismo como la entidad encargada de controlar lo que ocurre dentro de un territorio: regular la economía, administrar recursos, imponer orden, promover el desarrollo. Sin embargo, frente a la crisis ambiental que atraviesa al planeta esa definición comienza a mostrar una grieta profunda.

La pregunta ya no es cuánto puede crecer un país, sino si ese crecimiento compromete la continuidad de la vida que lo hace posible.

La crisis ambiental no es solo ecológica ni técnica. Es, ante todo, una crisis política: una señal de que el Estado moderno ha gobernado el territorio como si este fuera un espacio inerte, y no un sistema vivo del cual depende su propia legitimidad.

Un acuerdo olvidado con la tierra

En los orígenes del Estado moderno hay historias que hoy parecen anecdóticas, pero que encierran lecciones profundas. Cuando los pueblos indígenas permitieron a los colonos ingleses establecerse en el territorio que hoy conocemos como Nueva York, exigieron como parte del acuerdo, pagos en pieles de animales, que deberían ser entregadas a ellos o a sus hijos. 

Leído desde la lógica colonial, aquello fue interpretado como un intercambio primitivo. Sin embargo, desde la cosmovisión indígena, el sentido era otro: no se pedía riqueza, se exigía continuidad. Las pieles eran prueba de que los animales seguían existiendo, de que la caza no había roto el equilibrio, de que la tierra continuaba produciendo vida y de que esa tribu debía sobrevivir en ese nuevo equilibrio.

Habitar un territorio implicaba una responsabilidad: demostrar que la ocupación no cancelaba la subsistencia futura. Era un pacto implícito con la naturaleza que antecede al Estado moderno, pero que este parece haber olvidado.

Cuando gobernar dejó de significar cuidar la vida

Con el avance del modelo estatal moderno, ese pacto se diluyó. La tierra se convirtió en propiedad, luego en activo; la naturaleza, en recurso; la vida, en variable secundaria. Gobernar pasó a significar administrar crecimiento, aun cuando ese crecimiento erosionara los sistemas que lo sostienen.

Así, el deterioro de la biota comenzó a tratarse como un “costo del desarrollo”, una externalidad inevitable. Pero quizá sea momento de nombrar las cosas de otro modo: cuando las decisiones públicas destruyen las condiciones de la vida, no estamos ante un daño colateral, sino ante una falla estructural del Estado.

Un Estado que permite el colapso de los sistemas vivos no solo gestiona mal el territorio; socava su propia razón de ser.

México: saberes desplazados, equilibrios rotos

México conoce bien otras formas de relación con la naturaleza. Durante siglos, los pueblos originarios organizaron su vida política y económica alrededor del agua, del maíz, del bosque, del suelo. La milpa, los sistemas comunitarios de riego, la propiedad comunal no eran expresiones de atraso, sino formas sofisticadas de garantizar la subsistencia en el tiempo.

El Estado moderno, sin embargo, desplazó muchas de esas lógicas. Parceló la tierra, concesionó el agua, industrializó los bosques. La naturaleza dejó de ser fundamento de la soberanía para convertirse en insumo del crecimiento.

Hoy enfrentamos acuíferos sobreexplotados, regiones sin acceso seguro al agua, territorios degradados por proyectos extractivos. No se trata solo de un problema ambiental: es la evidencia de un modelo de gobierno que ha perdido de vista los límites que hacen posible la vida.

El agua como espejo del poder

Pocas cosas revelan con tanta claridad la concepción del poder como el agua.

Lo que un Estado permite hacer con ella muestra si gobierna pensando en la continuidad o solo en el presente.

Tratar el agua como si fuera infinita, concesionarla sin límites claros, posponer decisiones difíciles en nombre del crecimiento equivale a administrar una cuenta regresiva. Un Estado que agota sus fuentes de agua gobierna, en realidad, un futuro cada vez más corto.

La crisis hídrica no es técnica: es política. Y pone en evidencia una pregunta incómoda: ¿puede llamarse gobernable un país que compromete el elemento básico de la vida?

Gobernar los límites

Replantear la función del Estado no significa volverlo más poderoso, sino más consciente de sus límites. Gobernar no debería ser maximizar lo posible, sino impedir aquello que hace imposible la vida futura.

Esto implica reconocer la existencia de límites no negociables: umbrales ecológicos que no pueden redefinirse por coyunturas electorales, presiones económicas o discursos de emergencia. Implica asumir una responsabilidad intergeneracional real, donde las decisiones públicas no cancelen silenciosamente los futuros posibles.

También exige transparencia ecológica: la degradación de los sistemas vivos no puede maquillarse con narrativas de éxito o compensaciones simbólicas. O la biota se mantiene, o se pierde. Y cuando se pierde, no hay discurso que la sustituya.

Finalmente, obliga a aceptar la irreversibilidad. No todo daño se corrige. No toda pérdida se restaura. Gobernar implica reconocer que hay decisiones que, una vez tomadas, no admiten rectificación.

Una conversación necesaria

Esta reflexión no pretende ofrecer soluciones técnicas ni recetas de política pública. Busca algo más básico y, quizá, más urgente: abrir una conversación sobre el sentido mismo de gobernar.

¿Puede el Estado redefinirse como custodio de la continuidad de la vida?

¿Dónde deben trazarse los límites entre desarrollo, soberanía y subsistencia?

¿Qué responsabilidades corresponden a gobiernos, ciudadanía y comunidades frente a la biota que nos sostiene?

Tal vez el desafío político central del siglo XXI no sea administrar el crecimiento, sino aprender a gobernar sin destruir la vida que hace posible cualquier proyecto de país.