De urnas, exámenes e ideologías

Pero detrás de las dos propuestas late una pregunta más antigua y peligrosa: quién puede arrogarse el poder de decidir qué personas cuentan políticamente. Este ensayo sostiene que el sufragio universal no premia la sabiduría, sino que limita el poder; que la familia importa sin necesidad de hablar con una sola voz; y que el remedio a una democracia incompleta no es restringir la ciudadanía, sino formarla.

Un electricista de los astilleros de Gdańsk convirtió un conflicto laboral en un movimiento por la libertad. Un dramaturgo perseguido en Praga sostuvo que un sistema construido sobre la mentira se resquebraja cuando la gente decide vivir en la verdad. Un ingeniero cubano reunió miles de firmas por las libertades civiles. Un abogado sudafricano, preso veintisiete años, esperó hasta los setenta y cinco para votar por primera vez.

Lech Wałęsa, Václav Havel, Oswaldo Payá y Nelson Mandela venían de tradiciones distintas, pero los unía una certeza: ninguna autoridad tiene derecho a declarar políticamente prescindible a una persona. Ninguno luchó para que una élite examinara al pueblo, sino para que el poder dejara de clasificarlo, sustituirlo y silenciarlo.

Estas historias podrían parecer lejanas frente a una discusión nacida en redes. No lo son. Dos propuestas recientes plantearon modificar la esencia del sufragio.

En julio de 2026, la influencer Natalia Torres pidió en un podcast que «solo tengas derecho al voto si tienes el conocimiento mínimo» sobre el Estado; poco después aclaró que se había expresado mal y la reformuló como un curso breve de orientación, sin examen que condicionara el voto. Casi al mismo tiempo, un joven de Metepec, Javier Albarrán, propuso en su Instagram otra modificación de fondo: «si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto», las decisiones pensarían en todos. Ese responsable, dijo, podía ser el padre, la madre o un hijo. La idea se inscribe en el debate estadounidense del household vote, donde el pastor Doug Wilson y otras figuras proponen incluso derogar la Decimonovena Enmienda; en ese molde, quien sufraga es el jefe del hogar.

Aunque ambos jóvenes se han identificado con el panismo, sus planteamientos son posiciones personales: no representan a Acción Nacional, según ha declarado el propio partido. La realidad es que la discusión no es partidista, sino doctrinal: si estas ideas son compatibles con una tradición que afirma la dignidad de la persona, la libertad de conciencia y los límites al poder.

Ambos planteamientos parten de problemas reales. México padece clientelismo, compra y coacción del voto, desinformación y una cultura cívica insuficiente. Como se ha insistido en Forja, votar es apenas el inicio del civismo: la universalidad del sufragio vuelve más urgente la responsabilidad de informarse. No conviene negar el diagnóstico: una democracia donde el voto se cambia por una dádiva está empobrecida. El diagnóstico contiene una verdad; el remedio, un peligro.

La tentación de recortar la igualdad política no pertenece a una sola familia ideológica. Sectores reaccionarios condicionaron la ciudadanía a la propiedad, la raza, el sexo o la posición en el hogar; proyectos totalitarios de izquierda la subordinaron a la clase o al partido. La Constitución soviética de 1918, por ejemplo, privó del voto a categorías enteras por su origen de clase. Los contextos y las responsabilidades históricas son distintos, pero comparten una operación: la ideología deja de orientar la política y empieza a decidir quién merece participar.

Pablo VI dio una clave en Octogesima adveniens: una ideología puede presentarse como «una visión total y autónoma de la persona humana», convertir una dimensión parcial en explicación total y reducir a la persona a ella.

El problema empieza cuando una ideología quiere volverse aduana de la ciudadanía y sustituir la conciencia personal.

El Estado no puede escoger a sus vigilantes

Conviene precisar el blanco: lo que sigue objeta la formulación original, la que condiciona el voto a un examen. Un curso de orientación que no decide quién puede votar es otra cosa, y hasta puede ser útil; el reparo empieza cuando aprobarlo se vuelve requisito para sufragar.

El debate suele plantearse así: ¿quién está preparado para votar? La pregunta esconde otra más importante: ¿quién tendría el poder de declarar que otro no lo está? El conocimiento tampoco es una sola cosa: quien estudió medicina entiende mejor una política sanitaria, pero quien espera horas una consulta pública conoce fallas que no aparecen en ningún manual. La democracia no afirma que todas las opiniones estén igualmente fundamentadas; sostiene algo más modesto: las diferencias de estudios, de riqueza o de posición no autorizan a una minoría a apropiarse de la voz política de las demás. La igualdad del voto no premia la sabiduría: limita el poder.

Que el sufragio sea universal no significa ausencia de reglas: las normas de ciudadanía delimitan el electorado. Significa que, reconocida esa ciudadanía, nadie debe quedar excluido por su sexo, raza, patrimonio, escolaridad, religión, clase o ideología. Un examen, en cambio, jerarquiza a quienes pretenden ejercerlo.

Condicionar el voto a un examen confunde dos cosas. Una licencia de conducir habilita una actividad técnica; el voto sirve para elegir, juzgar y reemplazar a quienes ejercen el poder. En un caso la autoridad verifica una competencia; en el otro examinaría a quienes deben vigilarla. Y la dificultad no está en las preguntas, sino en el poder de quien las redacta: quien controla el temario y la acreditación puede escoger, antes de la elección, a una parte del electorado. La democracia se vuelve fachada cuando el poder califica ideológicamente lo aceptable; ninguna tradición democrática debería darle al Estado la llave para certificar a sus propios vigilantes.

El examen tendría, además, un efecto social previsible: prepararse exige tiempo, escolaridad y conectividad, de modo que mediría también oportunidades acumuladas. Y aun midiéndolo con exactitud, no captaría la honestidad ni la prudencia. También la razón, cuando se erige en juez único, tiene sus patologías: Ratzinger recordó frente a Habermas en 2005 que, así como la religión necesita el control de la razón, la razón necesita que se le señalen sus límites, porque sin freno puede volverse destructora. Un examen mide información; no vacuna contra la soberbia de creerse el único capacitado para decidir por los demás.

La familia no es una sola conciencia

El voto por familia parte de otra inquietud atendible: la política no debería reducirse a una suma de intereses aislados. Sus decisiones tocan la escuela de los hijos, el cuidado de los mayores, el ingreso familiar, la seguridad del barrio. Deliberar en familia ayuda a mirar más allá del beneficio inmediato. Pero deliberar juntos no autoriza a votar por sustitución.

La familia no es una conciencia colectiva. Sus integrantes pueden compartir un proyecto de vida y discrepar sobre educación, seguridad o impuestos; esa diferencia, vivida con respeto, puede fortalecerla. El humanismo cívico ofrece una salida entre el individualismo y la absorción comunitaria: Alejandro Llano lo entiende como devolver a personas y comunidades el protagonismo político. La persona no es un sujeto aislado ni una pieza del grupo, sino ciudadanía con derechos, deberes y capacidad de responder por sus compromisos. El voto es personal, pero no individualista: cada persona debe emitirlo según su conciencia, pensando también en su familia, su comunidad y las generaciones futuras.

Vale la pena tomar en serio la mejor versión del argumento contrario: la democracia liberal tiende a tratar a las personas como individuos aislados, aunque muchas decisiones se toman en familias y cuerpos intermedios. La objeción es justa, pero la respuesta no es fundir esos vínculos en un solo voto. La familia puede tener voz pública mediante políticas familiares y asociaciones; reconocerla como sujeto social no exige convertirla en una sola voluntad electoral.

Cuando no hay consenso, ¿quién representa al hogar: la persona de mayor edad, la que más aporta o la titular de la vivienda? ¿Y en situaciones de dependencia económica o violencia? En relaciones desiguales, el consenso puede ser otro nombre de la subordinación. La subsidiariedad protege a la familia frente al Estado; no autoriza que un integrante absorba la conciencia de los demás. Como sostuvo Carlos Castillo Peraza, la libertad descansa en «el respeto a la libertad de conciencia de los otros». Esa conciencia no se delega, ni siquiera en el hogar. Una familia donde cada integrante adulto puede deliberar y votar no está fragmentada: está formando ciudadanía.

Las pruebas de alfabetización usadas durante décadas en el sur de Estados Unidos muestran cómo un requisito de apariencia neutral se vuelve instrumento de exclusión: se combinaron con impuestos electorales e intimidación para impedir que la población afroamericana ejerciera derechos ya reconocidos, hasta que la Ley de Derechos Electorales de 1965 las prohibió. El paralelo no iguala magnitudes ni intenciones, pues un curso de buena fe no es la maquinaria segregacionista, pero advierte sobre el mecanismo: ningún filtro existe al margen de quien lo diseña y de la desigualdad sobre la que opera.

México ofrece la otra advertencia. La reforma de octubre de 1953 reconoció la ciudadanía política de las mujeres, y en 1955 votaron por primera vez a nivel federal. Corrigió así una idea antigua: que la voz de una mujer podía quedar contenida en la de su padre o esposo. El voto individual no rompió a las familias mexicanas; reconoció que pertenecer a una comunidad no cancela la condición de persona.

Defender el sufragio universal no obliga a idealizar la democracia mexicana: las mayorías se equivocan y los partidos imponen candidaturas mediocres. México construyó procesos electorales competitivos, pero la alternancia no eliminó la compra de votos, la corrupción ni la distancia entre representantes y ciudadanía. La transición electoral fue necesaria, pero insuficiente. El sufragio se vacía cuando votar es la única intervención permitida y la cultura cívica se aprende ejerciéndola.

El fracaso para formar ciudadanía no se corrige restringiéndola, sino completando la transición electoral con una cívica.

La respuesta empieza por una educación cívica que forme juicio, no que imponga una doctrina. Debe enseñar a distinguir atribuciones, propaganda y resultados, y ofrecer información electoral accesible, comparadores de propuestas y materiales para personas con discapacidad o hablantes de lenguas indígenas. Informar no es levantar una barrera frente a la casilla, sino acercar herramientas a quienes menos las han tenido. La compra del voto debe combatirse en quien utiliza dinero, programas sociales o amenazas para capturar una decisión; excluir a la persona vulnerable castiga a quien sufrió el abuso. Después de las elecciones hacen falta observatorios ciudadanos, contraloría social y seguimiento de promesas. El voto debe iniciar una relación de exigencia, no ser un cheque en blanco.

El sufragio universal no garantiza que siempre elijamos bien; ninguna institución puede ofrecerlo. La libertad incluye la posibilidad del error y por eso exige educación, conciencia y responsabilidad. Pero una democracia que teme tanto al error que excluye a quienes podrían cometerlo comete uno mayor: entrega a una autoridad la facultad de decidir quién cuenta como persona política.

Las generaciones que vienen no juzgarán nuestra democracia por cuántos filtros levantamos, sino por cuántas personas ayudamos a incorporarse a la vida pública. 

La ciudadanía no se transmite con un permiso estatal ni con una voz doméstica prestada: se hereda cuando una generación le enseña a la siguiente que la libertad es personal pero nunca solitaria, y que el bien común empieza cuando ninguna persona es considerada prescindible.

Wałęsa, Havel, Payá y Mandela no esperaron a que el poder los declarara aptos. Actuaron como ciudadanos cuando sus gobiernos aún se negaban a reconocerlos. No necesitamos menos personas en las urnas, sino más conscientes de lo que está en juego dentro y después de ellas.

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