El rol del juez en el Estado constitucional es el de guardián de la Constitución y garante de los Derechos Humanos; no es el de agente contestatario o crítico solo por el hecho de serlo, sino el de auténtico defensor de un orden en el que la política esté al servicio de los ciudadanos y no al contrario. Esto solo es posible mediante el sostenimiento y fortalecimiento de la independencia judicial frente al poder político en turno.