El objetivo central de los procesos electorales en las democracias contemporáneas es el de contar con un buen gobierno. Es aquí donde el método para optar, escoger o seleccionar entre diferentes opciones adquiere su significado. Por ello, resulta importante para los integrantes de un grupo social coincidir en un mismo significado para el concepto de buen gobierno.
En un sistema democrático el buen gobierno surge con la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Posteriormente se consolida en la medida en que los resultados de la gestión pública de los gobernados coinciden con la naturaleza, las aspiraciones y los intereses de la ciudadanía. En ese sentido, la conducción social de los dirigentes contribuye a la integración, el fortalecimiento y el desarrollo de una comunidad e inspira el trabajo de sus integrantes.
Entonces, ¿cuál sería el contenido de nuestros procesos electorales? o, de forma específica, ¿qué se elige en un proceso electoral? De manera general se trata de dos cosas: la primera, seleccionar entre diferentes posturas, alternativas o vías para transitar de una cierta situación actual a mejores estadios de desarrollo a partir de una idea o una visión aplicable a la comunidad y, la segunda, de seleccionar un liderazgo adecuado para dirigir el camino mediante un proyecto de gobierno. En esto se resumen los dos principales elementos contenidos en las campañas políticas: los candidatos y las propuestas.
En un sistema democrático moderno son los partidos políticos los generadores de estos “insumos” de los procesos electorales. Por ello, en algún momento los partidos han sido identificados como “institutos” políticos. Sin embargo, en los últimos años esto se ha visto gravemente modificado. Los partidos han abandonado poco a poco su papel de diseñadores de vías de desarrollo para alcanzar las aspiraciones y para la satisfacción de las necesidades sociales de la comunidad a partir de un punto de vista de su situación. En contraparte, se han preocupado más por la participación en los procesos electorales sin importar el manejo de sus contenidos. Se han transformado poco a poco en organizaciones integrantes de un “mercado electoral”, ni siquiera político, donde el principal objetivo consiste en obtener la mejor rentabilidad.
Hoy en día es común oír hablar en prácticamente todos los sistemas electorales, por ejemplo, del concepto de “capital político”. Con el tiempo, y al estar ubicados en el mercado electoral, los partidos se han convertido en comerciantes políticos. Ni siquiera en industriales o empresarios políticos, por ello se han vuelto incapaces de generar las propuestas de conducción política. Afortunadamente para ellos, en los mercados también existen técnicas de mercadeo, mercadotecnia, es decir, aplicaciones prácticas de conocimientos para vincular a los oferentes con los demandantes de un mercado determinado. Pero, ¿qué pueden ofertar los partidos políticos en esta nueva situación? Todo aquello susceptible de ser demandado por la ciudadanía. Los partidos políticos han dejado de ser generadores para convertirse en reactivos. Ya no se trata de diseñar propuestas para el desarrollo común de una sociedad, sino de integrar propuestas acordes con las “demandas” de aquellos cuya decisión les permite estar ahí.
Vínculo con la Ciudadanía
Ahora bien, si la ciudadanía es capaz de mantener a los partidos en los mercados políticos, estos desplegarán todo tipo de acciones para satisfacerla. De lo contrario estos tenderán a responder a las aspiraciones y a las demandas de aquellos capaces de sostenerlos dando origen al siguiente cuestionamiento: ¿quién incrementa más y mejor el “capital” político de un partido: la ciudadanía o la simpatía de un grupo corporativo?
Si el objetivo central de la política es vivir en polis, es decir, si la política es el arte de vivir en comunidad, el interés de las instituciones políticas será el de diseñar opciones para el desenvolvimiento social en la unidad de sus integrantes. Pero si el objetivo se ubica en la obtención de la autoridad comunitaria y social para el ejercicio del poder, entonces los partidos pugnarán por ganar y conservar la posición formal de la autoridad para asegurar y acrecentar el ejercicio del poder, entendido este como la capacidad para influir en la voluntad de los otros. En los sistemas políticos actuales la ciudadanía no puede determinar quién se ubicará en la posición de la autoridad y podrá tener el ejercicio formal del poder. Es más fácil para quien se encuentra en la posición de autoridad el conservarla o, para quien ejerce el poder, asegurarlo.
En los últimos años hemos sido testigos de la paulatina desaparición de los institutos políticos debido a que los partidos se han convertido simple y llanamente en organizaciones para obtener el reconocimiento de autoridades formales de la sociedad y pretender entonces el ejercicio del poder. Sin embargo, es importante conservar al menos la formalidad de los procesos políticos que se han visto reducidos a su dimensión electoral. Esto no es nuevo, forma parte de la naturaleza misma de los procesos electorales, la cual, paradójicamente, no es democrática.
Nos dice Etienne Chouard en su curso Le tirage au sort comme bombe politiquement durable contre l’oligarchie dictado en Marsella: “aquellos que concibieron los regímenes actuales…, en Gran Bretaña, Estados Unidos y en Francia, propusieron instituciones que no fueron para nada llamadas democracia, ellos sabían muy bien lo que era la democracia” (2011: 3, 14-20) La evidente incongruencia de los resultados del trabajo de los funcionarios electos ha culminado en la inseguridad y el descontento del grueso de la población. En este trabajo se parte de una disfunción entre la naturaleza de la elección política y la de la democracia, para plantear la siguiente hipótesis: la designación por sorteo podría fortalecer el vínculo entre gobernantes y gobernados.
En los últimos años se ha incrementado en algunos países el empleo de la designación por sorteo con atractivos resultados. En México, por ejemplo, los funcionarios electorales designados por sorteo se encuentran entre los más confiables y reconocidos por los ciudadanos. Ahora bien: ¿podría generalizarse el empleo métodos de selección como éste? O ¿cuáles serían los límites para la incorporación de esta práctica en el funcionamiento de las democracias contemporáneas? En un intento por generar una respuesta, se muestran algunos de los planteamientos más emblemáticos relacionados con esta propuesta para perfilar algunos puntos integrantes de la visión social, a fin de contar con elementos para una adecuada guía y conducción social.
La Democracia Representativa
La democracia representativa contemporánea tiene su origen en la transición política francesa de junio de 1789. Es el momento en el cual el estado general, con base en la participación en la toma de decisiones políticas de la monarquía y del clero, va a dar lugar a la Asamblea Nacional con la incorporación de un “tercer Estado” integrado por diputados representantes de la burguesía y del bajo clero.
En ese momento histórico la palabra democracia no era de las mayormente empleadas, se hablaba más de igualdad. Esto podría ser el reflejo de un interés social dirigido más hacia resolver un problema ontológico, en lugar de uno estructural y metodológico. La libertad se convertirá en una de las tres imágenes simbólicas de la Revolución francesa. Y precisamente uno de los más grandes pensadores de la Revolución francesa, el abate Emmanuel Sieyès, autor de una obra titulada: ¿Qué es el Tercer Estado? Señala en su capítulo tercero titulado “Tercera última petición del Tercer Estado. Que los Estados Generales voten por cabezas y no por órdenes” a los intelectuales y a los escritores como los representantes de los burgueses y los cuales, deberían ocupar el sitio de los notables del Rey (Sieyès, 2011: 29-31). Es decir, un sistema de notables, no necesariamente de la mayoría.
Hoy en día, de acuerdo con la cultura moderna, cuando se habla de democracia en realidad se está haciendo referencia a una idea muy diferente. Nuestros sistemas “democráticos” son en realidad oligarquías crematísticas mejor conocidas como plutocracias, es decir, gobiernos del dinero. Esta situación podría verse como el resultado del trabajo articulado de una serie de actores políticos mal intencionados, corruptos y perversos, lo cual, sin embargo, no es necesariamente así. Más bien se trata del resultado del funcionamiento propio de los procesos electorales, del mecanismo de las instituciones políticas.
Como lo señala Chouard: Es el corazón del sistema democrático el cual, siendo aristocrático no dejamos de llamarlo ‘electoral’. “Elegir consiste en seleccionar, escoger, optar por lo mejor… vemos desde hace miles de años cómo una aristocracia desemboca, se transforma siempre en una oligarquía, es decir en el poder para unos pocos” (2011, loc. cit.).
En el mejor de los casos y aunque esto no fuera así, ha sido difícil para los teóricos y los estudiosos del tema llamar democracia al sistema político basado en los procesos electorales para la selección de representantes de la ciudadanía. Este ha sido el caso, por ejemplo, de Robert Dahl y de la mayoría de los representantes de la escuela norteamericana de ciencia política, sobre todo cuando se propone el concepto de poliarquía para identificar lo mejor posible de los procesos políticos contemporáneos. Estaban seguros de no estar en presencia de la democracia, esta resultaba ser una utopía, al menos en el sentido ateniense de la palabra y no agradaba mucho aceptar el hecho de hablar de sistemas cercanos a la oligarquía.
¿Qué es la poliarquía?
En sentido etimológico significa “muchos gobernantes” y por lo tanto, se opone a oligarquía. En la Ciencia Política contemporánea el término tiene un uso más frecuente y aceptado que remite esencialmente al politólogo norteamericano Robert Dahl, autor de una teoría empírica de la democracia que se enmarca dentro de las corrientes pluralistas. En 1953, R. Dahl y C. E. Lindblom utilizan el término para designar el conjunto de procesos sociales existentes en los sistemas políticos democráticos… Posteriormente R. Dahl publica “A preface to Democratic Theory” (1956), texto donde se plantea el primer esbozo con los rasgos que caracterizan la democracia poliárquica. Esta obra marca un hito en los estudios de Ciencia Política ya que supone la introducción metodológica y afirmación posterior, junto con otros autores norteamericanos como S. M. Lipset y G. Almond, del paradigma sociológico… Con el término poliarquía, R. Dahl denomina una gran variedad de fenómenos, por lo que su contribución teórica ha sido acusada de cierta vaguedad o imprecisión conceptual (Casado, 2016).
Al proponer Robert Dahl el concepto de poliarquía lo determina en torno a siete características o contenidos básicos: primero, a la existencia de cargos electivos para el control de las decisiones políticas; en segundo lugar, al desarrollo de elecciones libres, periódicas e imparciales; tercero a un sufragio inclusivo; en cuarto término, al derecho a ocupar cargos públicos en el gobierno; en quinto lugar, a la libertad de expresión; en sexto sitio a la existencia y protección por ley de una variedad de fuentes de información y; por último, al derecho a constituir asociaciones u organizaciones autónomas, partidos políticos y grupos de intereses (Dahl, 1992: 77-92).
Esta propuesta de Dahl es el resultado de un planteamiento honesto al ver la forma como el funcionamiento de los sistemas políticos no los convierte propiamente en democráticos y es precisamente ahí, en la forma de su funcionamiento donde observa la única posibilidad de un cierto giro democrático. Quizá por eso, ésta sola opción posible lo conduce a renombrar al sistema y por consiguiente a los procesos. Curiosamente, en su propuesta poliárquica no se insiste en formas de igualdad fuera del sufragio inclusivo. Es decir, la existencia de desigualdades y de su consiguiente manifestación en los procesos, parecería inevitable.
Pero si unos cuantos detentan la autoridad formal, esto no es necesariamente el resultado de un accionar perverso negativo o de mala voluntad. Ni tampoco esta situación surge de un proceder particularmente astuto de una mente maquiavélica generadora y ordenadora de esta situación. Es decir, las situaciones observadas no tienen por qué ser producto del vicio de quienes nos gobiernan. Si pudiéramos cambiarlos a todos o eliminarlos, otros ocuparían las posiciones en su lugar y el resultado sería exactamente el mismo. El problema se encuentra en las instituciones. El problema son nuestras instituciones.
A manera de conclusión
Lo anterior parecería ubicar la dificultad en el proceso democrático cuando este debería ser la solución. El problema central está en haber denominado como democrático a un procedimiento de naturaleza aristocrática. Al régimen que origina el problema lo hemos designado con el nombre de la solución.
En éste momento, particularmente en México, donde se analiza la posibilidad de transformar el sistema democrático –de naturaleza aristocrático- ¿hacia dónde se inclina la balanza?: hacia un esfuerzo por mejorar el sistema mediante procesos abiertos a la participación ciudadana en las decisiones públicas o; a la búsqueda de alternativas para conservar a grupos oligárquicos gobernantes, aunque cambien sus integrantes.
