Vivimos la vorágine de batallas ideológicas que multiplican sus trincheras: tribunales, plazas, espacios de poder, escuelas, medios digitales y lo más trascendente, la cultura. Es ahí donde realmente se decide el rumbo
de la humanidad. Es ahí donde está la confrontación de nuestra era.

El progresismo, lejos de desmontar dogmas, crea los propios y los impone a cualquier costo, pero ¿en qué creen los progresistas?

La anticoncepción, el asistencialismo y la eutanasia, males que dañan al ser humano y corroen la democracia, tienen una misma génesis: el relativismo ético.

La Ciudad de Buenos Aires se ha convertido semanalmente en un verdadero caos de tránsito y violencia por las
manifestaciones callejeras, cuya causa no es la pobreza sino las diferentes ideologías que les prometen falsas redenciones y utópicos paraísos “justicieros».

Amar la vida, protegerla y desarrollarla, es una exigencia personal y social, que se realiza en el día a día en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la vida económica, la cultura y la política. De ahí que la cultura de la vida requiera de un desarrollo integral y solidario en el cual participamos todos. Particularmente, los dirigentes sociales y políticos son responsables de la promoción y organización de los esfuerzos a favor del bien común.

La defensa de la vida tendrá en Estados Unidos una prueba en la primavera cuando la Corte resuelva si “Roe vs Wade” se mantiene como ley federal; mientras en Argentina llaman a resistir la cultura de la muerte y en México la economía requerirá de cambios estructurales para salir del estancamiento populista.

La dignidad humana se funda en la conciencia y ella impulsa a la perfección del hombre en cuanto hombre, por ello cualquier coacción, aunque tenga forma de ley es una violación de lo más profundo del hombre y en esta situación el afectado legitíma su derecho y su deber a resistir.

La ley, sin duda, es un instrumento necesario y eficaz para hacer justicia. Pero no cualquier ley. El ordenamiento jurídico requiere, también, ser justo. Y para ser justo no resulta suficiente que sea elaborada y aplicada por quien tiene facultad de hacerlo, sino que en sus términos y en su finalidad busque el bien de las personas de manera equilibrada y por igual para todos. La ley justa no lo es porque sea aprobada por una mayoría de legisladores en un Congreso.

Cuando la democracia logró su auge luego de la caída del totalitarismo soviético, el mundo creyó estar cerca de la «tierra prometida», pero la democracia no termina de ser comprendida en su sentido más amplio como la posibilidad de aportar al bien. Aunado a ello, el ejercicio de la política, incluso en países democráticos, ha olvidado su propósito: el Bien Común.

La izquierda socialista se ha instalado en varios países, y a pesar de los nuevos fracasos, más animados por resentimientos que por la razón, los electores van dando el triunfo a quienes ondean las mismas propuestas fracasadas una y otra vez.