Cuando una minoría puede cambiarlo todo

León Prior

Cuando una minoría puede cambiarlo todo
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:32). Hay frases que sobreviven dos mil años porque describen algo permanente de la condición humana. Ésta es una de ellas. No fue escrita para explicar una elección, un gobierno o una crisis política. Su dimensión es mucho más profunda. Pero precisamente por eso contiene una enseñanza extraordinaria para el momento que vivimos: sin verdad no puede haber verdadera libertad.

Verdad, credibilidad y organización cuando los contrapesos se debilitan

En artículos anteriores he escrito sobre propaganda, concentración del poder, mutación constitucional, elecciones y escenarios posibles para México. El diagnóstico importa, pero llega un momento en que seguir describiendo la adversidad deja de ser suficiente. La pregunta ahora es qué puede hacer una ciudadanía que todavía no es mayoría y que observa cómo algunos contrapesos se debilitan.

Mi respuesta parte de una paradoja: una minoría numérica no tiene por qué ser una minoría de influencia. Cuando combina verdad verificable, credibilidad, conocimiento, organización y persistencia puede modificar conversaciones, proteger espacios de libertad y construir capacidades que una mayoría dispersa todavía no posee.

La verdad no tiene partido

Empecemos por imponernos una regla incómoda: los hechos deben valer lo mismo cuando benefician al gobierno que cuando lo perjudican.

El Observatorio Nacional Ciudadano (México) reportó, al comparar los primeros 21 meses del actual gobierno con el periodo equivalente anterior, una reducción de 38% en la tasa acumulada de homicidio doloso y de 51% en secuestro. Hay que reconocerlo. El mismo reporte registra un aumento de 22% en extorsión y de 39% en personas desaparecidas. Hay que reconocerlo también (Observatorio Nacional Ciudadano [ONC], 2026).

No podemos celebrar una cifra porque perjudica al gobierno ni esconderla porque lo beneficia. Tampoco deberíamos escoger, ante diferencias metodológicas, únicamente la fuente que confirma nuestras convicciones. La economía, la deuda pública, Pemex o CFE (Comisión Federal de Electricidad) merecen exactamente el mismo estándar: datos, contexto y posibilidad de contraste.

Los homicidios no son del partido Morena. La extorsión no pertenece a la oposición. La deuda no tiene ideología. Y los desaparecidos, antes que estadísticas o argumentos políticos, son personas y familias. Al pan, pan. Y al vino, vino.

La verdad tampoco necesita permiso

Exigir evidencia no significa exigir que el poder señalado la reconozca. Si ése fuera el estándar, bastaría con negar una acusación para convertirla en falsa.

La evidencia puede aparecer en auditorías, documentos, investigaciones periodísticas, registros financieros, expedientes judiciales, testimonios corroborados o procedimientos desarrollados dentro y fuera del país. Pero una sociedad que aspire a la verdad debe distinguir con cuidado entre denuncia, evidencia, acusación judicial y sentencia.

El caso del general Gerardo Mérida Sánchez ilustra esa diferencia. En Estados Unidos existe una acusación federal que lo incluye, junto con otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos, en presuntas conductas relacionadas con narcotráfico. La existencia del expediente y de la acusación es un hecho documentable; la responsabilidad penal sólo puede establecerla el proceso judicial correspondiente (U.S. Department of Justice, 2026).

Por eso debemos rechazar dos atajos igualmente peligrosos: declarar culpable a alguien antes de una sentencia y sostener que una evidencia no existe simplemente porque el gobierno involucrado no la acepta. La verdad no necesita permiso del poder; necesita ser examinada y comprobada.

El periodista no debería convertirse en la noticia

Cuando un periodista publica una investigación sobre corrupción, delincuencia o abuso de poder, la primera pregunta debería ser elemental: ¿es verdad?

Sin embargo, hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para sustituirla por otras: ¿quién le paga?, ¿es opositor?, ¿a qué intereses responde?, ¿por qué ataca al gobierno? Algunas pueden ser preguntas legítimas, pero ninguna sustituye a la principal.

Si una investigación es falsa, demuéstrese. Si es verdadera, investiguemos el hecho. Cuando la conversación se desplaza de aquello que fue revelado hacia quien lo reveló, el periodista termina sentado en el banquillo y el hecho comienza a desaparecer.

Cuando el Estado pone nombres

Por eso no considero menor lo ocurrido el 12 de agosto, cuando desde Palacio Nacional Luisa María Alcalde presentó nombres de periodistas, medios, organizaciones y políticos dentro de lo que denominó un “ecosistema de amplificación digital”. La funcionaria negó después que se tratara de una lista negra y sostuvo que buscaba explicar la amplificación artificial de tendencias. Esa explicación debe consignarse.

Pero permanece una pregunta democrática: ¿debe el poder del Estado identificar nominalmente a quienes producen información u opiniones adversas a su proyecto político?

Mi respuesta es no. No porque los periodistas sean infalibles ni porque deban quedar exentos de crítica, sino porque existe una asimetría imposible de ignorar: un periodista posee una pluma, una cámara o un micrófono; el Estado posee instituciones, presupuesto, regulación, fiscalización y capacidad coercitiva. Señalar desde esa posición de poder puede elevar el costo de investigar y disentir.

Una libertad no desaparece únicamente cuando alguien la prohíbe. También comienza a erosionarse cuando ejercerla se vuelve suficientemente costoso como para inducir silencio.

Una regulación nunca existe aislada

El episodio coincide con la discusión de los lineamientos sobre derechos de las audiencias. Hay objetivos defendibles: distinguir publicidad de información, facilitar la diferenciación entre noticia y opinión, promover accesibilidad y contar con defensores de las audiencias.

El problema estratégico aparece cuando las obligaciones se acompañan de facultades sancionadoras y cuando se discute la independencia de quien habrá de aplicarlas. El proyecto contempla sanciones económicas que pueden llegar hasta 1% de los ingresos del infractor, y especialistas han advertido sobre discrecionalidad y posibles efectos inhibitorios (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones [CRT], 2026; El País, 2026).

La pregunta entonces no es si queremos proteger a las audiencias. Claro que sí. Es otra: ¿quién decide cuándo un medio incumplió; qué tan independiente es quien puede sancionarlo y quién limita a ese regulador?

Éste es el tipo de análisis que necesitamos: no observar cada norma como un hecho aislado, sino preguntar qué poder crea, quién lo ejercerá y qué tan difícil será revertirlo.

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No caigamos en la misma trampa

Llegados a este punto sería muy fácil dividir nuevamente al país: ellos son los malos, nosotros los buenos; ellos mienten, nosotros decimos la verdad.

No. Si para combatir una narrativa de “pueblo contra adversarios” construimos otra de “demócratas contra corruptos”, habremos cambiado los personajes, pero conservado el mismo guion.

Nuestra diferencia tiene que ser más exigente: decir la verdad también cuando nos perjudica; reconocer un acierto de quien rechazamos; no compartir una acusación que no podamos sostener; rectificar cuando nos equivocamos; investigar con el mismo rigor al adversario y al aliado.

Una minoría que conserva ese estándar comienza a construir algo que ningún gobierno puede decretar: credibilidad.

No hace falta ser mayoría para empezar

Quizá llevamos demasiado tiempo preguntándonos cómo despertar a la mayoría. ¿Y si ésa fuera la pregunta equivocada?

Las sociedades no cambian únicamente cuando 51% decide algo. Una minoría informada, confiable, conectada y persistente puede ejercer una influencia muy superior a su tamaño porque puede construir capacidades que otros terminan necesitando.

Un abogado puede traducir una reforma. Un economista puede explicar una cifra sin manipularla. Un periodista puede documentar. Una universidad puede investigar. Un empresario puede sostener un proyecto independiente. Una organización puede preservar evidencia. Un ciudadano puede explicar con claridad a otros cinco ciudadanos lo que realmente está en juego.

Individualmente parecen acciones pequeñas. Conectadas comienzan a formar infraestructura cívica.

Convertir la amenaza en capacidad

México ya vivió un ejemplo importante. La iniciativa ciudadana Ley 3de3 transformó el hartazgo por la corrupción en una propuesta legislativa de 94 artículos, articuló a más de cien organizaciones y reunió 291,467 firmas en su primera gran entrega documentada; semanas después el movimiento reportó 634,143 apoyos acumulados (IMCO, 2016a, 2016b).

Pero sería ingenuo convertir 3de3 en una receta y decir simplemente: hagámoslo otra vez. Aquella movilización operó en un ecosistema institucional diferente, con espacios de interlocución y contrapesos que permitían convertir presión social en incidencia legislativa.

Ahí está precisamente la lección para nuestro momento: cuando el margen de actuación se estrecha, el recurso más escaso deja de ser solamente el número de ciudadanos. Empieza a ser el tiempo.

La adversidad debe obligarnos a construir capacidades mientras todavía podemos hacerlo: mejores sistemas de verificación frente a la desinformación; redes jurídicas y financieras que protejan al periodismo independiente; universidades dispuestas a documentar; organizaciones capaces de preservar evidencias; empresarios que comprendan que la libertad de expresión también protege su propia capacidad de disentir.

La amenaza no es una oportunidad porque sea deseable. Se convierte en oportunidad cuando nos obliga a construir una capacidad que antes no teníamos.

Estados Unidos puede alterar el escenario, no sustituir nuestra responsabilidad

Existe además una variable que México no controla. Investigaciones, expedientes, sanciones o testimonios desarrollados en Estados Unidos pueden revelar información sobre actores mexicanos que internamente nunca hubiera aparecido o producir consecuencias políticas inesperadas.

Sería ingenuo ignorarlo. También sería un error convertirlo en esperanza estratégica. Estados Unidos actúa conforme a sus propios intereses y una acusación estadounidense no equivale a una condena.

Nuestro estándar debe permanecer intacto: ¿qué evidencia existe?, ¿puede verificarse?, ¿qué demuestra y qué todavía no demuestra?

No necesitamos un salvador extranjero. Necesitamos ciudadanos e instituciones mexicanas capaces de mirar la evidencia cuando aparezca, venga de Palacio Nacional, de un periódico, de una universidad, de una auditoría, de un tribunal mexicano o de una corte extranjera.

¿Qué es la verdad?

Hay otra escena del Evangelio que parece escrita para una época saturada de narrativas. Frente a Pilato, Jesús afirma haber venido al mundo “para dar testimonio a la verdad”. Pilato responde con una pregunta que continúa acompañándonos: “¿Qué es la verdad?” (Juan 18:37-38, Reina-Valera 1960).

Hoy tenemos algoritmos capaces de seleccionar nuestra realidad, imágenes fabricables, voces clonables, gobiernos que hablan directamente con millones y oposiciones capaces de construir su propia propaganda. En ese entorno, la verdad exige algo más que convicción: búsqueda, evidencia, contraste y humildad.

No es verdad porque lo diga el gobierno. Tampoco porque lo publique un periodista, lo afirme Estados Unidos o lo comparta alguien a quien admiramos. Y justamente por eso la libertad de prensa importa: necesitamos muchas fuentes capaces de investigar y contrastar, no un poder que determine cuál versión merece existir.

La verdad os hará libres

Volvamos al principio. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Para el creyente, estas palabras poseen una profundidad espiritual infinitamente mayor que cualquier coyuntura política. No pretendo reducirlas a ella.

Pero sí podemos permitir que su exigencia ilumine nuestra responsabilidad ciudadana. La verdad no debería ser un arma para derrotar al adversario. Debería ser el terreno común sobre el cual podamos volver a encontrarnos.

Una ciudadanía que reconozca lo bueno, denuncie lo malo, investigue lo dudoso, rectifique cuando se equivoque, proteja a quien investiga y exija evidencia a quien acusa.

Tal vez no podamos cambiar inmediatamente a la mayoría. No importa. Podemos empezar construyendo una minoría diferente: no una que grite más fuerte, sino una que resulte cada día más difícil de engañar.

Una minoría que transforme indignación en conocimiento; conocimiento en organización; organización en credibilidad; y credibilidad en influencia.

No sabemos cuál será el acontecimiento que cambie el rumbo. Sí podemos decidir cómo queremos encontrarlo cuando llegue: informados, conectados, libres y comprometidos con algo que debería estar por encima de cualquier gobierno y cualquier oposición.

La verdad.

Porque hace casi dos mil años quedó escrita una idea que ninguna tecnología, gobierno ni ideología ha conseguido volver obsoleta: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).

 


Referencias:

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. (2026). Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Consulta pública. https://portal.crt.gob.mx/

El País. (2026, 20 de agosto). México busca la fórmula para dar calidad a la información sin otorgarle más poder al Gobierno. El País.

Instituto Mexicano para la Competitividad. (2016a). Datos Iniciativa ciudadana #Ley3de3. IMCO.

Instituto Mexicano para la Competitividad. (2016b, 6 de abril). Iniciativa ciudadana Ley 3de3 entrega 324,667 firmas adicionales; suma 634,143. IMCO.

Observatorio Nacional Ciudadano. (2026, 30 de julio). Reporte semestral de incidencia delictiva, 1S 2026: Comunicado. ONC.

U.S. Department of Justice, U.S. Attorney’s Office, Southern District of New York. (2026). Federal indictment concerning alleged narcotics-related conduct involving Mexican public officials. Department of Justice.

Cita este artículo

Prior, L., (2026, octubre 4). Cuando una minoría puede cambiarlo todo. Revista Forja Para el Bien Común. https://revistaforja.org/cuando-una-minoria-puede-cambiarlo-todo/

 

Enlace a edición mensual

Revista Forja para el Bien Común núm. 60, septiembre 2026

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