Mucho se habla del “interés superior del menor”. La autoridad anuncia con bombo y platillo las legislaciones en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, lo cual es un acierto. Sin embargo, esto debe traducirse en acciones que hagan realidad el bienestar de los menores, pues de lo contrario quedará en el discurso como sucede en reiteradas ocasiones.
Al respecto de los albergues infantiles algunos medios de comunicación han evidenciado graves violaciones a los derechos de los menores institucionalizados dejando al descubierto la vulnerabilidad de los pequeños y la falta de capacidad de las autoridades para atenderlos.
La falta de información precisa sobre el número y ubicación de niños atendidos en albergues infantiles, el bajo presupuesto que se otorga a estas Instituciones, como la poca regulación respecto a la operación de los mismos, pone en riesgo a los menores y violenta el principio del interés superior del menor, el cual se entiende como el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
Además de las legislaciones locales, la internacional cuenta con instrumentos que pueden servir de eje a los gobiernos para establecer planes y acciones concretas que favorezcan el desarrollo de los menores, como la resolución 64/142 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de febrero del 2010, mediante la que reafirmó la Convención sobre los Derechos del Niño y aprobó los lineamientos sobre las diversas modalidades de cuidado alternativo de los menores privados del cuidado parental, además de incluir acciones preventivas y evitar la separación familiar.
También encontramos la resolución 41/85 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1986, que establece la prioridad del cuidado de los padres, la subsidiaridad de las instituciones como una opción de cuidado fuera del hogar, así como las condiciones generales en las que debe tener lugar la colocación en hogares de guarda.
Algunos otros documentos relativos a la protección de los menores son el convenio de la Haya de 1993.
A pesar de la existencia de normas que permitan el cuidado y la protección de los menores, en lo operativo falta mucho por trabajar, sobre todo en la vigilancia y seguimiento del desarrollo integral de los infantes institucionalizados. Trabajar no solo desde una perspectiva asistencialista (proveer de alimento y un techo) sino de verdadero desarrollo en todos los sentidos.
Al respecto de este tema será importante trabajar en la cultura de la adopción. De acuerdo con el INEGI, en 2002, 30 mil niñas, niños y adolescentes esperaban de ser adoptados, sin embargo, muchos de ellos fueron descalificados por las propias familias con interés de adopción, por sus edad, género o capacidades físicas o psicológicas.
Este proceso de adopción debe de tratarse con mayor profundidad, si bien muchas familias se quedan atrapadas en los largos y complicados procesos burocráticos limitados a demostrar su capacidad patrimonial, agilizar el trámite no resolverá de fondo los problemas, pues justo no se trata de solo un “trámite” sino de un acompañamiento de acogida que tiene muchas más implicaciones. Aquí es donde la autoridad debe de garantizar las condiciones ideales para estos procesos, facilitando los mecanismos para impulsar el derecho de los menores a tener una familia.
Muchas veces, como sociedad pensamos que los menores separados de sus vínculos familiares no son responsabilidad de nadie o que el Estado ha cumplido su parte con sólo proveer de alimentos, y pocas veces nos hacemos responsables solidarios.
Trabajar en la cultura de la adopción y hacer una labor integral con las familias para que se perfilen como espacios seguros para estos menores será la oportunidad para acoger a un pequeño que necesita un hogar y el amor familiar.
Insisto en los entornos de las casas de asistencia que resguardan a los menores porque, desafortunadamente, mucho de los niños no tendrán la posibilidad de integrarse a una familia por medio de la adopción o a los mecanismos de acogida temporal. Es por ello que estos espacios deben de generar entornos seguros en donde los responsables y cuidadores estén altamente capacitados para acompañar la crianza de los menores, haciendo de estos espacios -en la medida de lo posible- un entorno lo más cercano a lo familiar y que sea el soporte de estos pequeños que han sido vulnerados.
Aun queda mucho por hacer para contribuir a solventar la deuda que tenemos con estos menores, quienes en su corta existencia pasan por procesos dolorosos, por lo que requieren del cuidado y acompañamiento amoroso para salir adelante.
Como lo expresó el Papa Francisco en la Carta Apostólica Patris corde “Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él”
Hagamos pues de este mundo un lugar menos frío y más humano.
