La reforma electoral que no pasó

Más allá del debate superficial que dominó la discusión pública —la reducción de plurinominales o el financiamiento a los partidos— lo ocurrido revela tensiones profundas dentro del propio bloque gobernante y deja lecciones importantes sobre el funcionamiento real del poder en el país.

En primer lugar, conviene señalar que la reforma electoral presentada tenía elementos positivos que podían generar consenso ciudadano. Por ejemplo, la propuesta de eliminar 32 senadores plurinominales respondía a una crítica recurrente de la sociedad: el exceso de representación política sin vínculo directo con los votantes. La Cámara Alta originalmente fue concebida como un órgano de representación de las entidades federativas, y con tres senadores por estado ese principio ya se encontraba razonablemente garantizado.

También existía una demanda social clara respecto al financiamiento público de los partidos políticos. En un país con enormes necesidades sociales, la percepción de que los partidos reciben recursos excesivos es una fuente permanente de descontento ciudadano. Reducir esos recursos podría haber generado un punto de acuerdo entre distintos sectores.

Sin embargo, la reforma también incluía elementos preocupantes que pasaron relativamente desapercibidos en el debate público. Uno de ellos era la intención de regular de manera más estricta el uso de redes sociales y de herramientas como la inteligencia artificial en las campañas electorales. Aunque el argumento oficial giraba en torno al combate a la desinformación o a los llamados “bots”, el problema de fondo siempre es el mismo: ¿quién decide qué se puede decir y qué no en el espacio público digital?

En democracias modernas, cualquier intento de control excesivo sobre la conversación política en redes sociales abre la puerta a riesgos para la libertad de expresión.

Otro punto de preocupación era la discusión sobre el funcionamiento del sistema de conteo electoral. Aunque finalmente la propuesta no eliminaba directamente el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sí existían planteamientos que podrían haber debilitado uno de los elementos más importantes para la confianza ciudadana: la rapidez y transparencia en la difusión de resultados electorales.

Cuando los resultados tardan en conocerse, crece la incertidumbre. Y cuando crece la incertidumbre, se debilita la confianza en las instituciones.

Pero más allá del contenido de la reforma, lo verdaderamente revelador fue la razón por la cual no prosperó.

La iniciativa fue frenada por los propios aliados del partido gobernante: el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ambos institutos políticos identificaron rápidamente que algunos de los cambios propuestos afectarían directamente sus intereses.

La reducción de financiamiento público implica menos recursos para mantener estructuras partidistas. Y la eliminación de plurinominales podría debilitar la representación legislativa de partidos pequeños que dependen de ese mecanismo para sobrevivir políticamente.

Esto no es un detalle menor.

En el caso del Partido del Trabajo, su dirigente nacional Alberto Anaya ha permanecido al frente del partido desde su fundación en 1990. En el Partido Verde ocurre algo similar: durante décadas ha funcionado como un proyecto político con una fuerte estructura familiar alrededor de sus fundadores.

En otras palabras, más que una discusión ideológica, la votación reflejó la lógica más clásica de la política mexicana: la defensa de intereses partidistas.

Paradójicamente, la derrota legislativa de la reforma también puede interpretarse como un revés político para el gobierno federal. Durante más de un año de administración, el Ejecutivo había logrado sacar adelante prácticamente todas sus reformas constitucionales gracias al respaldo de sus aliados legislativos.

Esta vez, esa disciplina se rompió.

Eso no significa necesariamente una ruptura definitiva dentro del bloque oficialista. La política mexicana es pragmática y las alianzas suelen reacomodarse con rapidez. Sin embargo, sí revela que el poder presidencial no es absoluto dentro del Congreso.

Ahora el gobierno ha anunciado un “Plan B”: impulsar cambios mediante reformas a leyes secundarias, donde se requiere mayoría simple y no mayoría calificada. Morena cuenta con los votos suficientes para lograrlo.

Aun así, hay límites claros.

Las leyes secundarias no pueden modificar aspectos fundamentales del sistema electoral que están establecidos en la Constitución. Por ejemplo, no pueden cambiar la composición del Congreso ni alterar el financiamiento público de los partidos políticos.

Lo que sí podrían modificar son aspectos operativos del funcionamiento de la autoridad electoral. Y ahí es donde se abre otro debate importante: el equilibrio entre eficiencia administrativa y autonomía institucional.

El Instituto Nacional Electoral no es perfecto. Tiene áreas que deben reformarse y procedimientos que pueden mejorar. Pero debilitar su autonomía o reducir su capacidad operativa podría terminar afectando la confianza en el sistema electoral.

En democracia, las instituciones electorales deben ser suficientemente fuertes para garantizar procesos confiables, incluso cuando el resultado no favorece al gobierno en turno.

Por eso, la discusión de una reforma electoral profunda debería darse en otro momento político, lejos de las presiones inmediatas del calendario electoral. El propio sistema establece que las reglas del juego no deben cambiarse a menos de un año de una elección.

La próxima elección federal será en 2027. Eso deja poco margen para una reforma estructural bien diseñada.

Las reformas electorales requieren diagnósticos serios, consenso político y una visión de largo plazo. Cuando se intentan aprobar con prisa, suelen terminar respondiendo más a intereses coyunturales que a necesidades democráticas.

En este caso, la reforma no pasó. Pero el debate sobre el sistema electoral mexicano apenas comienza.

Y, como suele ocurrir en política, lo más interesante no siempre es lo que se aprueba… sino lo que revela aquello que no logró aprobarse.