La mutación constitucional

La elección popular de jueces, magistrados y ministros, ya puesta en marcha, representa un punto de inflexión. Al sustituir la lógica de carrera judicial profesional por una dinámica de competencia electoral, el sistema deja de premiar ante todo la trayectoria técnica y comienza a depender de exposición pública, capacidad de movilización y, de manera potencialmente decisiva, cercanía con el poder político dominante.

Este cambio no ocurre en el vacío. Se suma al predominio partidista en el Congreso, al debilitamiento de órganos autónomos, a la expansión del gasto social como mecanismo de legitimación política, a la militarización funcional del Estado y a una polarización que erosiona los incentivos para la contención institucional. El problema para México no es un colapso súbito, sino la posibilidad de normalizar una hegemonía política con apariencia democrática.

Democracias que no mueren: se transforman

La literatura comparada sobre retrocesos democráticos ha mostrado que los sistemas del siglo XXI rara vez caen por un golpe de Estado clásico. Levitsky y Ziblatt (2018) explican que las democracias suelen erosionarse desde dentro, a través de reformas legales acumulativas que cambian gradualmente las reglas del juego. Bermeo (2016) llamó a este proceso democratic backsliding, mientras que Diamond (2015) advirtió sobre la expansión de regímenes híbridos que conservan elecciones, pero reducen la competencia real y la rendición de cuentas.

En esa lógica, el autoritarismo contemporáneo no llega con tanques, sino con rediseños institucionales, presupuestos disciplinarios y narrativas de legitimación. Hungría ofrece un caso paradigmático: Viktor Orbán no abolió la Constitución de un día para otro, sino que transformó la arquitectura institucional mediante mayorías legislativas, cambios en el sistema judicial y control progresivo de órganos de supervisión (Bánkuti, Halmai, & Scheppele, 2012). Venezuela, por su parte, mostró cómo la captura del Poder Judicial y la utilización plebiscitaria de la legitimidad electoral podían convertirse en base de una hegemonía de largo plazo (Corrales & Penfold, 2011).

México no es idéntico a esos casos, pero comparte con ellos una advertencia central: el deterioro democrático suele comenzar cuando las instituciones dejan de operar como límites efectivos al poder.

Las democracias contemporáneas rara vez colapsan de forma abrupta: se transforman gradualmente hasta que el nuevo equilibrio de poder vuelve irreconocible el sistema original.

La elección judicial como ruptura del modelo profesional

El punto de inflexión más profundo del momento mexicano se encuentra en la transformación del sistema judicial. Durante décadas, el ideal normativo del Poder Judicial descansó en la carrera judicial: ingreso, promoción, capacitación y permanencia ligados a méritos técnicos, experiencia y profesionalización. Ese modelo no era perfecto, pero respondía a un principio esencial del constitucionalismo: la independencia judicial requiere que los jueces no dependan ni de mayorías electorales ni de afinidades partidistas para acceder o mantenerse en el cargo.

La elección popular de jueces, magistrados y ministros altera esa lógica de raíz. La figura del juzgador ya no se legitima primordialmente por su formación y trayectoria, sino por su capacidad para sobrevivir a un proceso de exposición política. Eso modifica los incentivos del sistema. Introduce la necesidad de construir reconocimiento público, obtener apoyos y navegar un entorno inevitablemente contaminado por correlaciones partidistas. Incluso si no existe una subordinación explícita, el cambio en los incentivos es suficiente para erosionar la autonomía.

El costo institucional es mayor porque la reforma coincide con un contexto de predominio político de Morena y sus aliados. En ese entorno, la competencia por cargos judiciales no ocurre sobre una cancha neutral. Se desarrolla dentro de una realidad donde la fuerza política gobernante controla buena parte de la agenda pública, posee ventaja territorial y domina la conversación política. El riesgo, por tanto, no es abstracto: el sistema premia cada vez menos la excelencia técnica y vuelve cada vez más relevante la lealtad, la afinidad ideológica o la capacidad de alineamiento con el proyecto hegemónico.

Cuando la carrera judicial se sustituye por competencia electoral, el profesionalismo deja de ser el eje del sistema y la política se convierte en su nuevo filtro de acceso.

Por qué la reforma judicial altera la separación de poderes

Hamilton, en el Federalista No. 78, defendía la independencia judicial porque entendía que el juez debía estar protegido de las pasiones del momento. O’Donnell (1994), al estudiar las democracias delegativas latinoamericanas, mostró que cuando el Ejecutivo se asume intérprete exclusivo del interés nacional, los demás poderes tienden a ser vistos como obstáculos. En ese marco, un Poder Judicial que ya no descansa en trayectorias profesionales independientes sino en un mecanismo de legitimación electoral corre el riesgo de dejar de ser contrapeso y convertirse en engrane del sistema político.

El problema no consiste solamente en que los jueces puedan tener ideas políticas; eso siempre ha ocurrido. El problema es estructural: un diseño que elimina o debilita la carrera judicial profesional, expone la función jurisdiccional a la lógica electoral y crea incentivos para que la supervivencia institucional dependa menos del mérito y más de la alineación. De ahí que numerosos constitucionalistas consideren esta transformación una regresión. No porque la legalidad desaparezca, sino porque deja de operar como límite y puede terminar funcionando como instrumento de consolidación del poder.

En el caso mexicano, esa regresión es especialmente grave porque se da en un sistema presidencial ya tensionado por la concentración partidista. Si a ello se suma un discurso persistente de deslegitimación contra la Suprema Corte y contra los jueces que resisten decisiones del Ejecutivo, la conclusión es clara: el sistema judicial ya no se encuentra en una etapa meramente hipotética de riesgo. Está inmerso en un proceso de reconfiguración política que reduce su capacidad de actuar con autonomía real.

Gasto social, legitimidad y control político

El segundo factor estructural es el uso intensivo del gasto social. Conviene distinguir: la política social es una función legítima y necesaria del Estado. El problema aparece cuando los programas dejan de entenderse como derechos universales y se convierten en el principal vínculo político entre gobierno y ciudadanía. En ese punto, la política social puede mutar en mecanismo de dependencia y lealtad.

En las hegemonías competitivas, el gasto social cumple una doble función. Por un lado, redistribuye recursos y amplía legitimidad. Por otro, fortalece la identificación del bienestar con la continuidad del partido gobernante. La relación entre apoyo público y gratitud política no necesita formularse de manera explícita para producir efectos. Basta con que se normalice culturalmente la idea de que el acceso al beneficio depende de un proyecto político y de que ese proyecto no puede ponerse en riesgo.

México muestra signos de esa dinámica. El aumento sostenido del presupuesto social y la magnitud de su cobertura fortalecen la centralidad política del Ejecutivo. Cuando esa expansión coincide con debilitamiento institucional y polarización, el efecto agregado es claro: la ciudadanía no solo evalúa al gobierno por resultados, sino por la expectativa material que concentra. Eso eleva el costo político de la alternancia y hace más difícil cuestionar al poder sin ser acusado de querer retirar beneficios.

Debilitamiento de órganos autónomos y militarización funcional

La concentración del poder no depende únicamente del sistema judicial. También se alimenta del debilitamiento progresivo de los órganos autónomos y de la ampliación del papel de las fuerzas armadas en tareas civiles. Los órganos reguladores y técnicos existen precisamente para evitar que toda la decisión pública dependa de una sola voluntad política. Cuando se reducen sus presupuestos, se deprecia su legitimidad o se busca subordinarlos a mayorías coyunturales, el Estado pierde capacidades de supervisión independiente.

Algo similar ocurre con la militarización funcional. La creciente participación de las fuerzas armadas en seguridad, infraestructura y administración pública puede presentarse como respuesta pragmática a la incapacidad civil. Pero, desde una perspectiva de diseño institucional, desplaza el centro de gravedad del Estado hacia estructuras jerárquicas y opacas que responden directamente al Ejecutivo. En contextos de predominio partidista, eso fortalece una gobernabilidad vertical y reduce la densidad de los contrapesos civiles.

Polarización, apatía y normalización

La erosión democrática no prospera solo por reformas legales. También necesita una psicología social que la tolere. La polarización política rompe la tolerancia mutua, reduce los incentivos para el acuerdo y convierte toda crítica institucional en traición. Levitsky y Ziblatt (2018) mostraron que sin normas informales de contención, la competencia democrática se degrada rápidamente.

Pero la polarización, por sí sola, no basta. El otro componente es la apatía. Cuando la ciudadanía percibe que nada cambia, que los procesos ya están decididos o que la política es un juego cerrado, disminuye el costo político del abuso. Las reformas que en otro contexto habrían detonado resistencia se normalizan como parte del paisaje.

El peligro para una democracia no es únicamente la concentración del poder, sino la normalización social de esa concentración cuando los contrapesos dejan de actuar.

Interacción sistémica: cómo se cierra el círculo

Estos factores no operan de manera aislada. La elección judicial politiza el arbitraje constitucional. El gasto social fortalece legitimidad y dependencia. El debilitamiento de órganos autónomos reduce supervisión técnica. La militarización concentra capacidades. La polarización deslegitima a quien discrepa. La apatía reduce la probabilidad de reacción. En conjunto, forman una arquitectura de predominio político mucho más sofisticada que una dictadura clásica.

Por eso el concepto útil no es solo autoritarismo, sino hegemonía con apariencia democrática. Se preservan las elecciones, se conserva el lenguaje constitucional y se mantiene la forma institucional. Lo que cambia es el equilibrio real de poder y la capacidad de la sociedad para corregirlo. Esa es la mutación constitucional que hoy debe tomarse en serio en México.

Escenarios 2026–2030

El escenario más probable es el de consolidación gradual de una hegemonía competitiva. En él, las elecciones continúan, pero la cancha se inclina cada vez más. El sistema judicial pierde autonomía efectiva, el gasto social profundiza la lealtad política, la polarización dificulta la coordinación opositora y los órganos de supervisión se debilitan. No habría cierre abrupto del sistema, sino una reducción sostenida de la competencia real.

Un segundo escenario, menos probable pero todavía posible, es el de resiliencia institucional parcial. Este requeriría litigio estratégico exitoso, frenos desde el federalismo, periodismo independiente persistente, presión internacional y redes profesionales capaces de defender estándares técnicos dentro del propio Estado. No restauraría automáticamente el equilibrio previo, pero sí podría impedir que la mutación se convierta en una hegemonía irreversible.

Qué hacer ante esta realidad

La respuesta realista no puede descansar en llamados retóricos a una movilización épica. En sociedades fatigadas, las defensas democráticas eficaces suelen provenir de minorías organizadas. Eso implica, primero, litigio constitucional estratégico para documentar y disputar los excesos del nuevo diseño institucional. Segundo, observatorios ciudadanos sobre el uso del gasto público y sobre la integridad del nuevo sistema judicial. Tercero, protección y fortalecimiento del periodismo independiente. Cuarto, redes profesionales —académicas, jurídicas, empresariales y cívicas— capaces de sostener estándares de información y evidencia frente a la propaganda.

La clave no es solo resistir, sino reconstruir funciones. Defender la independencia judicial no porque beneficie a los jueces, sino porque protege al ciudadano. Vigilar el gasto social no para negar derechos, sino para impedir que se transforme en instrumento de control. Exigir órganos autónomos no por nostalgia tecnocrática, sino porque sin supervisión independiente toda política pública termina subordinada al interés de una sola fuerza.

Conclusión

México no enfrenta un colapso democrático clásico. Enfrenta algo más difícil de ver y, por eso mismo, más peligroso: una mutación constitucional en curso. La elección judicial ya realizada, al romper la lógica de carrera, profesionalismo e independencia, constituye uno de los pasos más delicados de esa transformación. Si el país normaliza que la justicia dependa de incentivos electorales e ideológicos, habrá aceptado que uno de los límites centrales al poder deje de operar como tal.

La democracia no desaparece de un día para otro. Se transforma. Y cuando la transformación se consolida, revertirla exige costos mucho más altos que los que habría requerido su defensa temprana.

Matriz estratégica de riesgo institucional (2026–2030)

Bibliografía:

Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. Journal of Democracy, 27(1), 5–19.

Bánkuti, M., Halmai, G., & Scheppele, K. L. (2012). Hungary’s illiberal turn: Disabling the constitution. Journal of Democracy, 23(3), 138–146.

Corrales, J., & Penfold, M. (2011). Dragon in the tropics: Hugo Chávez and the political economy of revolution in Venezuela. Brookings Institution Press.

Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. Journal of Democracy, 26(1), 141–155.

Geyh, C. G. (2003). Why judicial elections stink. Ohio State Law Journal, 64, 43–79.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown.

O’Donnell, G. (1994). Delegative democracy. Journal of Democracy, 5(1), 55–69.