El mundo contemporáneo se encuentra sumido, desde hace tiempo, en una profunda crisis de lo que se conoce como Estado de Derecho. Esta situación es producto del positivismo jurídico que considera que la Ley es válida, solo por el hecho de ser aprobada por los órganos competentes del Estado, por ser de aplicación general y afirmar que todos son iguales ante la Ley.
El Siglo XX estuvo plagado de ejemplos de estados que contaban con cuerpos de leyes emitidos por los órganos legislativos correspondientes, por ser de aplicación general y afirmar que todos eran iguales ante la ley, aunque ciertamente esto último no era necesariamente cierto. De hecho los estados autoritarios y totalitarios se caracterizaron por establecer un cúmulo de privilegios de los gobernantes, so pretexto de ser la autoridad, justificando con ello la constitución de un grupo cerrado que controlaba el poder en su beneficio. Fascismo, Nazismo y Socialismo-Comunismo, fueron un claro ejemplo de ello.
Parte de ese proceso fue eliminar o disfrazar la separación de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sometiéndolos a los dictados o caprichos de quien detenta el poder. Este es el mecanismo que se ha usado en muchas falsas democracias para simular que existe la separación de poderes, cuando en realidad, es el Ejecutivo, a través de sus incondicionales y sumisos, quien dicta lo que se debe legislar, lo que se debe ejecutar y los criterios para definir la justicia. Desaparece, entonces, la certeza de la ley.
Estos sistemas lo primero que hacen es negar la dignidad humana derivada de su naturaleza, eliminar las libertades y apoderarse de todo aquello que refuerce su control, como la economía, la educación, la vida social, la cultura, etc. Se eliminan de facto los límites de acción de los gobernantes y, en cambio, se limitan o cancelan los derechos de los gobernados. Ejemplos de ello existen en pleno Siglo XXI: China, Cuba, Nicaragua, Venezuela, etc.
Ante este fenómeno cuya manifestación en la primera mitad del Siglo XX llevó al exterminio en masa de muchos hombres, se levantó la indignación de la humanidad, se creó la ONU como un instrumento plurinacional e internacional para trabajar por la paz. Uno de sus primeros y trascendentales frutos, fue la aprobación, en 1948, de la Declaración de los Derechos Humanos, como un medio de rescatar los derechos esenciales de las personas a partir de su dignidad. Se trató, en cierto sentido, aunque no quedó clarificado su fundamento, de un retorno al derecho y la Ley naturales, que son anteriores y superiores a cualquier forma de organización estatal y deben respetarse y proyectarse como fundamento de la legislación positiva de cada estado, de acuerdo a su idiosincrasia, pero siempre respetándolos.
Los derechos fundamentales son intocables, por encima de intentos legislativos supuestamente sustentados en la “voluntad general” expresada en los congresos. Son, también, norma de defensa y aplicación de la justicia por parte del poder judicial.
Sin embargo, el positivismo jurídico ha caminado en sentido contrario a lo antes señalado. Los legisladores tardaron mucho, en primer lugar, en tomar en cuenta los criterios de la Declaración de los Derechos Humanos como fundamento o límite de las leyes. Posteriormente, cuando el peso de la sociedad y las políticas internacionales empezaron a observar a los estados donde se violaban estos principios, se produjo en ataque por la espalda a los derechos humanos, con el pretexto de su progresividad, de los supuestos derechos de primera, segunda, tercera, etc., generación, para reinterpretar el documento original con la complicidad de la burocracia de la ONU, estableciendo criterios por encima de la voluntad de los estados y con el apoyo, claro está, de gobiernos más poderosos y con el financiamiento de transnacionales que buscan el establecimiento de “un nuevo orden mundial”.
El ataque tiene expresiones diversas de mayor o menos envergadura. Pero lo esencial del mismo, está dirigido a negar la esencia de la naturaleza humana y pretender reinterpretarla y, a partir de ello, atacar la religión, a la familia, las libertades de creencia, conciencia y expresión, con la finalidad de imponer un pensamiento único que pretende la reconstrucción de las personas, la familia y el estado.
Es en el ataque antes mencionado, que pasa desapercibido para la generalidad de las personas, donde se fundamenta la crisis del Estado de Derecho y están retornando, con distintas formas y nombres, las aberraciones políticas que impulsaron la Segunda Guerra Mundial y que mantienen, como ha expresado el Papa Francisco, una Tercera Guerra Mundial, fragmentada en diversas zonas, pero cuyos efectos son los mismos, o quizá más graves, que llevaron a condenar en Nuremberg, a los criminales de guerra del nazismo, aunque a los del comunismo se les dejó impunes.
Hoy vivimos en medio del caos jurídico por falta del sólido fundamento del Derecho Natural y mientras así sea, la vigencia del Estado de Derecho será una ficción.
