La tarea fundamental del estado es proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo social y económico de su población. Dos son las premisas: Justicia y paz.
La justicia en sus dos vertientes: distributiva y conmutativa, en otras palabras, el desarrollo social se finca en un marco normativo que permite la libertad para educar, dedicarse a la actividad económica legalmente permitida, por la cual se recibe un salario digno y prestaciones justas; libre asociación para un sano desarrollo, instituciones de salud que brinden un servicio médico eficaz y un sistema de procuración de justicia que le de a cada quien lo que le corresponde, ajeno a corrupción e impunidad.
Por otro lado, la paz, entendida como la tranquilidad dentro del orden, es condición indispensable para el desarrollo social y económico.
Es obvio que, en gran parte del territorio nacional, estas dos premisas no se viven de manera satisfactoria.
Como ejemplo, podemos tomar las noticias de primera plana que se publicaron en el periódico Reforma, los días del 10, al 13 de julio del 2023, cuyos encabezados, señalamos a continuación:
* 10 de julio: Paraliza violencia a Chilpancingo; acumula la ciudad de México 4,461 desaparecidos (hace gobierno local recuento del sexenio)
*11 de julio: Cerca crimen Toluca; En Chilpancingo, exigen liberar capos, desafían bloquean y toman rehenes, plagian pobladores a policías y roban camión blindado (doblaron a la Guardia Nacional); apoyan a “los ardillos”.
* 12 de julio: en Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Michoacán, movilizan comunidades para enfrentar a fuerzas policiacas. Presiona crimen con base social; Atentan con explosivos en Tlajomulco Jal.
*13 de julio: aumenta crimen en letalidad con atentados. Escalan los ataques con narco-bombas; Tras atentado en Tlajomulco Jal. Ni pistas ni detenidos.
Esta es una muestra de los acontecimientos en el lapso de cuatro días seguidos. La realidad supera cualquier historia de terror.
A todo esto, el presidente López Obrador dice hasta el cansancio que la estrategia contra la inseguridad es la correcta; que la situación actual es el producto de las políticas aplicadas en los tres sexenios previos. Que él está atacando el problema de raíz con las becas para los jóvenes para que sigan estudiando y, de esta forma, alejarlos de las redes del crimen organizado.
Su estrategia de seguridad se ha apoyado en la integración de la Guardia Nacional, que a la fecha reporta 128,000 efectivos distribuidos en 295 cuarteles en todo el país. A diario, antes de la conferencia matutina, hay reunión con el gabinete de seguridad. Pero los malos resultados están a la vista.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sexenio de López Obrador, ha superado los 156,066 casos de homicidio del sexenio de Peña Nieto, y ya para 2022, había superado las 120, 463 víctimas del sexenio de Felipe Calderón; esto posiciona al sexenio actual como el más violento de la historia moderna de México.
Estos son los datos duros, que no permiten ofrecer “otros datos”.
Este gobierno, por omisión o contubernio con las organizaciones criminales, o tal vez ambas, ha cedido muchas regiones a esos grupos; ellos ponen y quitan autoridades, controlan las actividades económicas con el cobro de derecho de piso, extorsiones, amenazas, apropiación indebida de bienes, desplazan a los que se les oponen y utilizan a la población como presión social contra las autoridades estatales y federales.
En resumen, en muchas zonas del territorio nacional, ya no se vive en un estado de derecho y, a este paso, nos encaminamos a un estado fallido.
La seguridad pública, debe ser el tema principal de los aspirantes a la presidencia de la república en las elecciones de 2024. Se requiere una propuesta de gobierno bien pensada y sólida para enfrentar el problema más grave que padecemos.
En este punto debemos construir los ciudadanos un frente para exigir un cambio de estrategia, que ha probado ser ineficaz e irresponsable.
