Las elecciones del 2024 fueron las más importantes del último medio siglo: sellaron el cambio de época, sepultaron la transición y pavimentaron el camino al retroceso autoritario que hoy ya es plena realidad, aunque en ocasiones la inercia de los 40 años anteriores nos gane en el pensamiento durante un instante de nostalgia que se evapora poco después.
Sin embargo, aunque ahora sean más simbólicas que reales, las elecciones no se han terminado. Este año el país vivirá 3 procesos electorales, dos locales y uno inédito a nivel federal.
En Veracruz se renovarán 212 presidencias municipales. Tras arrasar en Veracruz durante el 2024 y sumar en los últimos meses el apoyo de parte de los Yunes, Morena tiene la oportunidad de evaporar a sus rivales y consolidarse un dominio absoluto en el estado.
Para tenerlo en el radar, en las elecciones municipales de 2021, PRI, PAN y PRD sumaron 61 municipios y más del 33% de los votos. En las presidenciales de 2024 apenas obtuvieron 23%. Ahora, la única duda es qué tan grave será el desplome opositor.
En Durango se renovarán 39 presidencias municipales. Es un proceso clave, ya que Durango es uno de los únicos dos estados que siguen -al menos en el papel- gobernados por el PRI; en las elecciones municipales del 2022, los partidos de la transición (PRI, PAN Y PRD) ganaron 20 de los 39 municipios y sumaron casi el 51.5% de los votos. Sin embargo, ya para las presidenciales de 2024 esos mismos partidos obtuvieron tan solo un 32.1%.
Esta elección es clave para la sobrevivencia del Revolucionario Institucional. Si Morena los evapora drásticamente, quedará claro que el estado ya fue negociado y el PRI entrará en fase terminal muy similar a la que vivió el PRD entre 2018 y 2024. Por el contrario, si el PRI logra sostenerse sobre sus dos pies, enviará una señal de calma e incluso de relativa esperanza a la militancia del resto del país, al menos en cuanto a la posibilidad de seguir siendo electoralmente viables y aparecer en las boletas presidenciales del 2030.
La tercera elección, es la del Poder Judicial. En este primer bloque se elegirá a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (es decir, toda la SCJN), además de 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de Distrito, así como a los 5 magistrados del debutante Tribunal de Disciplina Judicial.
La elección en sí misma es -al mismo tiempo- un gran triunfo político y una prueba de fuego para el régimen, específicamente en cuanto a la capacidad de movilización de voto de sus operadores, en una elección donde Obrador ya no solo quedó fuera de la boleta, sino que está oficialmente “retirado”.
El proceso pinta para ser una pesadilla logística. El INE no tendrá los recursos necesarios para organizar la elección, e incluso si los tuviera, la cantidad de cargos que elegirá cada votante es mucho más elevada de cualquier cosa vista antes en México. Por ello, las boletas que está diseñando el INE son (inevitablemente, dadas las características de la elección) muy confusas para los electores, y lo serán aun más para los escrutadores. Votar será difícil, contar los votos será un caos.
La pregunta clave es: ¿Qué tanto participará la gente?
Para hacernos una idea, y toda proporción guardada, podemos considerar como antecedentes los referéndums impulsados por el presidente López:
- 1 millón votaron en 2018 respecto a la construcción del aeropuerto.
- 6.6 millones votaron en 2021 sobre el juicio a expresidentes.
- 16.5 millones votaron en 2022 sobre la revocación de mandato.
Considerando estos números, además del clima político nacional, la ampliada capacidad de operación oficialista y la complejidad extra de votar en boletas sin logos y con multitud de candidatos, es razonable esperar entre 15 y 25 millones de votantes para la elección judicial. Más de 20 millones serían un éxito rotundo para el oficialismo. Menos de 10 millones serían una señal preocupante respecto a sus redes locales. Por lo pronto, la maquinaria está en marcha.
