Cómo las instituciones inclusivas pueden ser la clave para un crecimiento económico sostenible en México.
La pregunta sobre por qué algunas naciones prosperan mientras otras fracasan ha sido motivo de profundos estudios en economía y ciencias sociales. Los recientes galardonados con el Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, han destacado cómo las instituciones inclusivas o extractivas determinan el éxito o fracaso de los países. Sin embargo, desde la Doctrina Social de la Iglesia, que pone un énfasis central en la dignidad de la persona humana y el bien común, podemos ofrecer una perspectiva complementaria sobre cómo México puede abordar sus retos económicos y sociales.
Se requiere una visión de la economía y la sociedad que prioriza el respeto a la dignidad humana, la solidaridad y la justicia social. En este contexto, los principios de subsidiariedad, justicia distributiva y preferencia por los pobres son fundamentales para orientar la política económica y social de un país. Estos principios pueden enriquecer el análisis de las causas del fracaso de los países y ofrecer caminos de solución concretos para México.
Las instituciones, el motor o freno de los países:
Como han señalado Acemoglu y Robinson, las instituciones inclusivas son claves para que un país prospere. Las instituciones sociales, políticas y económicas deben estar al servicio de las personas, respetando su libertad y dignidad. Las instituciones no deben ser extractivas o explotadoras, sino inclusivas, fomentando la participación y el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.
Las instituciones deben reformarse para poner el bien común en el centro de sus políticas. Esto implica que las instituciones económicas y políticas no deben servir solo a las élites, sino que deben garantizar que todos los ciudadanos puedan participar de los beneficios del crecimiento económico. El bien común no es solo un concepto abstracto, sino una exigencia práctica que exige políticas que mejoren las condiciones de vida de todos.
Subsidiariedad y Bien Común
Reformas institucionales que promuevan la participación
La subsidiariedad implica que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano a las personas afectadas. Se debe garantizar que las comunidades y los ciudadanos tengan una mayor participación en las decisiones políticas y económicas que les afectan directamente. Esto puede lograrse mediante políticas de descentralización, que fortalezcan los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, dándoles un papel más activo en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo.
Economía al servicio del ser humano
La economía debe estar al servicio de la persona, no al revés. Se necesita una reforma económica que priorice la creación de empleo digno, con salarios justos y condiciones laborales que respeten la dignidad humana. En palabras de San Juan Pablo II, “el trabajo es un bien de la persona” (Laborem Exercens, 1981). Las políticas económicas deben asegurar que todos los mexicanos tengan acceso a un trabajo que les permita vivir con dignidad.
Promover el bien común sobre el interés privado: En lugar de concentrar la riqueza en manos de unos pocos, como ocurre en las instituciones extractivas, se debe promover la justicia distributiva, asegurando que los recursos del país se distribuyan de manera equitativa. El Estado debe implementar políticas que redistribuyan la riqueza de manera justa, a través de una fiscalidad progresiva y programas sociales que aseguren el acceso a la salud, la educación y la vivienda para todos los ciudadanos.
Corrupción y Estado de Derecho: Un llamado a la ética y la moralidad
La corrupción es un mal moral que no solo socava el desarrollo económico, sino que también atenta contra la dignidad de las personas y el bien común. Se debe condenar la corrupción y la falta de un Estado de Derecho, ya que estas prácticas perjudican especialmente a los más vulnerables y socavan la confianza en las instituciones.
Restaurar la ética en la vida pública.
Para combatir la corrupción, es necesario un compromiso serio con la ética en la vida política y económica. Esto implica la formación de una conciencia moral en todos los niveles de la sociedad, desde los gobernantes hasta los ciudadanos. Se debe promover la responsabilidad moral en la gestión pública, alentando a los líderes políticos y económicos a actuar con justicia y transparencia.
Exclusión social y desigualdad: La opción preferencial por los pobres
En México, donde la desigualdad es extrema y grandes sectores de la población viven en pobreza, este principio debe guiar las políticas públicas. Como dice el Papa Francisco, “la exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad” (Evangelii Gaudium, 2013).
Priorizar a los más vulnerables en la asignación de recursos: Se deben implementar políticas que aseguren que los pobres y marginados sean los principales beneficiarios del crecimiento económico. Esto incluye la ampliación de programas sociales que aseguren el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la seguridad alimentaria. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que nadie quede excluido de los bienes esenciales que permiten una vida digna.
Políticas de integración social: La exclusión social no solo es una cuestión económica, sino también una cuestión de participación. Las políticas públicas deben promover la integración de los más vulnerables en todos los aspectos de la vida social, económica y política. Esto incluye políticas de educación inclusiva, acceso al empleo para jóvenes y mujeres, y programas que fomenten la integración de las comunidades indígenas y rurales.
Inestabilidad política y conflicto: La paz como fruto de la justicia
La paz es un requisito fundamental para el desarrollo, y la paz verdadera solo puede lograrse a través de la justicia social. México ha sufrido problemas de violencia y conflicto social debido a la desigualdad y la falta de oportunidades para amplios sectores de la población.
Construir una paz basada en la justicia. Para lograr una paz duradera, se debe abordar las causas estructurales de la violencia y el conflicto. Esto significa luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, creando oportunidades para todos. Como enseñó San Pablo VI, “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz” (Populorum Progressio, 1967).
Un desarrollo humano integral para México
El análisis de las causas del éxito o fracaso de las naciones nos muestra que México tiene grandes retos por delante. Sin embargo, tiene la oportunidad de avanzar hacia un desarrollo humano integral, que no se limite solo al crecimiento económico, sino que coloque en el centro la dignidad de la persona humana.
La solidaridad, el bien común y la justicia social deben ser los pilares de cualquier reforma económica y política. A través de una economía que sirva a las personas, políticas que promuevan la justicia distributiva y un compromiso con la ética en la vida pública, México puede construir un futuro más próspero y justo para todos sus ciudadanos, especialmente para los más vulnerables.
Referencias:
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Publishers.
BBC News. (2024, 14 de octubre). Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson ganan el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre la desigualdad de las naciones. BBC News. BBC.
Francisco. (2013). Evangelii Gaudium. Vatican Press.
Juan Pablo II. (1981). Laborem Exercens. Libreria Editrice Vaticana.
Pablo VI. (1967). Populorum Progressio. Libreria Editrice Vaticana.
Anaya, C. ¿Cómo evitar una crisis en México? e-Consulta Octubre 03, 2024.
Anaya, C. Proponen evitar la crisis en México con la cliodinámica Diario de Yucatán Septiembre 28, 2024.
Anaya, C. Estrategias para Evitar la Crisis en México Revista FORJA para el Bien Común, Septiembre 27, 2024.
